Tribuna abierta

Pensiones, cuestión de justicia social

Por Ibon Rodríguez - Jueves, 29 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

LAS pensiones han llegado a la actualidad política impulsadas por concentraciones de jubilados y jubiladas, cada vez más numerosas, hastiados de verse marginados y vapuleados. Es un debate, el de las pensiones, que debemos afrontar desde dos puntos de vista: uno, a corto plazo;otro, referido a la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, tanto para el corto plazo como para el largo plazo se impone un cambio de visión que permita imaginar caminos aún por recorrer y nuevas formas de lucha.

Es necesario cambiar el imaginario popular. Tendemos a pensar que cotizamos durante toda la vida para que alguien, el Estado, nos guarde el dinero que nos dará cuando nos retiremos. Este esquema de pensamiento legitima la reclamación basada en los derechos adquiridos, pero también legítima y perpetúa las injusticias y desigualdades cometidas en el pasado. Si alguien tuvo la suerte de tener un buen trabajo, con un buen sueldo y una buena cotización, se da por lógico que tenga una mayor pensión. De esta manera, una vez más son los trabajadores, quienes han soportado los empleos precarios, quienes se enfrentan a pensiones más bajas, a revalorizaciones que no llegan a los 2 euros al mes.

La situación de las trabajadoras es aún peor. Relegadas a trabajos en precario, en negro en el pasado, casi la única parte activa de esa economía de los cuidados tan necesaria y aún hoy tan poco valorada, el presente las relega otra vez a la pobreza: las pensiones más bajas son para ellas. Fueron amas de casa, “las que no trabajaban”, pero sin su trabajo oculto, negado, el desarrollo económico no hubiese sido, ni es, posible. Es a esas trabajadoras a las que este sistema condena a la cola de la precariedad.

Las pensiones deben ser entendidas como un elemento de reparto de la riqueza, de justicia, que como tal debe estar garantizado, lo que interpela a todos los ámbitos de responsabilidad institucional

Entender el sistema de pensiones como un derecho individual basado en las cotizaciones en época laboral de las personas legitima también el discurso que desde la banca y la derecha liberal se viene fomentando en las últimas décadas: las pensiones públicas no son suficientes, hay que completarlas con sistemas privados de pensiones. Pensiones privadas que nos venden los bancos y se encuentran con facilidades aprobadas por los diferentes legisladores de uno u otro signo. Este imaginario colectivo sobre las pensiones da veracidad al discurso de que la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida ponen en peligro el sistema. Y así otra vez nos dicen lo importante que es acudir a sistemas complementarios de carácter privado.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las pensiones no se soportan con las cotizaciones pasadas si no con las cotizaciones presentes. Así, la situación del mercado laboral es determinante, las altas tasas de paro, la precariedad del mercado laboral iniciada en el Estado español por el PSOE y profundizada hasta el sangrado por el PP, van en contra del sistema de pensiones. Pero también va en contra del sistema de pensiones la constante automatización del trabajo (las máquinas no cotizan, las personas trabajadoras, si). Y si encima rebajamos el impuesto de sociedades, las máquinas cotizan cada vez menos. Es absolutamente necesario aumentar la aportación al sistema de las rentas del capital y no hacerlo descansar casi íntegramente en las rentas del trabajo.

Hemos de entender las pensiones como un elemento más de justicia social, de reconocimiento a quienes construyeron la sociedad y como un reparto de riqueza. No se trata tanto de repartir trabajo como de repartir riqueza, es ahí donde debemos incidir. No debe ser tan importante cuánto se cotizó en un pasado si no la dignidad de la vida presente y esta no puede basarse en la mayor o menor suerte o en el nivel de justicia o injusticia que han soportado las personas en el pasado. Las pensiones deben ser entendidas como un elemento de reparto de la riqueza, de justicia que, como tal, estar garantizado. Este punto de vista puede exigir cambios en nuestras percepciones personales;por ejemplo, no tengo derecho a más pensión por haber cotizado más, el primer paso es la garantía de la dignidad de la vida presente, y puede ocurrir que quien menos tiene más necesite. Pero también exige un cambio sustancial en la consideración de qué ingresos debe garantizar el sistema de pensiones y ahí entran en juego los beneficios empresariales y las aportaciones de las rentas el capital.

Desde este punto de vista, nos encontramos ante una cuestión que interpela todos los ámbitos de responsabilidad institucional. Reclamamos gestionar desde Euskal Herria nuestras pensiones, (tal como se estableció hace cuarenta años en el Estatuto de Gernika y en el Estatuto de Nafarroa, pero el Estado ha incumplido esas previsiones legales, poniéndoe también en evidencia la falta de resortes del actual sistema autonómico, pues el Estado no cumple y no hay manera de obligar a que lo haga. Pero no debemos de perder de vista que una gestión mimética de lo que hace la derecha en el Estado tampoco garantizará su viabilidad. Hasta que consigamos la transferencia, desde todos los ámbitos podemos hacer algo. Existen propuestas sobre el complemento de las pensiones vía presupuestos. Los pensionistas piden una pensión mínima de 1.080 euros. Este puede ser también el límite que adoptemos en los ayuntamientos, por ejemplo, para poder acceder a ayudas, a bonificaciones en las tasas de basura y alcantarillado. La lucha de las pensiones es una lucha por el reparto de la riqueza, aquí tenemos mucho trabajo por hacer. En la calle y en todas las instituciones.

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