Las Juntas se comprometen a impulsar y fomentar la participación ciudadana

La cámara se da diez días para cerrar unas recomendaciones sobre participación

Aitziber Atxutegi - Jueves, 3 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Bilbao- En ocasiones es porque los asuntos sobre los que se consulta no son suficientemente relevantes;otros, porque los procesos de decisión son tan largo que los ciudadanos terminan por aburrirse y darse de baja. La participación ciudadana en las instituciones, pese a haberse convertido en los últimos años en uno de los santo y seña de muchos partidos políticos, no termina de cuajar con el éxito pretendido. Las Juntas Generales apuestan por fomentar esta cultura de la participación entre la ciudadanía, actualizando los mecanismos que existen para garantizarla, como la iniciativa normativa popular, y desarrollando nuevas vías. La cámara vizcaina se dio ayer un plazo de 10 días para finalizar un decálogo de recomendaciones en este sentido, que será posteriormente aprobado por el pleno.

Las Juntas Generales conformaron en marzo del año pasado una comisión de estudio sobre participación ciudadana, en la que ha tomado parte un representante de cada grupo político. A lo largo de estos meses, una docena de expertos -propuestos dos por cada grupo-, además de la Diputación, han explicado sus puntos de vista, experiencias y reflexiones sobre estos procesos. En la comisión han tomado parte, entre otros, Ruth Sarabia, del Ayuntamiento de Málaga;Igor Ahedo, miembro de Parte Hartuz y exresponsable del máster en participación y desarrollo comunitario de la UPV;la experta en participación Alicia Suso, o Judith García, apoderada de Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa. “Consideramos que nos podían dar una visión lo suficientemente amplia”, recordaba ayer el presidente de la comisión, Jon Sánchez (PNV). Con todas las ponencias, así como con las reflexiones y recomendaciones que han planteado los grupos, se han elaborado dos borradores, el último de los cuales fue debatido ayer. “He intentado acercarme al máximo a lo que los diferentes grupos plantearon, tratar de que en las conclusiones podamos estar representados el máximo de grupos de esta comisión”, reconoció Sánchez. A partir de este momento, los grupos se han marcado un plazo de diez días para incorporar al borrador sus enmiendas -EH Bildu y Podemos anunciaron su intención de hacerlo-, antes de que la propia comisión apruebe el informe definitivo y este sea remitido al pleno.

A lo largo de estos meses de trabajo, los expertos han puesto sobre la mesa el peligro de regular la participación mediante normativas -por suponer “corsés” que no garantizan una mayor participación-, la necesidad de fomentar un clima de confianza entre la ciudadanía, la importancia de llegar también a ciudadanos no incluidos en asociaciones, las ventajas que ofrece la tecnología o la conveniencia de adaptar la información a los ciudadanos.

Entre sus recomendaciones, las Juntas Generales realizan una petición expresa a la Diputación. En el plazo de tres meses a partir de la aprobación del estudio, le instan a presentar una propuesta de trabajo para dar respuesta a las recomendaciones recogidas, con medidas y acciones concretas encaminadas a impulsar la participación.

Revisión de procesosLa institución foral también se va a marcar a sí misma deberes para los próximos años. Se establece un compromiso para revisar sus procesos para incorporar estas recomendaciones, “ya sea mediante la creación de nuevos instrumentos y canales que faciliten la participación ciudadana, o realizando modificaciones y mejoras en el funcionamiento de los ya existentes”. Uno de ellos, y que en el debate de ayer salió a la palestra, es precisamente la capacidad de los ciudadanos para impulsar leyes o cambios legislativos -normas y cambios normativos, en el caso de las Juntas Generales- en el territorio. Esta capacidad, que debe tramitarse a través de los apoderados, está reconocida y regulada en Bizkaia desde 1985, aunque no se ha actualizado desde entonces, pese a que el propio reglamento de la cámara parlamentaria ha cambiado en esta última legislatura. Un ejemplo: la cantidad económica que los promotores pueden recibir por la recogida de firmas -un mínimo de 20.000- está todavía expresada en pesetas.

En el último borrador, todos los grupos de la cámara son claros. Hay que seguir ahondando en la participación ciudadana “como mecanismo al servicio de la mejora de la calidad democrática de las instituciones y de la gestión de los servicios prestados por estas para dar un mayor recorrido a las iniciativas promovidas mediante nuevos procesos, herramientas y recursos para su desarrollo”. Para ello, plantean elaborar planes de participación, “que incluyan las principales propuestas, procesos e iniciativas que se vayan a poner en marcha”, haciéndolos públicos y accesibles a través de páginas web.

La comisión también ha concluido en su trabajo que es necesario impulsar la cultura participativa entre los ciudadanos, “explorando líneas de trabajo y vías de interlocución entre las instituciones del territorio”, desarrollando iniciativas piloto en diferentes ámbitos. Los canales de participación más directos, como las encuestas ciudadanas sobre determinados temas, se ven más viables en ámbitos cercanos como los ayuntamientos. El estudio también hace hincapié en diseñar estrategias específicas para impulsar la participación de grupos que actualmente están poco representados.

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