Tribuna abierta

Pensionados de Venezuela en situación de abandono

Por Carlos Rodríguez Castañeda - Viernes, 6 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

EL régimen de la arbitrariedad que hoy impera en Venezuela ha lanzado a sus pensionados que han fijado residencia en el exterior al total abandono. Entre esos pensionados se encuentra quien, siendo venezolano, escribe. Sin distingo de nacionalidad. Ni sexo. Ni religión. Ni raza. A todos, desde hace más de dos años, les ha dejado de pagar la pensión. Sin más. A cualquier búsqueda de información, la misma respuesta, verbal, cínica, copia al carbón, del funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o del funcionario consular: “Nadie ha dicho que no se les va a pagar”. A toda comunicación escrita que se les dirige, en tal sentido, no se le da respuesta. No hay Constitución. No hay ley. Es de advertir que, a diferencia del ordenamiento administrativo de España, la revolución del socialismo del siglo XXI ha convertido en norma (imperio de la negligencia y la perversidad), el precepto que establece: “Si la administración no responde se ha de entender que ha negado lo llevado a su conocimiento y decisión”.

Todo apunta a que el régimen no tiene ninguna disposición de darle cumplimiento a su obligación de pagar las pensiones a los que, residenciados en el exterior, somos legítimos beneficiarios de las mismas. Y, más grave todavía, también habría desviado los montos a los cuales suman las correspondientes cotizaciones hacia fines solo conocidos por el mismo régimen. Los pensionados de Venezuela residenciados en el exterior suman alrededor de 11.000. En promedio, cada uno de ellos trabajó y cotizó durante treinta años al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En España, ya españoles que han retornado, ya venezolanos o de otras nacionalidades que, habiendo laborado en Venezuela, residen en España, suman 7.500 pensionados. En Euskadi residimos aproximadamente 450. Todos, sin excepción, hemos sido reducidos, por la arbitrariedad imperante en Venezuela, a pobreza extrema, a la indigencia. Algunos subsistimos gracias a la ayuda de familiares y amigos o de organizaciones sin fines de lucro o instituciones oficiales específicas de las Comunidades Autónomas en las que estamos empadronados.

Un convenio vigente Entre España y Venezuela se firmó un convenio en 1988, vigente, mediante el cual Venezuela se compromete a transferir los montos de las pensiones a los beneficiarios de las mismas que hayan fijado su residencia en España en la moneda oficial de este país (euro en la actualidad). Y, viceversa, España adquiere el mismo compromiso con respecto a sus propios pensionados residentes en Venezuela. España cumple el convenio. El régimen de la arbitrariedad imperante hoy en Venezuela lo incumple en su totalidad. Se coloca así al margen de toda norma: no cumple con la propia ley de su país y tampoco da cumplimiento a los tratados internacionales. Y, como ya hemos dicho, su proceder arbitrario va más allá. El fondo de las pensiones, pertenecientes a los pensionados de Venezuela residentes en el exterior lo ha desviado en su totalidad para aplicarlo a fines que nada más el régimen conoce.

El régimen venezolano no solo incumple su propia ley respecto a las pensiones que debe pagar a los pensionados residentes fuera del país, también ignora los tratados internacionales sobre la materia

Si al pensionado se le cumple la vigencia d

A este proceder, violatorio de derechos humanos y laborales en particular, el socialismo del siglo XXI agrega el burocratismo, carrera de obstáculos que convierte la realización de cada trámite ante esa administración en una odisea. Los pensionados somos los que más padecemos ese azote. Cada consulado, el de Venezuela en Bilbao también, lleva una relación de los pensionados de Venezuela residentes en el área de su jurisdicción. Sin embargo, para realizar cualquier diligencia ante ese órgano consular hay que llevar constancia y más constancias (papeleo ocioso) de la misma información que esa institución ha levantado de cada pensionado. Es tal el burocratismo, por ejemplo, que, en conocimiento como están tanto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como el consulado de Venezuela en Bilbao de que no se pagan las pensiones desde hace más de dos años, se exige que el pensionado lleve constancia del banco (en Bilbao) de que no se han efectuado las transferencias correspondientes. Por supuesto que el banco lo que hace es sellar un hoja en blanco, con la última relación de la libreta bancaria. Si al pensionado se le cumple el término de vigencia de la cédula de identidad (documento público que lo identifica), tiene que ir a Venezuela para intentar renovarlo. Ahora bien, ¿con qué dinero va a viajar si es un pensionado que solo dispone de su pensión para sobrevivir y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se la paga desde hace más de dos años? A partir de ahí, la cadena de iniquidades: con el documento de identidad vencido no se le permite realizar ningún trámite ante la administración. Y aun teniendo el documento de identidad vigente, no hay garantía de que obtenga una respuesta. Puede solicitar, por ejemplo, el pasaporte y pasar más de un año sin que se lo expidan. Puede que, sin ninguna explicación, lo pongan a esperar y nunca le expidan ese documento. Y, sin el pasaporte en vigencia no puede realizar ningún trámite ante el órgano consular venezolano ni en el país donde reside. La dictadura de la arbitrariedad y del sadismo lo convierte en un indocumentado. En un ilegal. En un deportable.

La situación interna La situación de los pensionados de Venezuela que mantienen su residencia en el país adquiere también carácter de tragedia humanitaria. La monstruosa devaluación a que ha sometido la dictadura el bolívar (unidad monetaria venezolana) ha convertido esta moneda en basura: 43.000 bolívares por dólar, al cambio oficial;220.000 bolívares por dólar al cambio paralelo (mercado negro) lo que, unido a una hiperinflación de más de dos mil por ciento, ha colocado a todos los pensionados en situación de abandono, de miseria extrema. El sueldo mínimo en Venezuela en la actualidad alcanza a 1.300.000 bolívares, que es el mismo monto a que ascienden las pensiones. Por lo que, si se hace la conversión de bolívares a dólares, al cambio de subasta oficial, el sueldo mínimo, en el mejor de los casos, es de 30 dólares mensuales, aproximadamente 25 euros.

Pero no son solo los pensionados sino también toda la población de Venezuela la que se encuentra en total indigencia, con excepción de los jerarcas del régimen y validos del socialismo del siglo XXI, entre los cuales se encuentran sus bien pagados asesores extranjeros. No hay alimentos, no hay medicinas, la hiperinflación destruye todo poder adquisitivo y toda protesta es reprimida con fuego real, persecución y detenciones masivas.

La comunidad internacional, ante la hambruna que azota a la población, ha anunciado que está lista para enviar ayuda humanitaria. El socialismo del siglo XXI y la usurpación se han negado, poniendo sitio militar al país, a permitir que esa asistencia mitigue el hambre que hoy aniquila a los venezolanos.

Hoy, Venezuela y los venezolanos, seamos o no pensionistas, requerimos de urgencia de la solidaridad internacional y la decidida acción externa para detener el genocidio que la tiranía ejecuta mediante la hambruna que ha generado y sigue generando contra los venezolanos, ya permanezcan en el país, ya estén residenciados en el exterior. Y, ante tal devastación, la repulsa nacional y una sola respuesta del régimen: brutal represión policíaco-militarista. Hoy, Venezuela es un país sometido a sitio militar por su propio ejército, que actúa como fuerza de ocupación.

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