Tribuna abierta

¿Existen presos políticos en España?

Por Germán Gorráiz López - Miércoles, 25 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

SI atendemos a la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (resolución 1900), podemos deducir que existen en estos momentos en el Estado español los presos políticos. El supuesto III de dicha resolución, afirma que “se considerará que existen presos políticos en el caso de que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha”.

Estos supuestos se pueden aplicar con total exactitud en el caso de los tres jóvenes de Altsasu, que llevan más de un año en prisión incondicional y con total ausencia de seguridad jurídica al ser rechazados todos los argumentos de sus abogados defensores por la jueza Lamela y por la Fiscalía del Estado, cuya primera misión es “velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos de España”.

Por su parte, en el caso de Oriol Junqueras, los Jordis y exconsellers del Govern catalán enviados a prisión se cumpliría el supuesto IV de la citada resolución 1900 del Consejo de Europa, que señala que existirían presos políticos si “por motivos políticos, la detención e ingreso en prisión se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas”. Así, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y tres miembros de la Mesa de dicho Parlament, a pesar de haber sido acusados de los mismos delitos que Oriol Junqueras y los siete consellers (rebelión, sedición y malversación de fondos) habrían sido puestos en libertad con medidas cautelares para que, en un increíble ejercicio de prestidigitación jurídica, el juez Llarena haya ordenado de nuevo su ingreso en prisión con el objetivo confeso de anular sus derechos políticos.

Los jueces y la ‘doctrina Aznar’ Para entender el proceder de los jueces y la deriva involucionista del Estado español, habría que recurrir a la doctrina Aznar, que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “con el objetivo último de criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos todos ellos constituyentes de la llamada “perfección negativa”. Dicho término fue empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y que tendría a la Audiencia Nacional y los altos tribunales como brazo ejecutor. Así, la jueza Lamela sería la encargada del llamado caso Altsasu, en el que ocho jóvenes pueden ser condenados a penas estratosféricas de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores”. Por su parte, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sería el responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del vicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers de la Generalitat por presunto delito de rebelión, que asimismo podría acarrear penas estratosféricas, en un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que genera una inmediata reacción de repulsa popular e institucional y un proceso judicial de largo recorrido que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

Al contrastar la actuación judicial, y la connivencia mediática y social, en casos como los de los soberanistas catalanes o el de Altsasu, con la práctica y opinión internacional, la pregunta se convierte en retórica

El informe anual de Amnistí

El silencio de los medios El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos en los que la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso a eliminar el principio de inviolabilidad (habeas corpus) de las personas. Se realiza en este caso en nombre de la “sacro-santa unidad de España” y conlleva una deriva totalitaria del Estado español amparada por laespiral del silenciode los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), en aplicación de la teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libroLa espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social (1977). Se resumen en “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva.

El informe anual de AIEn este contexto, el reciente informe anual de Amnistía Internacional sobre las libertades en España ha vuelto a levantar ampollas en el establishment del Estado al certificar “la deriva autocrática” del Gobierno de Rajoy, que contaría con la complicidad de Ciudadanos y PSOE como garantes del caduco Régimen del 78.

Así, vuelve a condenar la aplicación de la legislación antiterrorista a los detenidos por los incidentes de Altsasu al señalar que “el poder judicial continuó aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista. Tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por su presunta participación en una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar de Alsasua (Nafarroa) en octubre de 2016 permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018”.

Asimismo, la organización ha constatado ataques al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como en la práctica policial (uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre en Catalunya) así como la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Respecto a la libertad de expresión, la nueva ofensiva represora del Gobierno de Rajoy basada en la aplicación de los llamados “delito de odio” y “de enaltecimiento del terrorismo” estaría constriñiendo hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y condenas de prisión para incontables tuiteros como Boro o raperos como Valtonyc, por lo que AI constata que el ejercicio de la libre expresión en las redes sociales “se ha vuelto cada vez más peligroso debido a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información”.

Que la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el contencioso catalán hagan revisar la vigencia de la Constitución del 78 en la que se sustenta el actual statu quo es una posibilidad. Pero la preguinta de si existen presos políticos en la sui géneris democracia del Estado español se contesta sola.

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