pagos indebidos de prestaciones sociales

El fraude en las ayudas sociales se reduce a un 1,2% en Bizkaia

La Diputación recupera 1,4 millones de euros de pagos indebidos, que considera “mínimos”

Aitziber Atxutegi - Miércoles, 23 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

El plan foral ha revisado de forma “exhaustiva” los servicios y prestaciones sociales.

El plan foral ha revisado de forma “exhaustiva” los servicios y prestaciones sociales. (Pablo Viñas)

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El plan foral ha revisado de forma “exhaustiva” los servicios y prestaciones sociales.

Bilbao- La Diputación ha destapado y recuperado 1,4 millones de euros en pagos indebidos de prestaciones sociales, un porcentaje que consideran “mínimo” enmarcado en los 115,6 millones que se conceden tanto a particulares como a entidades y asociaciones. Con estas cifras, el fraude en este tipo de ayudas se sitúa en el territorio en el 1,2%. “Los servicios sociales de Bizkaia funcionan muy bien. El 99% del dinero público está bien destinado y ese 1% se reclama y se recupera”, valoró el diputado general, Unai Rementeria, que añadió que, por pequeña que sea esa cifra, “vamos a ser implacables e impedir que nadie engañe al resto de la sociedad”.

Hace ocho meses, la Diputación puso en marcha un plan de inspección y control de servicios y prestaciones sociales, para verificar de forma exhaustiva tanto las ayudas económicas que se conceden a las personas que lo necesitan como el cuidado y la atención que reciben en los centros y domicilios. “Bizkaia es una sociedad solidaria pero también demanda a las instituciones un mayor control de las ayudas sociales;que ese dinero ayude a quien realmente lo necesita”, recordó el diputado general. Este plan, añadió, “mejora la eficacia y la calidad de nuestros servicios sociales. Esto hace más fuerte nuestro sistema de protección social”.

A lo largo de estos primeros meses de puesta en marcha, se han llevado a cabo casi 30.000 actuaciones: se han comprobado 23.785 prestaciones e inspeccionado 3.050 centros y 2.183 hogares. Como resultado, se han detectado irregularidades en el cobro de 1,4 millones de euros de prestaciones y subvenciones, que representan el 1,2% del total de ayudas concedidas tanto a particulares como a entidades (115,6 millones) y se han comprobado incidencias en 31 centros de servicios sociales, sobre una red de 339 infraestructuras. Además, en el caso de los cuidados a las personas en el hogar, de las 2.138 familias visitadas, se han constatado 54 incidentes.

En relación a las ayudas económicas, se ha revisado tanto que las personas beneficiarias cumplan con los requisitos para recibirlas como que se destinen a un uso adecuado. En total, se han comprobado 23.785 prestaciones, entre ellas las que se destinan a cuidados en el entorno familiar, a la inserción social o para la asistencia personal. De los 91,3 millones de euros concedidos entre las prestaciones de discapacidad y dependencia, la Diputación ha reclamado 1,4.

“El fraude es mínimo”Un total de 7.449 de las prestaciones revisadas han sido de discapacidad y 15.725, de dependencia. “El fraude es mínimo”, destacó Rementeria, quien añadió que, en la mayoría de los cobros indebidos “no hay, a priori, una intención de engañar”, ya que se debe sobre todo “a cambios en la situación de los beneficiarios que no han sido comunicados”. La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, enumeró algunos ejemplos de estos incumplimientos en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar: el traslado de las familias a otras comunidades sin haberlo comunicado a la Diputación y casos en los que no se ha acreditado que siga existiendo convivencia entre la persona en situación de dependencia y la cuidadora. En otros 23 casos no se ha podido contactar con las familias, por lo que se ha suspendido de forma cautelar la ayuda.

Finalmente, a través la revisión de convenios y subvenciones a entidades y asociaciones, se han verificado prestaciones por 24,3 millones, con un fraude detectado de 44.847 euros. Apenas un 0,2% del importe concedido en todo el año. En algunas ocasiones, este dinero ha regresado a las arcas públicas “a instancia de las propias entidades o personas beneficiarias”, destacó Sánchez Robles.

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