Colaboración

El sentido social de las penas

Por Joseba Iñaki Sobrino - Sábado, 19 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

PARAqué se sanciona a los autores de los delitos ? El propósito del Derecho Penal ha hecho correr ríos de tinta en la literatura jurídica. No pretendo aburrirles (más de lo habitual) así que incurriré en una simplificación un tanto grosera en mi respuesta a la pregunta;se trata por un lado de retribuir, por razones que han ido sucesivamente teniendo un trasfondo primariamente religioso y luego más bien ético y jurídico, el daño causado injustamente, y de prevenir, por otro, la reproducción de un daño semejante por el propio responsable o por cualquier otro, refrendando la seriedad de la amenaza punitiva legal, (decía Beccaria que no intimida tanto la dureza de la pena cuanto la certeza de su aplicación) y evitando en particular que cualquier delincuente vuelva a reincidir. La conclusión a la que quiero llegar con esta introducción es la de que la pena tiene un fin básicamente social, que sirve a la sociedad y a lo que podríamos llamar convivencia civilizada.

Si es este uno de sus propósitos fundamentales, no cabe duda de que las circunstancias concretas de la sociedad a la que debe servir deben ser siempre tenidas en cuenta. Contra lo que algunos parecen pensar, esta obligación no afecta solo al legislador que elabora las normas jurídicas, sino que el Código Civil se la impone a cualquier intérprete de las mismas (a los jueces particularmente), las normas se interpretarán, nos dice su artículo 3.1 según “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.

Por decirlo de otro modo, la Justicia lo es aquí y ahora y quizá lo que antes era justo en otras circunstancias, haya dejado de serlo en estas concretas y singulares. Ya se imaginarán que estoy sintiendo la llamada de La Manada. Y que pretendo sostener la tesis de que entender que una adolescente no se siente intimidada en un espacio oscuro, oculto y reducido, en presencia de cinco muchachotes (por evitar epítetos) de complexión fornida y propósito sexual manifiesto (incluso suponiendo que no conociese ni intuyese la formación militar de algunos de ellos) es suponerle una afición al sexo que no he oído alegada ni siquiera por las defensas.

Una construcción jurisprudencial artificiosa (en la medida en que no está explícita en la norma) que solo aprecie intimidación si se dan determinadas circunstancias tasadas no puede imponerse sobre la convicción que debería tener cualquier magistrado de que solo por intimidación puede conseguirse dejar a una mujer en las condiciones probadas en que quedó esta víctima.

Un juez o es libre e independiente a la hora de decidir, o será rehén de quien mayores posibilidades tenga de sancionarle (seguramente quien más chille o tenga altavoces más potentes)

Pero esta es solo una parte de la reflexión. La otra va más allá.

El sentido social de la pena no puede convertir al operador jurídico en un surfista que cabalga la ola ciudadana y que la sube y baja (procurando no caerse) en el fugaz periodo en que transita a su lado a toda pastilla. No se puede interpretar al albur de la “alarma social”, como no se debería modificar norma general alguna (y eso es una ley) con ocasión de algún caso más o menos alarmante o llamativo. Si el jurista hace bien su trabajo, y sin perjuicio de la mejorabilidad de cualquier norma, (en algunos casos del amplio margen con que se cuenta para ello) el Derecho proporciona casi siempre herramientas suficientes para resolver sin ser injusto.

Pero, y debo agradecer la imagen a J. Vitoria, el jurista debe ser un buen submarinista que descienda a las profundidades y sepa servir a la sociedad, encontrando el acaso profundamente oculto tesoro de la satisfacción adecuada a su anhelo de Justicia.

Sin vulnerar la obligación de dar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (evolutiva, no lo olvidemos) el valor complementario del Ordenamiento que las leyes le atribuyen, (artículo 1.6 del Código Civil), el jurista debe responder a un supuesto de hecho concreto y singular, (“resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes” en el caso de los jueces) y debe hacerlo dándole a la sociedad una respuesta que pueda entender y que no repugne el general sentido común de lo que es justo o injusto.

Si sancionamos la intimidación que obliga a las personas a actuar de modo contrario a sus deseos cuando es ilegítima y no tiene por fuente la norma jurídica aprobada por nuestros representantes, no tiene sentido, por finalizar aquí la reflexión poniendo un contrapunto, que pretendamos sancionar (nada menos que con la inhabilitación que ha pedido ya más de un millón de irreflexivos) a cualquier juez que se equivoque o no falle según nuestros deseos. O es libre e independiente a la hora de decidir, o será rehén de quien mayores posibilidades tenga de sancionarle (seguramente quien más chille o tenga altavoces más potentes).

Pedir héroes dispuestos a jugarse su futuro resolviendo conforme a su verdadera convicción podremos hacerlo, pero en esas circunstancias encontrarlos será poco probable. O es libre el juez o será el más poderoso el que haga “justicia”. Por llamar de alguna manera a lo que habrá dejado de ser tal. Y que habremos perdido todos.* Analista

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