Editorial

Una cuestión de principios

Con el artículo 155 activo, las instituciones catalanas intervenidas y el cuestionamiento de los derechos civiles y políticos de los nacionalistas catalanes, la presión sobre el PNV para que apoye los presupuestos de Rajoy es estéril

Martes, 27 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

EL anuncio por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año en curso elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy y la alusión pública a las posibilidades de que el acuerdo se extienda al PNV se explica únicamente en la consciencia de que esto último se antoja inalcanzable. Rivera pretendería así oponer a su imagen de inconsistencia, también de inconstancia ideológica y de actuación, otra de compromiso y sensatez de carácter gratuito ante la posibilidad de que Rajoy haya estado tentado de anunciar la presentación de las cuentas únicamente con el objetivo de poder situar su no aprobación en el debe de Ciudadanos y su falta de responsabilidad. Así, opta por anunciar un acuerdo para el que ni el Gobierno Rajoy ni Ciudadanos no solo no han dado motivos sino que no han eliminado ninguno de los motivos que lo hacen inviable, siendo el primero de ellos el mantenimiento de la suspensión del autogobierno catalán por la aplicación del artículo 155. Desde el primer momento, el PNV puso como condición inexcusable para negociar el apoyo a los presupuestos del Gobierno Rajoy para 2018 el regreso a la normalidad política e institucional en Catalunya, en consonancia con el papel jugado por los jeltzales y por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la crisis política que se produjo tras el referéndum del 1 de octubre, con el que trataron de encauzar el diálogo y evitar el enconamiento del conflicto político y una judicialización que, a la vista está, se ha confirmado contraproducente. En un entorno de artículo 155 en plena aplicación, las instituciones catalanas intervenidas y una actuación de la justicia cuestionable en relación a los derechos civiles y políticos de los principales líderes soberanistas catalanes, las presiones sobre el PNV para que se incorpore al acuerdo presupuestario de PP y Ciudadanos resultan estériles;rechazar el 155 es defender las instituciones vascas. Y si el gobierno español quiere sacar adelante los presupuestos, deberá modificar ese escenario o buscar apoyos en el bloque de aquellos que respaldan o toleran su antipolítica respecto a Catalunya. Quizá de ahí que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, se dirigiera ayer al PSOE y le solicitara disposición a escuchar los contenidos del proyecto presupuestario.

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