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hacen balance del juicio

Familiares de los jóvenes de Altsasu: "Ya es hora de que se haga justicia"

Padres y madres de los encausados ven "desmontada" la calificación de terrorismo pero tienen miedo a la sentencia y a un tribunal "presionado"

Miércoles, 9 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 15:17h

Familiares de los acusados de Altsasu, en la rueda de prensa de este miércoles en Katakrak.

Familiares de los acusados de Altsasu, en la rueda de prensa de este miércoles en Katakrak. (Cedida)

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Familiares de los acusados de Altsasu, en la rueda de prensa de este miércoles en Katakrak.

Los padres y madres de los encausados por la presunta agresión a dos guardias civiles de Altsasu han afirmado que durante las once sesiones del juicio en la Audiencia Nacional "ha sido desmontada" la calificación de los hechos como delito de terrorismo, pero han manifestado que tienen "miedo a la sentencia".

IRUÑEA. Los familiares de los acusados han considerado en una rueda de prensa en Iruñea, para hacer balance del juicio, que "el tribunal puede estar presionado" porque, a su juicio, la petición de una condena "exagerada" pretende "la imposición de unas penas altas, desmedidas, para este tipo de casos, que se suelen saldar con penas menores e indemnizaciones".

El grupo de madres y padres ha explicado que seguirán trabajando "para que este despropósito finalice" y se reunirá próximamente con representantes institucionales, políticos, sociales, sindicales y culturales. Además, el 25 de mayo se concentrarán a las 12 frente al Parlamento de Navarra para reclamar "justicia".

Isabel Pozueta y Edurne Goikoetxea, que han ejercido como portavoces del grupo de padres y madres, han señalado que "la madrugada del 15 de octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en cualquier otra población en una noche de juerga y alcohol". "La diferencia es que sucedió en Altsasu y que en esta disputa estaban implicados dos guardias civiles y sus parejas. En ese mismo año acaecieron 9.571 casos similares y ninguno de ellos se consideró terrorismo", han indicado.

Según Pozueta y Goikoetxea, "los testimonios y las pruebas objetivas como el vídeo de instantes inmediatos a los hechos y los partes médicos y las periciales médicas han demostrado que estamos ante un encontronazo espontáneo en un ambiente festivo a altas horas de la madrugada con personas ebrias y con unas lesiones que no son graves según el código penal".

Además, han afirmado que el vídeo grabado por uno de los encausados, que "fue admitido como prueba por el tribunal tras más de un año intentándolo, muestra un ambiente completamente diferente al que la fiscalía pretendía presentar, sin gritos, ni amenazas, ni eslóganes de odio hacia la Guardia Civil".

Así, se han mostrado "contentos con el transcurso del juicio porque hemos podido presentar pruebas que desmontan un relato totalmente magnificado" y han confiado en que "se haga justicia y que nuestros hijos puedan retomar su futuro con tranquilidad y pasar esta tenebrosa página".

El grupos de madres y padres ha apuntado que "tres de nuestros hijos llevan 542 días en prisión provisional, por ello pedimos su puesta en libertad inmediata, y otros cuatro fueron encarcelados durante un mes y una semana". "Hemos recorrido 286.806 kilómetros y ya llevamos gastados 69.200 euros en viajes. Este año y medio nos ha supuesto un perjuicio físico y psicológico importante. Creemos que ya es hora de hacer justicia y deseamos que la sentencia permita que estas ocho familias recuperemos una vida normal", han apuntado.

EL TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA

La madrugada del 15 de Octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en cualquier otra población en una noche de juerga y alcohol. La diferencia es que sucedió en Altsasu y que en esta disputa estaban implicados dos guardias civiles y sus parejas. En ese mismo año acaecieron 9571 casos similares y ninguno de ellos se consideró terrorismo.

Desde el primer instante, estamentos de poder con la ayuda de grandes medios de comunicación han magnificado los acontecimientos de aquella desgraciada madrugada y han ido construyendo artificiosamente un relato interesado y no ajustado a la verdad para convertirlo en un caso de terrorismo, con el objetivo de traducir su venganza en penas de cárcel desorbitadas para ocho jóvenes. Para ello no dudaron en distorsionar y demonizar todo un municipio. Pero no contaban con el apoyo popular y las ganas de Justicia de una sociedad que se siente dolida y preocupada con el desarrollo de este caso.

El apoyo se ha extendido a lo largo de la geografía navarra y de la península y ha aglutinado a distintas instituciones, personalidades del mundo académico, del derecho o de la cultura.

Esta ola de solidaridad y de defensa de los derechos fundamentales ha culminado en la mayor manifestación celebrada en Navarra, el 14 de abril, donde se dieron cita gentes de todas las ideologías, de esta tierra y del resto del estado, junto a representantes políticos, sindicales, sociales y culturales. La solidaridad recibida a lo largo de este tiempo nos ha dado fuerza para afrontar el juicio con más ánimo. Gracias.

