Tribuna abierta

¿Nos instalamos en el resentimiento o en la reconciliación basada en los derechos humanos?

Por Mikel Casado - Sábado, 12 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

TENGAMOS en cuenta algunas obviedades: la ética, el ámbito de los juicios morales sobre deber-ser solo cobra sentido desde la existencia del sufrimiento infligido directa o indirectamente por unos seres humanos a otros, intencionadamente, por acción u omisión, un sufrimiento que debe no existir. Los derechos humanos, civiles y sociales, referencia ética secular, principios fundamentales de una sociedad democrática, versan directa o indirectamente, precisamente, sobre la evitación del sufrimiento, por la convivencia en una sociedad pacífica, igualitaria, ideal y posible. Es lo que caracteriza a un Estado social y democrático de derecho. Lo opuesto a los derechos humanos es la barbarie, leve o grave, pues hay pequeñas y grandes barbaries según sea la violación de cada derecho. Cualquier conculcación de los derechos humanos supone un daño a alguien concreto y por tanto una vulneración, una imperfección en esa sociedad.

Es una obviedad también que, a pesar de que los derechos humanos se conciben principalmente como una normativa contra el abuso de los Estados sobre la ciudadanía, es el Estado quien debe ser el mayor garante, valedor, protector y ejemplo de cumplimiento de los mismos, pues, teóricamente, el pueblo lo ha investido con esa función. Y debe también educar en los valores de los derechos humanos teniendo en cuenta que dignos de estos derechos son incluso quienes los conculcan, para quienes el Estado debe proveer facilidades de integración en la convivencia social.

Es una obviedad, también, que los derechos humanos han estado siendo conculcados durante años por ETA y por el Estado, independientemente del grado de conculcación, causando sufrimiento y víctimas, a quienes se deben verdad, justicia y reparación.

Vayamos a la realidad. ETA ya no existe, se ha disuelto. En palabras de la ONU, se ha desmovilizado. Ya no conculcará ninguno más de los derechos humanos, ya no causará más sufrimiento. Independientemente del relato sobre lo que pasó, pues cada quien hará el suyo sobre qué motivó el paso de la barbarie a la apertura a vivir en convivencia, si fue la razón estratégica, la razón práctica, el Estado, o la sociedad civil quien obligó a hacerlo, son excelentes noticias. Volvamos a lo obvio. Todo Estado, ciudadanía e incluso las víctimas que comprendan el valor de los derechos humanos deben verlo con alegría, sea tarde o no, pues el fin del sufrimiento podía no haber ocurrido aún. Incluso quienes no hemos sufrido directamente el dolor físico o psíquico de la violencia pero sí dolor empático podemos sentir que es demasiado tarde si pensamos en qué se ha perdido en cuanto a convivencia si los hechos pasados hubieran sido otros, si no se hubiera conculcado ningún derecho humano. Demasiado tarde para unas cosas, pero no demasiado tarde para otras.

Más allá de relatos, es otra obviedad que ETA lo ha hecho unilateralmente, sin concurso alguno del Estado. El haberlo hecho unilateralmente se corresponde con la obligación incondicional de cumplir los derechos humanos, es decir, sin poner la condición de que quien supuestamente también los incumple lo haga primero. La unilateralidad es algo que no podíamos concebir en ETA hace pocos años, en los que la negociación era condición sine qua non, aunque había una gran parte de la sociedad que lo exigía. Sin embargo, tal cosa ha ocurrido, sin haber tenido lugar antes en ningún conflicto. Los expertos internacionales en Kanbo dijeron que es un caso único, ejemplo para otros enfrentamientos. Desde una perspectiva impermeable a la flexibilidad y a las soluciones dialogadas, es difícil no reconocer que entre un final negociado, con condiciones, y un final unilateral, sin condiciones, parece más meritorio y más digno de reconocimiento este último, por no haberse aceptado nada a cambio. Otra cosa es que sea más efectivo y completo o que satisfaga a mayor parte de la sociedad.

No es al Estado de hecho a quien hay que complacer con la desmovilización y al reconocer el daño causado, sino a las víctimas y a la sociedad que no quiere vivir en la barbarie y quiere caminar hacia el Estado de Derecho

Hay quien dice que la unilateralidad es consecuencia de la acción judicial y policial. Según ese relato, la sociedad civil no ha hecho nada. Un poder que ignora lo que ocurre a su alrededor, basado en la arrogancia, quizá en el enfurruñamiento y resentimiento, muestra un desprecio a la acción de quienes se han movilizado por el fin de la violencia por razones morales, por avanzar hacia una sociedad respetuosa con los Derechos Humanos. Y tal presión ha sido un hecho indiscutible. Estoy pensando en movimientos sociales como Gesto por la Paz, intermediadores como Elkarri, Lokarri y muchas más que desembocaron en el fin del sufrimiento en octubre de 2011 (Aiete);al Foro Social Permanente, Bake Bidea, Artesanos por la Paz, Grupo Internacional de Contacto y otras cuya labor intermediadora condujo al desarme (Baiona) y a la desmovilización (Kanbo). En muchos casos, ha sido gente que ha estado exigiendo también el cumplimiento de los derechos humanos por parte de un Estado considerado insuficiente como Estado democrático y social de derecho. Seguramente, las causas del abandono de la violencia sean varias, sin descartar totalmente ninguna, incluso la movilización social y la razón ética y la labor de ciertos políticos reconocidos por el centro de diálogo suizo Henri Dunant. Por eso, la parte de la sociedad civil que ha presionado por el cumplimiento de los derechos humanos merece un reconocimient. Como dice Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente, si bien la decisión de ETA de dejar la violencia ha sido unilateral, la labor intermediadora para facilitarlo ha sido multilateral.

