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POLÍTICOS CATALANES ENCARCELADOS

Jordi Sànchez, al juez Llarena: “No se puede ser juez y víctima”

Al igual que Junqueras y Cuixart, le acusa de “falta de objetividad” y vulnerar sus derechos

Igor Santamaría - Martes, 17 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium y ANC, antes de ser encarcelados.Foto: Efe

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium y ANC, antes de ser encarcelados.Foto: Efe

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Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium y ANC, antes de ser encarcelados.Foto: Efe

BILBAO- El frustrado candidato a president Jordi Sànchez, el exvicepresident Oriol Junqueras y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cargaron ayer contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que califican como “una causa política” motivada por “criterios puramente ideológicos” que criminaliza un “movimiento ciudadano pacífico”. Los tres líderes independentistas, en prisión preventiva, comparecieron para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos dentro del sumario abierto por el procés, y aprovecharon para censurar al magistrado acusándole de “falta de objetividad” y de “vulneración de derechos fundamentales”, en algunos casos empleando un tono árido y mirándole fijamente a los ojos, según fuentes jurídicas.

Principalmente, Sànchez, quien amén de acusar a Llarena de vulnerar sus derechos políticos por vetarle su presencia en el pleno de investidura suspendido, le espetó que “no es imparcial” al investigar estos hechos como “juez y víctima;es usted juez y parte”. Se trata de una afirmación que fuentes de su entorno sustentan remitiéndose al auto de procesamiento, donde el magistrado emplea la primera persona del plural para referirse a la “estrategia que sufrimos”. Para el expresident de la ANC, que declaró durante una hora y quince minutos, su situación procesal es “injusta” ya que a su juicio el Supremo “no tiene competencias” para llevar el caso y, además, tiene la “sensación” de que los resultados de las elecciones del 21-D han hecho “evolucionar” los argumentos de Llarena. Sànchez se cuestionó cómo se le puede achacar a Cuixart y a él de haber incitado a la violencia y alegó que en Catalunya la gente no funciona según los parámetros de otros territorios: “Catalunya no es Corea del Norte”, aseveró.

Igualmente, Junqueras defendió que nunca ha promovido ni asumido ninguna actuación violenta para lograr sus fines políticos, que era perfectamente consciente de que el referéndum no constituía ningún delito y que jamás se destinó un solo céntimo de dinero público al procés. En sus cuarenta minutos de declaración cargó contra el Supremo al afirmar que está encarcelado por un tribunal que no tiene competencia para conocer del proceso en una vista en que se vulneraron todos sus derechos. Y aseveró que el procedimiento judicial lo que busca es anular el movimiento político que representa y cercenar sus derechos políticos y los de quienes le votaron. Esta fue la línea que siguió Jordi Cuixart, quien en apenas quince minutos reiteró la vulneración de derechos políticos.

Todos quisieron aclarar que el conflicto en Catalunya es político y que por tanto se tiene que solucionar desde este ámbito y nunca judicializarlo, al tiempo que insistieron en que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación y que defender la independencia y promoverla es plenamente legal. Hoy continuaran las vistas indagatorias, esta vez con los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva y Josep Rull.

trapero, ante lamelaEn el ámbito estrictamente judicial ayer fue también el turno del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que insitió ante la jueza Lamela en desvincular la actuación del Cuerpo de la estrategia independentista y aseguró que su labor estuvo presidida por una firme determinación de cumplir con las órdenes emanadas del poder judicial y la Fiscalía. Este es el principal argumento que esgrimió en su recurso contra el auto de procesamiento por dos delitos de sedición y organización criminal que le fue notificado personalmente.

Vestido con traje y corbata oscura, gesto serio y sin su característica barba, Trapero se desmarcó ante el Govern del 1-O, dijo que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de la Fiscalía para cumplir sus “órdenes” tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia y que les comunicó que los Mossos seguirían “garantizando la seguridad ciudadana y el orden público en Catalunya”. Alega que la cúpula de los Mossos trasladó en dos reuniones a Puigdemont, Junqueras y Forn “la preocupación común” del Cuerpo por la seguridad ciudadana si se mantenía la celebración del 1-O, y que se les hizo saber que “no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista” y que existía una “firme voluntad y decisión” de respetar los mandatos judiciales.

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