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Las aportaciones a funcionarios, en el punto de mira de Madrid

Ya en 2012 el Gobierno de Rajoy suspendió las EPSV y el Gobierno de Patxi López recurrió ante el Constitucional

Miércoles, 28 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

bilbao- No es la primera vez que las aportaciones a planes de pensiones de los funcionarios en la CAV son motivo de litigio judicial entre las administraciones vasca y española. El precedente quedó establecido en 2012 aunque entonces fue el Gobierno vasco, presidido por Patxi López, el que recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de las aportaciones públicas a los planes de pensiones de los alrededor de 70.000 empleados públicos vascos. También entonces el argumento esgrimido fue el de la invasión de las competencias vascas por parte del Gobierno de Rajoy, el mismo que ahora alega el presidente español para actuar contra las instituciones vascas, si las partes no llegan a un acuerdo y finalmente se consuma el recurso.

Los presupuestos vascos de 2012 recogían las aportaciones a la EPSV Itzarri concebidas en 2004 como una mejora salarial en diferido, pero fueron suspendidas por el Gobierno español. El Gobierno vasco había aprobado una aportación de 53 millones de euros, la misma que un año antes, a la entidad de previsión social voluntaria de los funcionarios autonómicos. Las EPSV son el equivalente en Euskadi a los planes de pensiones, reguladas por una ley vasca y con distinto tratamiento fiscal. Ese mismo año quedaron suspendidas por la misma razón las aportaciones a la entidad de previsión Elkarkidetza de los funcionarios de las Diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

Tras cinco años congeladas, el Gobierno vasco ha retomado ahora estas aportaciones “prohibidas” desde 2012 por la normativa estatal que a través de un decreto-ley estableció la imposibilidad de continuar nutriendo esa hucha de los empleados públicos con el ánimo de limitar el déficit público del Estado español. Sin embargo, en 2013 el PNV anunció públicamente que había pactado con el PP en las Cortes Generales el levantamiento de ese veto, aunque el Gobierno vasco no hizo uso de esa posibilidad en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

El Gobierno vasco pretende este año incrementar el sueldo de los trabajadores públicos en un 1,5%, tal y como está fijado en los presupuestos vascos, y espera que la subida sea retroactiva al 1 de enero. - DEIA

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