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Acuerdos presupuestarios y pensiones

Por Andoni Pérez Ayala - Lunes, 14 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

LA tramitación que está teniendo lugar estos días de la ley de Presupuestos es una muestra muy ilustrativa de la anomalía política e institucional en la que estamos instalados durante estos últimos años. A diferencia de todas las demás leyes, que no tienen preestablecido el periodo temporal de su discusión en las Cámaras, la ley de Presupuestos tiene predeterminados los plazos de su tramitación parlamentaria. Se trata de una práctica presupuestaria que es común a todos los países de nuestro entorno, en los que el debate sobre la ley de Presupuestos tiene lugar en los meses de otoño, antes de su aprobación en los días finales de cada año. En nuestro caso, además, esta práctica parlamentaria se encuentra reforzada por una previsión constitucional expresa (art. 134).

Resulta obvio que este año no se van a cumplir las previsiones constitucionales en materia presupuestaria (estamos discutiendo en el quinto mes del año lo que teníamos que haber discutido en los tres últimos meses del año anterior). De todas formas, lo que interesa reseñar es que las previsiones constitucionales no se han incumplido una vez, de forma excepcional, lo que puede ser comprensible, sino que esta situación se viene (re)produciendo de forma continuada y sistemática durante todos y cada uno de los cuatro últimos años. En 2015, se tramitaron los Presupuestos del año siguiente, durante el mes de agosto;y ello sólo porque se quería que estuviesen aprobados antes de disolver las Cámaras, en otoño, para convocar nuevas elecciones, lo que no deja de ser una práctica más que dudosa. En 2016, no hubo ocasión de discutir nada sobre Presupuestos porque hubo que disolver las Cámaras en abril, convocar nuevas elecciones (junio 2016) y no fue posible formar un precario Gobierno hasta noviembre de ese año. Y En 2017, los Presupuestos para ese ejercicio se aprobaron el 27 de junio, transcurrido ya medio año.

Este año (2018), vuelve a repetirse la operación y previsiblemente no vamos a tener Presupuestos hasta junio, lo que sin duda contribuye a consolidar una nueva modalidad de aprobación de los Presupuestos en diferido (como el famoso finiquito de Bárcenas). Pero no es este dato, relativo al cuándo se aprueban los Presupuestos, lo que más llama la atención, acostumbrados ya como estamos a tramitar y aprobar los Presupuestos fuera de las fechas que suelen ser las normales y, en nuestro caso, además, al margen del calendario previsto constitucionalmente. Lo que resulta realmente llamativo en esta ocasión hace referencia al cómo se están aprobando los Presupuestos este año;y más concretamente, al acuerdo político que hace posible su tramitación parlamentaria, tanto por lo que se refiere a quienes intervienen en él como por el contenido mismo del acuerdo político.

En este sentido, no deja de resultar sorprendente que sea un acuerdo político del gobierno con el PNV lo que haya permitido proseguir el trámite parlamentario de aprobación de los Presupuestos, que hubiese quedado bloqueado en caso de no mediar dicho acuerdo. Pero por llamativo y sorprendente que nos pueda parecer la forma en que está teniendo lugar este año la tramitación de los Presupuestos, ello no debe impedirnos hacer un examen lo más objetivo posible sobre el contenido del singular acuerdo suscrito recientemente entre formaciones políticas tan dispares como el PP y el PNV, así como sobre las consecuencias que puedan derivarse del mismo.

Conviene hacer, antes de seguir adelante, algunas puntualizaciones sobre los acuerdos (o pactos) políticos, en general, ya que últimamente está bastante extendido el discurso anti-pactos como recurso, más retórico que otra cosa, para afirmar las posiciones propias frente a todos los demás. Hay que decir que en un sistema pluralista, y más concretamente con el mapa político que tenemos hoy tanto a escala estatal como autonómica, los pactos políticos entre las distintas formaciones con representación institucional no es que sean buenos o malos per se, es que son inevitables si no se quiere caer en el bloqueo institucional que, por cierto, ya se está produciendo en buena medida. La cuestión, por tanto, no es pactos sí o no sino qué acuerdos es posible realizar y, en el caso de que lo sean, sobre qué bases se realizan y qué consecuencias tendrán. Lo que vale también para los acuerdos políticos relativos a los Presupuestos.

