ATENCIÓN A Menores Extranjeros No Acompañados

Rementeria reclama al Gobierno español “cupos” por comunidades para los menores extranjeros

El plan de inspección detectó una veintena de incidencias en centros de MENA, sobre todo por “sobreocupación”

Miércoles, 23 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

El diputado general, Unai Rementeria, y la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ofrecieron los resultados del plan.

El diputado general, Unai Rementeria, y la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ofrecieron los resultados del plan. (P. Viñas)

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El diputado general, Unai Rementeria, y la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ofrecieron los resultados del plan.

Bilbao- El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, exigió ayer al Gobierno español que establezca un sistema de cupos por comunidades para la atención a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que llegan al Estado, después de que el lunes un informe de Save the Children recogiese que uno de cada diez de estos jóvenes recala en Euskadi. “Tiene que adoptar las medidas necesarias para hacer una justa distribución de estas personas en toda la geografía”, requirió.

El informe de la ONG reveló que la llegada de menores inmigrantes tutelados en Euskadi creció un 70% en el último año, pasando de 404 a 695, lo que le convierte en el cuarto territorio de referencia para estos jóvenes, solo por detrás de Andalucía, Ceuta y Melilla. De ellos, aproximadamente 400 viven en Bizkaia.

Preguntado por este estudio, con datos “objetivos que salen del Ministerio de Defensa”, Rementeria recordó ayer que Bizkaia “cumple y vamos a cumplir con la normativa”, dando la protección que necesitan estos jóvenes. “¿Otros qué hacen? No sé. Para eso están informes como este de Save the Children”, planteó.

El diputado general de Bizkaia recordó que el Gobierno español tiene “competencia exclusiva en materia de inmigración”, por lo que volvió a lanzar un requerimiento para que regule de alguna forma la cantidad de menores extranjeros que llega a cada comunidad. “Exigimos que adopte un sistema de cupos o cualquier otra decisión”, incidió.

Precisamente, en el plan de inspección de ayudas y servicios sociales presentado ayer están incluidos los centros en los que se atiende a estos jóvenes. De hecho, de las 42 incidencias registradas en los distintos centros de servicios sociales, una veintena se dio en este tipo de infraestructuras, frente a las diez en residencias, cuatro en viviendas comunitarias, otras tantas en centros de día y tres en apartamentos tutelados. Aunque no se han detectado problemas en la atención a las personas usuarias, sí ha habido algunos incumplimientos en lo relativo a la normativa reguladora.

La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, destacó que el cuidado a estos menores extranjeros se realiza “de manera adecuada” y las incidencias responden a situaciones de “sobreocupación”, por el “crecimiento intenso y no previsible de la demanda, concentrado sobre todo en la segunda mitad del ejercicio”. La responsable foral recordó que la Diputación ha abierto siete nuevos centros para estos jóvenes en los últimos meses. “Aun así, la demanda es intensa y constante”, incidió.

En el resto de recursos, las incidencias más comunes son el incumplimiento de reuniones periódicas con el personal (10), la inexistencia de una programación de actividades (6) e incumplimientos en la preparación de medicaciones (2). Además, en viviendas comunitarias se detectaron un caso de falta de limpieza y otro de problemas de mantenimiento, mientras que en apartamentos tutelados se registró un incumplimiento de la capacidad máxima en una de las viviendas. En los centros de mujeres víctimas de malos tratos no se detectó ninguna irregularidad.

En todos estos casos se abre un expediente al centro y, dependiendo de la gravedad y de la reincidencia de la irregularidad, se establecen sanciones que llegan a los 8.000 euros. A lo largo del año pasado, se interpusieron 30 amonestaciones y 32 multas, que alcanzaron un importe de 43.626 euros. Se trata de expedientes del mismo año 2017 pero también de ejercicios anteriores, “ya que el procedimiento es garantista y permite la formulación de alegaciones hasta la resolución definitiva”, explicó la diputada. - A. Atxutegi


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