Después de dos semanas y media, el juicio ha finalizado y estamos a la espera de la sentencia. Coincidimos con la opinión vertida ayer por Amnistía Internacional y como conclusión de estas 11 sesiones podemos aseverar que la calificación como delito de terrorismo ha sido desmontada por las pruebas presentadas y porque no se cumplen los requisitos que marca la ley, tal y como ya argumentó rigurosamente la Audiencia Provincial de Navarra en su Auto de marzo de 2017.

Por otra parte, se ha dejado patente que existía una pretensión de magnificar los hechos para poder encajarlos con un delito de terrorismo. Los testimonios y las pruebas objetivas como el video de instantes inmediatos a los hechos y los partes médicos y las periciales médicas, han demostrado que estamos ante un encontronazo espontáneo en un ambiente festivo a altas horas de la madrugada con personas ebrias y con unas lesiones que no son graves según el código penal. Además, el video grabado por uno de los encausados, el cual tras más de un año intentándolo finalmente fue admitido como prueba por el tribunal, muestra un ambiente completamente diferente al que la fiscalía pretendía presentar, sin gritos ni amenazas ni eslóganes de odio hacia la Guardia Civil.

A lo largo del juicio se han observado múltiples irregularidades y contradicciones en las declaraciones de los denunciantes. El atestado que recoge frases no dichas y no firmado por el testigo;la tumultuosa y masiva participación en el denominado túnel de la muerte que se ve imposible dada la limitada capacidad de dos metros cuadrados del espacio donde se sitúa;la camisa impoluta que se observa en el video que no coincide con lo manifestado por las acusaciones;la obstinación de inculpar a determinado joven cuando existen pruebas fotográficas y un video que demuestran que vestía claramente de otro color a lo testificado;el hecho de que en el video se observe que el sargento pase delante y mantenga contacto visual con tres imputados sin reconocerlos cuando estaba buscando supuestos agresores;el hecho de que el informe sobre OSPA de 25 folios donde ya se identificaba a algunos de nuestros hijos se presentará en la causa ocho horas antes de la recepción de las denuncias;las irregularidades legales en las ruedas de reconocimiento;la paradoja de que los reconocimientos fotográficos den como resultado identificaciones positivas con fotos del carnet de identidad de hace cinco años e identificaciones negativas con fotos recientes. A estas contradicciones se suman el hecho de que quince testigos, tanto de la defensa como de la acusación, han negado la participación de los ocho encausados en los actos violentos que se les imputa. Creemos que no debería ser necesario recordarlo, pero constituye un derecho fundamental de todas las personas la presunción de inocencia y recae en las acusaciones demostrar más allá de la duda razonable la culpabilidad de las personas imputadas.

Dicho todo esto, esperamos que en la sentencia se haga justicia y que nuestros hijos e hija puedan retomar su futuro con tranquilidad y pasar esta tenebrosa página. Estamos contentos con el transcurso del juicio porque hemos podido presentar pruebas que desmontan un relato totalmente magnificado, pero tenemos miedo a la sentencia. En el transcurso de todo este proceso hemos constatado cómo la Guardia Civil ha sido juez y parte, han sido denunciantes, acusación, investigadores, instructores y peritos de inteligencia. Desde un principio se han vulnerado derechos fundamentales y gracias a la insistencia y el buen hacer de las defensas se ha podido corregir en parte con la admisión de pruebas determinantes. Pero tal y como señaló uno de nuestros abogados, el tribunal puede estar presionado porque la petición de unas penas exageradas pretende la imposición de unas penas altas, desmedidas para este tipo de casos que se suelen saldar con penas menores e indemnizaciones. Tres de nuestros hijos llevan 542 días en prisión provisional, por ello pedimos su puesta en libertad inmediata y otros cuatro fueron encarcelados durante un mes y una semana. Hemos recorrido 286.806 km y ya llevados gastado 69.200 € en viajes.

A nuestros hijos y a sus madres y padres y familiares, este año y medio nos ha supuesto un perjuicio físico y psicológico importante. Creemos que ya es hora de hacer justicia y deseamos que la sentencia permita que estas ocho familias recuperemos una vida normal.

Por otra parte, viendo el peso que los medios de comunicación han puesto en este caso, queremos pediros que como profesionales de la información seáis respetuosos con vuestro código deontológico, donde se recogen los principios de respeto a la verdad, estar abierto a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad, contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas, diferenciar con claridad información y opinión, respeto a la presunción de inocencia y rectificación de informaciones erróneas. Respetando este código se aportará una información más veraz que permitirá a la ciudadanía sacar sus propias conclusiones.

Por último, es nuestra voluntad seguir trabajando para que este despropósito finalice. Por ello en las siguientes semanas realizaremos una ronda con agentes institucionales, políticos, sociales, sindicales y culturales para tratar estos temas, y en segundo lugar, convocamos una concentración el próximo 25 de mayo a las 12:00 delante del Parlamento Navarro para reclamar Justicia.

Eskerrik asko

Madres y padres de Alsasua


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