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GOVERN CATALÁN

“Tienen sus derechos políticos intactos”, replica el president

Torra reitera su oferta de diálogo a Rajoy e insiste en que los decretos deben ser publicados

I. Santamaría - Lunes, 21 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Quim Torra (d), acompañado por el presidente del Parlament, Roger Torrent (i), toma posesión de su cargo como presidente de la Generalitat

Quim Torra (d), acompañado por el presidente del Parlament, Roger Torrent (i), toma posesión de su cargo como presidente de la Generalitat (EFE)

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Quim Torra (d), acompañado por el presidente del Parlament, Roger Torrent (i), toma posesión de su cargo como presidente de la Generalitat

BILBAO- Quim Torra reivindicó ayer que “el principio de restitución era un principio esencial” para nombrar a los consellers destituidos -Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig-, quienes a su juicio “tienen sus derechos políticos intactos”, advirtiendo de que si Mariano Rajoy no publica sus nombramientos en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) “se tomarán las medidas que sean necesarias para defender la autonomía del Govern”. En una entrevista en El Punt Avui, el president describió el Ejecutivo configurado como “fuertísimo”, como estima que necesita Catalunya, y reiterando que se adoptarán decisiones en contacto siempre con su predecesor, Carles Puigdemont.

Torra reseñó que, pese a las intenciones del Gobierno español, su propósito pasa por emprender un diálogo “sin condiciones”. “No quiero renunciar a hablar. Tenemos que hablar las veces que haga falta, esto no puede durar ni un minuto más, es una crisis catalana y europea”, sentenció.

Asimismo, en declaraciones ayer por la terde, y tras reiterar su oferta de diálogo, el president insistió en que no puede ni “imaginar que el Gobirno español incumpla la ley”. “Espero que mañana se publiquen los dos decretos. No puede ser de otra manera. El presidente de la Generalitat tiene la facultad de nombrar a los consellers y espero que el Gobierno lo respete”.

envía un informe a europaTorra anunció además que mañana enviará a los jefes de Estado europeos un informe sobre la situación en la que se encuentra Catalunya “con presos políticos, con exiliados, con los que están en libertad en Bélgica, en la cárcel de Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco”. En este sentido, afirmó que les pedirá “su complicidad, su comprensión y su diálogo”, y que se pondrá a su disposición para hablar y hallar una solución política. Según su prisma, en Europa no entienden por qué hay políticos encarcelados sin que se haya producido el juicio y mantuvo su confianza en que las peticiones de extradición no prosperarán. “En Europa caerán todas las extradiciones, esta partida judicialmente está ganada porque no se aguanta”, argumentó Torra, augurando que el Estado español “se encontrará un rechazo a esta judicialización de la política inmensa”.

En este escenario, los nuevos consellers de Cultura y Salut, Lluís Puig y Toni Comín, aseveraron que dimitirán si creen que no pueden ejercer su cargo de manera efectiva desde Bélgica. “Creo que todos nosotros seríamos los primeros en dimitir si, después de una semana, viéramos que no podemos cumplir”, avisó Puig en una entrevista en TV3. Para Comín, el nuevo Govern no puede instalarse “en la desobediencia sistemática”, pero exigió que se recuperen las leyes de la legislatura anterior suspendidas por el Tribunal Constitucional. Por su lado, la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, también en suelo belga, vaticinó que el Supremo presentará una nueva euroorden para extraditarlos.

Tras el anuncio del tripartito constitucionalista de querer prolongar el artículo 155, los llamados a ser consellers de Presidència y Territorio, Jordi Turull y Josep Rull, alertaron de que si el Gobierno español no publica su nombramiento en el DOGC será un acto de “prevaricación”. “¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad”, reivindicó Rull.

El abogado de ambos, Jordi Pina, no confía en que el juez del Supremo Pablo Llarena les deje en libertad “porque ya me ha demostrado en otros casos que el respeto al artículo 25 del convenio europeo de Derechos Humanos no es su fuerte”.

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