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Injusticia, evasión y simulacro

Por Iñigo Bullain - Lunes, 7 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Columnista Iñigo Bullain

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EN el camino que junto a las vías del tren conduce a Ondategi, no muy lejos de las antiguas barreras que separaban Las Arenas de Romo, un verso político en forma de pintada proclamó durante años: Los borbones a los tiburones. Creo recordar que apareció desafiante a comienzos de la Santa Transición y que no lo hicieron desaparecer, a pesar de su ubicación, en la entrada a un barrio bastión del nacional-catolicismo, hasta bien entrada la década de los 80. Sin embargo, más de treinta años después, hace unos días, un youtuber canario fue detenido en su domicilio por trece agentes de policía tras utilizar la misma rima en Internet. Para quienes tuvimos la oportunidad de contemplar a diario durante años ese verso, el contemporáneo afán punitivo que demuestra la Justicia española por desterrar la disidencia resulta inquietante. Paradójicamente, tras la desaparición de ETA, el Código Penal fue reformado para dilatar la calificación de delitos terroristas. Los procesamientos de Altsasu, o de los titiriteros de Alkaeta, bajo semejante acusación, representan una justicia esperpéntica. En términos hamletianos podría afirmarse que un hedor autoritario se está desprendiendo de la democracia realmente existente en el reino de España. Las calificaciones de rebelión contra los líderes del procés y su encarcelamiento o los secuestros de publicaciones como El Jueves o Fariña son graves atentados judiciales contra la libertad de expresión y la libertad de las personas. Denunciadas por diferentes organismos internacionales, esas y otras decisiones ponen en cuestión la calidad de la Justicia en un estado miembro de la Unión Europea.

Dado que jueces y tribunales están habilitados con la autoridad del Estado para que su interpretación sobre las normas sea la considerada legal, la cuestión de cómo se seleccionan los jueces y magistrados a los que se les confiere semejante poder no es una cuestión menor, sino de la máxima importancia en un Estado de Derecho. Mi impresión personal es que en España se ha ido promoviendo a las más altas esferas judiciales a jueces y magistrados que carecen de la imparcialidad requerida. A través de ciertas asociaciones y del manejo del Consejo General del Poder Judicial, se ha preferido promover a personas en las que algunos partidos y camarillas podían confiar. El uso que PP y PSOE han hecho del artículo 159 de la Constitución, para seleccionar la composición del Tribunal Constitucional (TC), es un contundente ejemplo de los abusos a los que conduce el chalaneo partitocrático. Si en términos constitucionales la sentencia del Nou Estatut fue un escándalo jurídico, la falta de probidad exigible a los miembros del Alto Tribunal fue mayúscula. Baste recordar que su entonces presidente había sido previamente militante del PP, que varios de sus miembros habían excedido el tiempo de mandato o que el tribunal estaba incompleto. Sin embargo, algunos de sus integrantes fueron condecorados en 2011 con la Orden de Isabel La Católica.

Hoy, al hilo de nuevos escándalos de corrupción, otros datos sobre el activismo judicial proyectan un panorama aún más desolador sobre el empleo de tribunales como regalías y destinos para jueces y magistrados políticamente afectos. Al hilo del caso Cifuentes se ha conocido que el primer rector de la Universidad Rey Juan Carlos, una plataforma académica fundada y gestionada por y para el entorno del PP, fue promovido a la condición de magistrado del TC o que un hermano de Francisco Pérez de los Cobos, el presidente de la sentencia 31/2010, condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III en 2017, fue el coronel de la Guardia Civil designado por el gobierno del Estado para coordinar a las fuerzas de seguridad en Catalunya con ocasión del referéndum del primero de octubre.

Semejante contexto ideológico, protegido por la razón de Estado, arropa las disparatadas acusaciones por terrorismo de la jueza Lamela contra los jóvenes de Altsasu o la instrucción del juez Llarena acusando de rebelión a los dirigentes del procés. Acusaciones que en clave política resultan sin embargo esclarecedoras, dado que lo que se persigue, como se ha reconocido, es “descabezar al independentismo” y “blindar a las fuerzas de ocupación”. No debiera, por consiguiente, extrañar que ante semejantes ejemplos de activismo político-judicial, buena parte de la magistratura española, históricamente muy conservadora y sin depurar de sus conexiones franquistas, interprete que la mejor manera para ascender en el escalafón y acceder a los mejores destinos sea actuar conforme a la línea política de los denominadosjueces y fiscales vivaspaña.

Aunque la justicia a la española ha sido puesta en entredicho desde diferentes instancias internacionales, solo un grupo de profesores de Derecho Penal se han atrevido, hasta la fecha, a desafiar el silencio y complicidad al que ha sucumbido el mundo académico. La deriva neofalangista ha involucrado también al progresismo made in Prisa, que antes de la aplicación fragoniana del artículo 155, y para congregar un apoyo académico que lo validara, dio publicidad a diversos manifiestos que llamaban a la universidad española a apoyar la “aplicación de todo el peso de la ley” sobre los sediciosos. No sería una sorpresa que por los servicios prestados, determinados periodistas y magistrados fueran próximamente condecorados, como ya lo ha sido algún académico afín al 155.

La operación Ciudadanos, emprendida tras el fracaso de UPyD en aglutinar junto al PP una mayoría nacional, condujo a financiar un plan B, donde se sustituyó la amenaza vasca por el independentismo catalán como enemigo interior, a la manera de un lerrouxismo 2.0. El fervor patriótico propagado por tierra, mar y aire, hará muy probable que PP y Ciudadanos dispongan de una mayoría absoluta tras las próximas elecciones generales. A pesar de la propaganda por hacer creer que en Euskadi disfrutamos del mayor autogobierno, el autonomismo no da ni para decidir el horario de la Administración vasca. A Madrid, consciente de que obtendrá un fallo favorable, le resulta suficiente con amenazar o llevar a los tribunales las normas autonómicas (vasco-navarras o catalanas) que no se ajustan al deseado dominio de la nación española, de cuyos intereses se ocupan los poderes centrales del Estado. El discurso de la gobernanza multinivel no se ha concretado ni en un federalismo cooperativo ni en una confederación asimétrica. La apuesta de la España española es más bien una recentralización autonómica y la Corte tampoco parece priorizar recuperar una confederación foral, como la que destruyó el esparterismo y las leyes abolitorias en el siglo XIX.

Vivimos en una suerte de juego de suma cero en el que el poder que no se tiene en Euskadi o Nafarroa se maneja desde Madrid y en un sistema en el que al nacional-constitucionalismo no le hace falta ganar las elecciones vascas para gobernar en Euskal Herria. El precio material e inmaterial de semejante dependencia política es muy elevado y la perspectiva de seguir sometidos a las presentes condiciones de control y tutela en un Estado corrompido es muy desalentadora, especialmente para la juventud vasca. Lo que algunos interpretaron como un marco estatutario de salida, cuarenta años después ha demostrado ser un simulacro de autogobierno al albur de decisiones judiciales orientadas a garantizar el supremacismo de la única nación verdadera. Un empeño en el que algunos parecen incluso dispuestos a sacrificar la democracia y el Estado de derecho. La desmovilización permanente y el bloqueo mental a reconocer que en el contexto de la globalización una República Vasca puede ser una alternativa a la involución española ha derivado en convertir el pintxo-potede los jueves en la nueva vía vasca.

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