Editorial

Ni impunidad ni venganza: justicia

Arranca hoy en la Audiencia Nacional el juicio por el ‘caso Altsasu’, con una acusación de terrorismo jurídicamente insostenible y peticiones fiscales de cárcel desproporcionadas

Lunes, 16 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

AÑO y medio después de que tuvieran lugar los hechos y con tres jóvenes en prisión provisional desde entonces, arranca hoy en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta agresión múltiple a dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Altsasu durante la madrugada del 15 de octubre de 2016. Se sentarán en el banquillo acusados de un delito de terrorismo ocho jóvenes altsasuarras, siete de ellos de edades comprendidas entre los 21 y 24 años y un octavo de 31 años, que se enfrentan a elevadas peticiones de cárcel por parte del fiscal -seis de ellos, a 50 años de prisión, otro a 62 años y otra joven a 12 años y medio-. La desproporción entre los hechos y la gravísima acusación de “lesiones terroristas” ha generado una gran controversia tanto jurídica como política. No hay que olvidar que desde el primer momento nadie entendió que pudiera tratarse de un caso de terrorismo -ni siquiera los informes de la Policía foral y de la propia Guardia Civil-, sino, en todo caso, de una agresión a los agentes y sus parejas -lo que no dejaría de ser suficientemente grave- e incluso el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz calificó lo ocurrido como un posible “delito de odio”. Además, la Audiencia de Navarra dictaminó que ni los hechos ni las lesiones encajaban en un caso de terrorismo, aunque posteriormente el Tribunal Supremo trasladó el caso a la Audiencia Nacional bajo la instrucción, curiosamente, de la jueza Carmen Lamela. Desde entonces, el despropósito del llamado caso Altsasu ha ido in crescendo hasta llegar a la vista que se inicia hoy. No cabe duda de que los hechos que tuvieron lugar aquella madrugada deben ser juzgados para determinar las responsabilidades que correspondan. En ningún caso puede plantearse la impunidad para los autores si existió una agresión. Y, en efecto, para determinarlo están los tribunales de justicia. Pero tampoco es de recibo la utilización política de una acusación de terrorismo fuera de lugar y tiempo que ha llevado el caso a la Audiencia Nacional, con peticiones de cárcel desproporcionadas, calificaciones penales insólitas, denegación de pruebas clave y una criminalización mediática que se ha extendido a todo el pueblo de Altsasu e incluso a Nafarroa. De ahí que, como en la multitudinaria manifestación del sábado, haya que exigir ni impunidad ni venganza, sino simplemente justicia.

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