Editorial

Ingeniería jurídica, literatura judicial

El enorme esfuerzo del juez Llarena para relacionar a los procesados con supuestas actitudes violentas con que razonar el delito de rebelión hacen sospechar un objetivo político: descabezar al soberanismo

Sábado, 24 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

CERCA de cumplirse seis meses desde el 1-O y tras el rosario de despropósitos políticos y judiciales en torno al procés catalán -cuyo último episodio tuvo lugar ayer con el decreto por el juez del TS, Pablo Llarena, de prisión provisional para Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa- se antoja imprescindible el análisis de una realidad que difiere de la que se describe en el auto de procesamiento remontándose al acuerdo que firmaron ¡el 19 de diciembre de 2012! Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC). Llarena lo cita como primer acto de lo que luego denomina “un ataque al estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de Gobierno para Cataluña y el resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia”. Que esa voluntad de cambio no suponga delito alguno sino el traslado democrático a la acción política de una ideología y un objetivo nacional tan legítimos como los que se podrían definir opuestos es lo que obliga a Llarena a imputar el “delito de rebelión del art. 472.5º, 7º y concordantes del Código Penal” contra los que “se alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Cabe recordar, en todo caso, que de los 28 imputados inicialmente, todos menos Mas, Pascal y Lloveras se hallan procesados y que, de ellos, son 13 (Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sânchez, Cuixart, Rovira, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín y Bassa) los que enfrentan dicho delito. También que la imputación de rebelión la justifica el juez en la concentración del 20 y 21 de septiembre ante la Conselleria de Economía en Barcelona, -en la que la mayoría no tuvo participación alguna y quien la tuvo, como Sànchez y Cuixart, llamó a la calma- así como en el mismo 1-O, que para Llarena “supone no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado”, con lo que para justificar la existencia de un delito convierte la resistencia pacífica a la actuación policial en resistencia violenta a la contención policial. Llegados a este punto, se antoja que tamaño esfuerzo de ingeniería jurídica y literatura judicial hace temer que pueda albergar un objetivo que se aleja del de ejercer justicia y que adquiere aspecto de político: descabezar al soberanismo catalán.

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