Editorial

Lo evidente, lo discutible, lo esencial

El auto de la Sala de Apelaciones del TS retrotrae a la consideración que hizo el Consejo de Europa del Estado español como el menos comprometido en la lucha contra la politización de la justicia

Miércoles, 18 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

EL auto de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo -formada por los magistrados Miguel Colmenero y Francisco Monterde y el ponente, Alberto Jorge Barreiro- que ratifica la prisión provisional para Jordi Sànchez incluye no menos de dos aspectos susceptibles de provocar debate en el marco de la práctica jurídica por lo inhabitual. En primer lugar, utilizar la resolución para rebatir los argumentos con que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazó la solicitud de extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión -al que se ofrece como alternativa el de sedición- puede ser considerado una injerencia en la competencia, independencia y jurisdicción de los jueces alemanes y una gratuita reinterpretación de las leyes que aquellos aplicaron en su decisión al no considerar esta “razonable”. En segundo lugar, en su auto, la Sala de Apelaciones podría, de facto, corregir y alterar el alcance del artículo 472 del Código Penal que señala como reos del delito de rebelión a “los que se alzaren violenta y públicamente” para incluir una variante no definida al considerar atribuible ese tipo penal a la utilización del cargo público obtenido en unas elecciones legítimas “con fines totalmente contrarios a los dispuestos por las normas que legitimaban su función”, lo que, llevado al extremo, podría concluir en un veto absoluto a cualquier intento de modificación del marco legal por parte de un gobierno legítimo y democráticamente elegido. Ambas consideraciones sugieren, además, una inclinación determinada de la Sala que incidiría en lo que ya denunciase hace menos de un año el informe del Consejo de Europa sobre la independencia judicial en los estados miembro al situar al Estado español como el menos comprometido en la lucha contra la politización de la justicia, lo que también han denunciado otros acusados en su comparecencia ante el juez Llarena. Y ello permitiría interrogarse sobre los magistrados no ya en lo evidente, es decir, su competencia para analizar la actuación de otros jueces respecto a otra legislación, en el caso del tribunal de Schleswig-Holstein sobre el delito de alta traición en Alemania;o en lo discutible, su capacidad para redefinir la legislación del Estado, como en el caso del delito de rebelión del Código Penal;sino incluso en lo esencial, su cumplimiento de la tutela judicial efectiva al supeditar el recurso de Jordi Sànchez a otras consideraciones fuera del caso.

etiquetas: editorial deia

COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Últimas Noticias Multimedia

  • ©Editorial Iparraguirre, S.A.
  • Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao
  • Tel 944 599 100, Fax 944 599 120