condena e indulto

Raudo y en avión privado

EL IMPLACABLE AUTO DEL JUEZ DISUADE AL DUEÑO DEL Las Palmas, condenado por otro delito, y que ayer declaró por un caso de fraude millonario

Julián Goikotxeta - Jueves, 26 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Angel Ramírez.

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Angel Ramírez. (EFE)

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El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Angel Ramírez.

bilbao- Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas desde 2005, es conocido como el rey de la seguridad low costdesde que tuvo la habilidad de conseguir 200 millones de euros en contratos públicos gracias a sus ofertas irrechazables, eso sí, a cambio de explotar a sus trabajadores con salarios a la baja, fuera de convenio y artificios contables por lo que está acusado de un presunto fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social por unos 14 millones.

Sus fricciones con la justicia vienen de lejos, pero como hasta ahora ha sabido eludir la cárcel al parecer se tomó a la ligera el auto del juez Luis Francisco Galván, que le había citado a declarar el pasado jueves, 19 de abril, cuando se encontraba en Miami atendiendo a sus negocios. A la vista de su actitud poco responsable, el juez decidió emitir una orden de busca y captura que ha tenido una eficacia evidente. Conocido el auto, Remírez alquiló un avión privado, por si tenía problemas con la línea regular, y se plantó en Las Palmas todo solícito con la ley y su deber ciudadano.

Nada más llegar al aeropuerto grancanario, la Policía le detuvo y le llevó al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas. Tras declarar durante hora y media, Ramírez quedó en libertad, aunque sigue imputado en un delito contra la Seguridad Social y está obligado a comunicar a la Justicia cualquier cambio de domicilio o de número de teléfono.

Ante la prensa, el empresario canario adoptó un aire compungido por las circunstancias de un suceso que le ha puesto en primera plana. “Creo que no había que llegar a esto, porque ha habido un malentendido”, dijo el presidente, quien señaló a sus abogados como responsables de la confusión. “Yo estaba en Miami y mis abogados dijeron que no tenía que regresar porque se iba a presentar un recurso”, pero “su señoría se molestó y dictó una orden de busca y captura”, explicó Ramírez. Nada dijo, en cambio, sobre el meollo del asunto.

La Fiscalía plantea en su querella que su empresa, Seguridad Integral Canaria, pudo defraudar una cantidad importante en cotizaciones a la Seguridad Social al pagar a sus trabajadores salarios que está por debajo del convenio colectivo estatal en el sector de la vigilancia privada.

Tras aprobarse la última reforma laboral, Seguridad Integral Canaria se descolgó de ese convenio y se dotó de un pacto laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores a los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas por administraciones de todo el Estado. Sin embargo, el Supremo acabó anulando su convenio y condenando a la empresa a pagar a su plantilla con carácter retroactivo los salarios del estatal, lo que condujo a Seguridad Integral Canaria a declararse el pasado mes de diciembre en concurso de acreedores.

En otra causa abierta, también relacionada con la política salarial de Seguridad Integral, la Fiscalía le acusa de un fraude millonario a la Seguridad Social por haber pagado sistemáticamente a su plantilla de vigilantes las horas extras como si fueran dietas, que tributan menos.

Condena e indulto La investigación contra el empresario canario arrancó en 2013 tras una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del sindicato FTSP-USO. Ese mismo año, el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial que evitó su entrada en prisión al reducirle a dos años una condena de tres años y un día por construir en un espacio protegido. El indulto fue anulado el pasado año por el Tribunal Supremo a instancias de un recurso promovido por Ecologistas en Acción a causa de un defecto de forma. Mientras espera la nueva resolución, Ramírez ha pedido un nuevo indulto para eludir la prisión.

Se da la circunstancia de que Ramírez ha sido asociado a dos pagos al Partido Popular en 2010 y 2011 por importe de unos 150.000 euros.

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