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Las defensas del ‘caso Altsasu’ ven los límites forzados para imputar terrorismo

Alegan que los hechos se han “magnificado” contra los procesados ya que los guardias civiles sufrieron lesiones leves

Viernes, 4 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Los acusados, en el primer día del juicio en la Audiencia Nacional.

Los acusados, en el primer día del juicio en la Audiencia Nacional. (Foto: E.C.)

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Los acusados, en el primer día del juicio en la Audiencia Nacional.

madrid- Las defensas de los ocho acusados por la presunta agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en Altsasu consideran que los hechos ocurridos aquella noche se han “magnificado” para hacerlos “compatibles con la gravedad que exigen los delitos de terrorismo”, por lo que opinan que se han “forzado los límites” por parte de las acusaciones para imputar lesiones y amenazas terroristas. Así lo manifestó ayer Amaia Izco, la abogada de los acusados Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, y compartieron el resto de letrados, durante la décima sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde el 16 de abril y en el que las defensas expusieron sus informes finales.

“Forzar los límites del precepto de terrorismo y acudir a una definición expansiva del concepto, a una interpretación absolutamnte abierta de la norma penal, permitiría enmarcar los hechos en terrorismo. El tribunal solo podría llegar a la conclusión de terrorismo admitiendo que esta norma penal es demasiado abierta, poco clara y poco cierta”, asevera.

En este sentido, Izco valoró que a los ocho acusados no se les atribuye “ninguna relación” con “organización terrorista alguna”, en este caso ETA, y que el movimiento Ospa Eguna -que defiende la expulsión de las fuerzas de seguridad de la CAV y Nafarroa y con el que se vincula a su defendido Jokin Unamuno- no se ha definido nunca como terrorista. “No hay modo alguno de atribuir a los acusados actuación alguna de integración en organización terrorista, pero tampoco de estar amparados en ella. A pesar de lo que dice el fiscal, no se ha promovido la denominación de Ospa como movimiento terrorista”, señala.

En este punto, tanto la abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo como los de Ohian Arnanz y Julen Goicoechea cuestionaron el informe de la Guardia Civil que en el juicio fue presentado como prueba pericial según el cual se vincula un manual incautado a ETA en 1999 con el movimiento Alde Hemendik, que a su vez deriva en la festividad de Ospa Eguna, que venía celebrándose en Altsasu desde 2012.

Aparte de cuestionar la procedencia de dicho manual, ya que “no consta ningún elemeto que acredite su veracidad”, Izco considera que el día de Ospa -en el que Jokin Unamuno estaba implicado- no tiene “ninguna relación” con dicho documento, ya que nació cuando ETA ya había cesado su actividad armada. Para la letrada, “sean de mejor o peor gusto” las actividades que se han venido programando en el Ospa Eguna desde 2012, son “denuncias por las actuaciones” de la Policía Foral o de la Guardia Civil, que se consideran “abusivas”, pero remarcó que se han celebrado siempre “sin ejercer violencia”.

En su opinión, la agresión ocurrida el 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra se produjo “en medio de un entorno festivo” y, por tanto, fue algo “fortuito que no había ocurrido antes” en ese local. “Son hechos aislados, sin un objetivo violento o una finalidad determinada. Y las lesiones son de menor entidad: moratones, raspazos o un tobillo roto. A ojos de un observador ajeno no se aprecia ningún sesgo, ninguna naturaleza terrorista”, explicó.

Según Izco, el hecho de que las cuatro víctimas, tal y como relataron ante el tribunal, sintieran “miedo o pánico” cuando ocurrieron los hechos “no se puede confundir con que los hechos tuvieran el fin de aterrorizar a la población” de Altsasu. Es más, descartó la “estrategia de expulsión” enarbolada por el fiscal, ya que el teniente de la Guardia Civil agredido llevaba un año frecuentando locales del municipio, entre ellos el Koxka.

Por su parte, el abogado del principal acusado, Ohian Arnanz -para quien se piden 62 años y medio de prisión-, Jaime Montero, acusó de “falta de imparcialidad” a la Guardia Civil en este caso por ser “juez y parte” del procedimiento al investigar los hechos y el hecho de que dos de sus miembros sean las víctimas. Así, dijo que fue después de reunirse con el entonces director de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, cuando el teniente pasó a denunciar los hechos ante su propio cuerpo policial y que solo 24 horas después de lo ocurrido se empezó a vincular con Ospa. - E. P.

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