Es momento de mirar hacia delante. De las tres fases que según la ONU debe atravesar el fin de un conflicto -a saber, desarme, desmovilización y reintegración- se han superado las dos primeras unilateralmente, queda ahora esta última. En primer lugar, y por razones humanitarias y coherentes con el espíritu de los Derechos Humanos., liberación de presos terminales. No hacerlo es ensañamiento, sadismo, nada que ver con los derechos humanos;y siendo fiel a la ley, acercamiento a cárceles próximas, con lo que se cumple la obligación de no castigar a las familias y de facilitar la reintegración de ciudadanos;aplicación de la legalidad actual en cuanto a beneficios penitenciarios como el segundo y tercer grados, y justicia transicional, excepción puesta en práctica en el final de otros conflictos.

En cuanto a ésta última, es comprensible percibir una aparente incompatibilidad entre la justicia transicional y el actual Estado de Derecho en el que vivimos. Claro, puede parecer un insulto a las víctimas de ETA el que sus victimarios vayan a ser tratados de forma especial, aplicándoseles una adaptación ad hocde la justicia para facilitar su integración en la sociedad en aras del cierre definitivo del conflicto y por la reconciliación. Bajo esa concepción de la sociedad, a saber, que el Estado en el que vivíamos durante la época violenta era un estricto Estado de Derecho, pleno, ejemplar, sin tacha ni fisura alguna, tal incompatibilidad es comprensible. Pero nos tememos que esa es una concepción demasiado positiva del Estado español, cuyo Estado de derecho y calidad democrática está en entredicho. La transición no fue modélica ni el Estado español es ejemplo de estricto cumplimiento de derechos humanos, como está demostrado y manifiestan tribunales internacionales y organizaciones pro derechos humanos. Sin embargo, ello no justificaba la violencia, y parte de la sociedad, que reconocía ambas ilegitimidades -a saber, la deficiencia democrática del Estado y la barbarie de la violencia-, quería que se pasara de una situación a otra por imperativo moral, porque el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a la sociedad en general no era un medio admisible para la consecución de fines democráticos y por considerar más conveniente para caminar hacia la consecución de un Estado y sociedad cada vez más plenos en cuanto a cumplimiento de Derechos Humanos y de convivencia.

Por ello creo que, en sentido estricto, el Estado actual no está legitimado moralmente para ser tan exigente. Y a todo Estado democrático le es consustancial ser reconciliador y ejemplo pedagógico del cultivo de ese valor. Por eso mismo también, se deduce que no es al Estado de hecho a quien hay que complacer con la desmovilización y reconocimiento del daño causado, sino a las víctimas y a la sociedad que no quiere vivir en la barbarie constante y quiere tener la oportunidad de caminar hacia el ideal y genuino Estado de Derecho que aún no es. Esa parte de la sociedad pidió a ETA el fin de la violencia, su desarme y desmovilización en aras de la consecución de una sociedad sin violencia y convivencial, y pide ahora la reintegración de los presos por las mismas razones morales y con los mismos objetivos.

El cumplimiento de la reintegración de presos a la sociedad depende de la voluntad política, de cuán coherente sea el gobierno español con sus anteriores promesas de benevolencia para después de la desaparición de ETA. No parece que vaya a serlo a tenor de las declaraciones del presidente.

Otro asunto que queda aún pendiente, quizá el más importante de resolver, es el de todas las víctimas, las de ETA y las del Estado. Se les debe un voluntario “Lo siento sinceramente”. No es obligación jurídica, no se pueden exigir sentimientos, no se puede exigir a nadie ni amar ni pedir perdón, es algo que tiene que salir de lo más íntimo. Es posible que haya quien no pueda hacerlo por no sentirlo, lo cual es triste, pero puede que haya quien lo sienta y no lo diga. Otra cosa es que el hacerlo suponga un necesario alivio para las víctimas y el reconocimiento de un daño que no se volvería a infligir si se tuviera una nueva oportunidad. Es más conveniente expresar el sentimiento de dolor por lo hecho que pedir perdón. Una petición de perdón por obligación, sin sentimiento sincero, solo por conseguir un beneficio, no es petición de perdón sino estrategia. No creo que nadie la quiera.

Última reflexión: la crítica a la violencia es una crítica moral, una apelación a los Derechos Humanos, si -y solo si- se critica también la violencia del Estado, de lo contrario no puede serlo. Si quisiéramos una sociedad respetuosa con los Derechos Humanos, estaríamos deseando una sociedad diferente a la actual. Si el final del sufrimiento causado por ETA es una buena noticia, también lo sería poner las bases de no más sufrimiento por incumplimiento de alguno de los derechos humanos, civiles, sociales y ecológicos, en forma de un contrato social por la auténtica sociedad democrática. Si nos tomáramos los Derechos Humanos en serio, por lógica, así sería. ¿Estaría dispuesto el Estado a hacerlo?

COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Últimas Noticias Multimedia

  • ©Editorial Iparraguirre, S.A.
  • Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao
  • Tel 944 599 100, Fax 944 599 120