la mató y simuló su atropello

Condenado a 25 años de prisión por el asesinato de su exmujer Leyre Rodríguez en La Peña

Jorge M., exmarido de la víctima, no podrá acercarse a los familiares y, en especial, a sus hijos

EUROPA PRESS - Viernes, 27 de Abril de 2018 - Actualizado a las 13:31h

Juicio por la muerte de Leyre Rodríguez en Bilbao

Juicio por la muerte de Leyre Rodríguez en Bilbao (BORJA GUERRERO)

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Juicio por la muerte de Leyre Rodríguez en BilbaoJuicio por la muerte de Leyre Rodríguez en BilbaoImagen de la primera jornada del juicio por la muerte de Leyre Rodríguez.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a J.M.P. a 25 años de prisión y diez de libertad vigilada por el asesinato de su exmujer, Leire Rodríguez, a la que, según recoge el fallo, el acusado golpeó contra el escalón de la bañera de su domicilio en varias ocasiones y después la arrolló con su vehículo en la carretera de la Peña al barrio de Buya, en Bilbao, en agosto de 2015.

BILBAO. Asimismo, le impone la prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima y, en especial, de sus dos hijos, de los que le priva de la patria potestad. También deberá pagar una indemnización de 430.000 euros a sus dos hijos y al hermano de la víctima.

La Sección Primera de la Audiencia vizcaína ha hecho público este viernes el fallo de este caso, que se juzgó entre los pasados días 9 y 16 abril y en el que el jurado consideró al acusado, por unanimidad, culpable de un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes mixta de parentesco y de género.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular ejercida por la familia y la acción popular de la Asociación Clara Campoamor pidieron penas de entre 23 y 30 años de prisión y la defensa"la pena en su grado mínimo".

Según recoge el fallo hecho público este viernes, en función de la resolución del jurado popular, se considera probado que J.M.P. acudió al domicilio de la joven el 7 de agosto de 2015 "con intención de acabar con su vida" y, tras abrirle la chica la puerta, "de forma sorpresiva la tapó la boca y la nariz, presionándole fuertemente con las manos y la llevó al baño", donde le golpeó, al menos, seis veces la cabeza con el escalón de la bañera, lo que le provocó "un estado de insconsciencia o semiinconsciencia".

Asimismo, señala que, "pasadas más de tres horas", la bajó hasta su vehículo, que tenía estacionado junto al portal, y la introdujo en el maletero "aún con vida", para llevarla a la carretera de La Peña hacia Buia.

En ese punto, según relata, la dejó tendida en la carretera y, "tratando de simular un accidente, con la finalidad de acabar definitivamente con la vida de Leire y persistiendo en querer causarle la muerte", la arrolló con su vehículo, "iniciando marcha atrás y marcha adelante, pasando a baja velocidad por encima de ella en dos ocasiones, causándole definitivamente la muerte".

El fallo indica asimismo que el jurado concluyó que la forma en que se produjo este arrollamiento "fue una conducta tendente a asegurarse la muerte de la víctima" y también que la joven "no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, aprovechándose de ello el acusado".

El veredicto aceptó la existencia de parentesco y la relación del crimen con la condición de mujer de la víctima como agravantes y rechazó las eximentes planteadas por la defensa del acusado, al considerar que no existía "estado de arrebato ni alteración que le impidiese controlar sus impulsos", que no colaboró con las autoridades para esclarecer los hechos, que sus "comportamientos y actitudes" evidencian "inexistencia de ningún tipo de arrepentimiento" y que no disminuyó "en nada" el daño generado con su donación a sus dos hijos.

PENAS

La magistrada del caso determina, en su resolución, imponer "la pena máxima legalmente posible" de prisión, un total de 25 años, teniendo en cuenta los hechos.

El fallo señala que lo ocurrido en el domicilio de la víctima supondría un asesinato con alevosía sorpresiva en grado de tentativa, al haber "golpeado sin piedad" a la víctima "hasta un mínimo de seis veces", y alude a la "violencia, saña y brutalidad" de los golpes que recibió.

Lo sucedido en la carretera, añade, obedecería a un asesinato consumado con alevosía de desvalimiento, en el que, "aprovechándose el acusado de la absoluta indefensión de la víctima", la colocó bajo su vehículo, tras haberla tenido "cuatro horas tendida en una alfombra mientras él limpiaba la vivienda y esperaba que la carretera estuviese menos transitada", y la arrolló con el automóvil.

La resolución destaca que el modo en que se produjo el atropello supuso "no dejar nada al azar, asegurándose que efectivamente moría" la víctima, a la que causó la muerte por aplastamiento "empleando un medio brutal".

Igualmente, incide en el daño que ha causado "especialmente" a sus hijos, que en el momento de los hechos tenían dos y cinco años de edad, ya que "no sólo tendrán que afrontar con el tiempo la pérdida de su madre, sino que conocerán las circunstancias en que se produjo, así como que la persona que lo llevó a cabo fue su propio padre".

Por otro lado, la presidenta del tribunal impone al condenado la medida de libertad vigilada por diez años, tras el cumplimiento de la pena de prisión, y la inahabilitación absoluta mientras dura el tiempo de condena.

Asimismo, se priva a J.M.P. de la patria potestad de sus hijos por todo el tiempo que dure la condena, teniendo en cuenta que "el daño que podía causarles le resultó del todo irrelevante, colocando su bienestar en un lugar prioritario frente al sufrimiento de sus hijos".

El fallo acuerda también la prohibición de aproximarse, comunicarse por cualquier medio y acudir al lugar en que residen los familiares más próximos de la víctima y especialmente sus hijos por un plazo de 30 años, que se cumplirá de forma simultánea a la pena de prisión para que "sea efectiva durante los permisos penitenciarios de que pueda disfrutar o cualquier situación que suponga, por mínima que sea su duración, una puesta en libertad".

Por otro lado, le condena a indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, con 200.000 euros a cada uno de los hijos, teniendo en cuenta la "quiebra de la unidad familiar a una edad tan temprana" y "por encima de todo la ausencia durante toda una vida de una madre".

Asimismo, deberá indemnizar con 30.000 euros al hermano de la víctima, tutor legal de los menores, que "asumirá las dificultades propias de la educación y sostenimiento de todas las necesidades de los menores" y teniendo en cuenta también "el dolor" por la pérdida de su hermana, con la que mantenía "una estrecha relación".

El fallo recuerda que el jurado se mostró desfavorable a una posible propuesta de indulto y señala que para el cumplimiento de la pena se tendrá en cuenta el tiempo que el condenado ha pasado en prisión provisional por esta causa.

El fallo puede ser recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en un plazo de diez días desde la notificación de la sentencia.


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