Interesa, por tanto, centrar el tema en el examen del contenido del acuerdo suscrito;y en este sentido, el hecho de mayor relieve, más que la ya comentada disparidad entre las formaciones políticas -PP y PNV- que suscriben el acuerdo, es que las pensiones sean el eje en torno al que gira el acuerdo suscrito, lo que constituye una significativa novedad política que, en esta ocasión, va a tener plasmación presupuestaria. Y, más significativo aun, que haya una importante rectificación en relación con las cuestiones que en este ultimo periodo han venido siendo el eje reivindicativo del particularmente activo movimiento de los pensionistas, como son la actualización de las pensiones en función del aumento del IPC y, así mismo, impedir la entrada en vigor del denominado ‘factor de sostenibilidad’, que por el momento queda aplazada.

Se trata, en ambos casos, de logros nada despreciables que sería un error minusvalorar arguyendo su alcance limitado, lo que siendo cierto (como todos los logros, siempre son limitados) no debe impedirnos ver que también comporta una importante reorientación de la deriva que se venía siguiendo hasta ahora en materia de pensiones. Por otra parte, si bien los Presupuestos constituyen, como se dice siempre, un importante instrumento de política económica en tanto en cuanto en ellos se plasma la asignación de los recursos de los que se dispone a las distintas actividades y sectores sociales, entre ellos los pensionistas, tampoco se puede pretender que a través de la ley de Presupuestos se vayan a solucionar los problemas derivados de la insuficiencia estructural del sistema de protección social, entre ellas las prestaciones de los pensionistas.

Uno de los efectos colaterales del acuerdo presupuestario ha sido el de plantear la cuestión de las pensiones no solo en términos exclusivamente de gasto, como suele ser lo habitual, sino también en términos de ingresos, lo que ya no es tan habitual, si bien se trata de un tema que no cabe eludir. No es posible entrar aquí en el debate sobre las propuestas que se han apuntado al respecto estos días en relación con los impuestos finalistas a determinadas empresas (se ha señalado a Google, Apple, Facebook, digitales...), lo que desborda por completo el objeto de estas líneas y, además, sitúa la discusión en un marco que trasciende el de los Presupuestos del Estado y requiere un tratamiento en ámbitos supraestatales, especialmente el de UE. Baste tan solo reseñar, a los efectos del tema que tratamos, centrado en los Presupuestos/pensiones, la novedad que supone introducir la cuestión ineludible del aumento de los ingresos fiscales, sin lo que no es posible plantear la financiación adecuada de los gastos que comporta el mantenimiento de las prestaciones sociales, entre ellas las pensiones.

A falta de conocer cómo concluye finalmente esta primaveral tramitación de los Presupuestos 2018, algunas enseñanzas pueden extraerse ya del proceso en curso. La más importante, sin duda, hace referencia a que las pensiones se han convertido en esta ocasión, más que en ninguna otra, en el elemento clave y determinante en la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que pone de manifiesto su importancia decisiva en la configuración de las cuentas públicas. Y así mismo que, además de ser necesario, es también posible abordar la cuestión de la actualización de las pensiones de acuerdo con criterios más razonables que los que se venían sosteniendo, sin tener en cuenta el mantenimiento del poder adquisitivo. E, incluso, que es posible rectificar los criterios que ya se habían establecido al respecto, acordando otros nuevos más en sintonía con las reivindicaciones del movimiento de pensionistas y que en cierta medida se recogen en el reciente acuerdo presupuestario que comentamos en estas líneas.

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