MADRID. Se espera que los acusados, siete de ellos con edades comprendidas entre los 21 y 24 años y un octavo de 31 años, comiencen mañana a declarar ante la sección primera en la sede del tribunal en San Fernando de Henares.

El fiscal José Perals encuadra su actuación en delitos de terrorismo al entender que estos hechos "se enmarcaron en las campañas denominadas 'Alde Hemendik' , que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Euskadi, influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

"Existe una segunda intencionalidad -dice Perals en su escrito de acusación-, que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente".

El caso abierto contra los agresores acabó en la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia de Navarra, que no veía ese delito, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

Esa imputación de terrorismo levantó polémica en diversos sectores, que se plasmó ayer en la manifestación celebrada en Iruñea y apoyada por el Ayuntamiento y el Parlamento de Navarra, a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según al organización.

Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", recibieron también apoyo del Gobierno de Navarra, de partidos como Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu, y sindicatos como CCOO, ELA y LAB.

De hecho, Amnistía Internacional ha anunciado que acudirá como observadora al juicio al entender que los encausados no cometieron ningún delito de terrorismo.

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (estos tres primeros están en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.
Para una octava procesada, Ainara Urquijo, el fiscal pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

La Fiscalía propone unas penas alternativas rebajadas para los principales acusados, de 30 años de cárcel para Ohian Arnanz y 18 años para los otros seis por desórdenes públicos terroristas, atentado contra la autoridad, lesiones no terroristas y, en el caso del primero, también amenazas terroristas.

Está previsto que los acusados comiencen a declarar mañana ante el tribunal después de la fase de cuestiones previas, en la que las defensas pueden presentar nuevas pruebas pero que no se espera larga.

Durante la instrucción, los acusados se negaron a contestar al fiscal y a la acusación, ejercida por la asociación de víctimas Covite y que aumenta sus peticiones de pena hasta los 66 años y medio de cárcel para Arnanz y entre 54 y 14 años para el resto de acusados.

Tras sus declaraciones comenzará la fase de prueba, en la que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, se espera la comparecencia de medio centenar de testigos, 17 de ellos propuestos por la Fiscalía, como el propietario y una camarera del bar donde ocurrieron los hechos, así como los policías forales que acudieron al lugar.

Por parte de las defensas hay más de 30 testigos previstos, muchos de ellos personas que, según los abogados, presenciaron los hechos.