Editorial

Nada ha cambiado

Cualquier apelación a la responsabilidad exige un giro radical en la acción política de Rajoy cuando aquel a quien este apela no lo cree responsable sino contraproducente para la sociedad a la que representa

Miércoles, 4 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

LA apelación continuada desde el Gobierno Rajoy y el PP, también desde Ciudadanos, a otras fuerzas y especialmente al PNV recabando su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado ayer se antoja tan gratuita como lo era con anterioridad a que C’s y PP llegaran a un acuerdo sobre las cuentas. No ya porque nada se ha alterado en el plano político en este tiempo y la aplicación del art. 155 en Catalunya sigue vigente, incluso como amenaza para el autogobierno vasco, cuando los jeltzales han reiterado como conditio sine qua non su retirada;también porque el incumplimiento estatuario, con su notoria incidencia en las capacidades socioeconómicas de Euskadi, se eterniza;y asimismo porque lo que se ha dado a conocer de las cuentas tampoco comporta avances nítidos en la respuesta a las demandas de la sociedad. Que el Gobierno Rajoy y sus medios afines pretendan en todo caso ofrecer como motivo para el pretendido apoyo el aumento de la inversión del Estado en la CAV que plantean los presupuestos hasta los 509 millones se desdice por sí solo cuando esa inversión incluye partidas destinadas a infraestructuras ya acordadas, cuando apenas supone el 5% del total de inversión en las CC.AA. (frente al 12%, 13% y 14% de Madrid, Cataluña y Andalucía respectivamente), cuando ese porcentaje está por debajo del 6,4% que la CAV aporta al Estado vía Cupo o cuando Euskadi es solo la octava comunidad receptora por volumen de inversión. Y que se apele al supuesto carácter social del proyecto de presupuestos en base al incremento del gasto en pensiones -mientras no se transfiere a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que marca el Estatuto- o la modificación del IRPF para ingresos anuales inferiores a 14.000 euros debe asimismo considerarse desde una absoluta prevención, no en vano el incremento del gasto en pensiones previsto es de apenas el 3,7% cuando la previsión de recaudación sube un 6,4% y alcanza su máximo histórico y la del PIB supera el 4,2%. En definitiva, cualquier apelación a una supuesta responsabilidad que no lo es cuando el apelado considera que sería contraproducente para la sociedad a la que pretende representar será de todo punto inútil mientras no vaya acompañada de un giro radical en la acción política del Gobierno y de una revisión profunda de unas cuentas concebidas con idéntico afán homogeneizador.

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