Sobre el Plan Especial de Renovación Urbana

El TSJPV da la razón a Basauri y avala la legalidad de celebrar una consulta ciudadana sin permiso estatal

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Basauri sobre la legalidad de la primera convocatoria de consulta ciudadana sobre el Plan Especial de Renovación Urbana (PERU) de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe al estimar su recurso, revocar la sentencia a favor de Abogacía del Estado y desestimar el recurso de la administración estatal.

DEIA.EUS - Miércoles, 16 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 11:58h

Imagen del Ayuntamiento de Basauri.

Imagen del Ayuntamiento de Basauri (Foto: I. Ugarte)

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Imagen del Ayuntamiento de Basauri.

La sentencia, según los servicios jurídicos municipales, refuerza la autonomía municipal en una cuestión de calado, sobre la cual no existían precedentes en Euskadi y con la que “el Ayuntamiento de Basauri ha sentado precedente al respecto”.

BILBAO. El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial porque “siempre hemos mantenido que la consulta que suspendieron estaba plenamente amparada por el marco normativo vigente, la legislación autonómica, no colisionaba con competencias estatales, por eso decidimos continuar con el proceso judicial defendiendo la autonomía municipal y recurrimos, y los tribunales nos han dado la razón avalando la forma de proceder del Ayuntamiento”.

En julio de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Basauri acordó convocar una consulta ciudadana abierta sobre el plan de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe coincidiendo con la celebración de las cercanas elecciones al Parlamento Vasco (25 de septiembre), conforme al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), que no requería autorización del Estado. Dicha consulta no pudo celebrarse en la fecha prevista al ser impugnada por la Administración del Estado, que solicitó la suspensión cautelar del acuerdo impugnado, petición que le fue concedida por el Juzgado de Instancia.

Esta resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Basauri pero, dado que el recurso de apelación municipal no producía efectos suspensivos, el equipo de gobierno decidió acatar la decisión impugnada. Posteriormente, planteó nuevamente la realización de la consulta ciudadana previa solicitud de autorización al Gobierno del Estado y se celebró finalmente el 17 de diciembre de 2017.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Basauri mantuvo el pleito principal, considerando que no había perdido objeto ya que estaba en juego la autonomía municipal y debía defenderla. El julio de 2017 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao estimó el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, anulando la convocatoria de consulta de 2016 y el posterior decreto de organización de la misma, al compartir la tesis de la Administración General del Estado por la que cualquier llamamiento al cuerpo electoral requería inexcusablemente de la previa autorización del Consejo de Ministros.

El Ayuntamiento de Basauri recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco argumentando que se podía aprobar la celebración de consultas ciudadanas abiertas sin precisar, en todo caso, recabar la previa autorización del Consejo de Ministros.

El TSJPV, en sentencia notificada ayer día 15 de mayo, estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Basauri, revoca la sentencia de instancia, desestimando el recurso interpuesto en su día por la Abogacía del Estado contra las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y, por consiguiente, confirma la legalidad de de los actos municipales impugnados.

La sentencia, que supone un espaldarazo a la autonomía municipal y sienta precedente al respecto u confirma la viabilidad de la modalidad de consulta ciudadana.

Así, se avala que “las consultas populares” sobre asuntos de competencia municipal y de especial relevancia para toda la comunidad vecinal por igual son las que requerirían autorización del Consejo de Ministros mientras que las “consultas ciudadanas” sobre asuntos de especial relevancia que, sin tratar de temas que afecten solo a una parte de la ciudadanía sí entrañan una afección diferenciada en la comunidad vecinal, de intensidad variable en función de la materia o del territorio –como era el caso del PERU, pues era evidente que la afección era mayor dentro de su ámbito de aplicación o en zonas adyacentes - no requerirán autorización del Estado, pudiendo ser acordadas por el Ayuntamiento por mayoría simple.

La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, o incluso ante una sala especial del propio TSJV del País Vasco (en función de si lo que se considera infringido es normativa estatal o autonómica, respectivamente).

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