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dilatar su publicación

PP y PSOE buscan retrasar que los secretos oficiales salgan a la luz

El PNV reprocha a Rajoy que proponga al CNI como custodio de la información clasificada

I. Fradua - Jueves, 22 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, charla con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la sesión de control al Gobierno de ayer.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, charla con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la sesión de control al Gobierno de ayer. (EFE)

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La portavoz del PSOE, Margarita Robles, charla con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la sesión de control al Gobierno de ayer.

Bilbao- Tras año y medio de bloqueo, el Congreso de los Diputados debatió ayer una proposición del PNV para modificar la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en plena etapa franquista en 1968. La propuesta reclama la inmediata desclasificación de los archivos confidenciales de más de 35 años de antigüedad. Las enmiendas presentadas por PP, PSOE y Ciudadanos, sin embargo, amenazan con alargar ese plazo. Populares y socialistas pretenden que los primeros documentos confidenciales no salgan a la luz hasta 2023 y 2028, respectivamente. Es más, el Gobierno confía en poder dilatar su publicación hasta los 50 años y que los archivos puedan quedar guardados en un cajón indefinidamente si existiera “riesgo para la integridad de las personas”.

Las enmiendas de PP, PSOE y Ciudadanos retocan tanto la proposición del PNV que los jeltzales incluso auguran que podrían votar en contra por quedar “aguada”. Y es que además de dilatar los límites temporales para la desclasificación -con plazos según la tipología-, se podrían endurecer los requisitos. Una de las enmiendas del PP señala al Consejo de Ministros como la Autoridad Nacional para la seguridad de la información clasificada, aunque recoge que podría delegar la labor en el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este condicionante supone “poner al zorro a cuidar del gallinero”, remarcó gráficamente el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, a cuyas preguntas tuvo que contestar Rajoy.

Las “enmiendas gatopardianas” de los tres partidos a una Ley de Secretos Oficiales que en medio siglo de vigencia no ha cambiado ni una coma “convierten a España un Estado oscurantista de derecho más que un Estado democrático de derecho”, sentenció ante un Rajoy que se limitó a declarar que buscará “acuerdos” para “modernizar el contenido” de una materia “tan delicada”. “El PP quiere llevar la clasificación de las materias secretas hasta los 50 años y además pueden hacerlo indefinidamente bajo un enunciado genérico como el de riesgo para la integridad de las personas”, aseveró.

Esteban también recordó que Ciudadanos no quiere desclasificar nada hasta 2040”, pero consideró “más decepcionante” que el PSOE apostara por no realizar desclasificaciones “hasta 2030”. Por último, conminó al Ejecutivo del PP a analizar las normativas europeas al respecto, que consideró más aperturistas que la estatal, a la que calificó de “burla para todos y una burla para los historiadores que tienen que peregrinar de archivo en archivo en el extranjero”.

petición recurrenteLa desclasificación de documentos oficiales es un debate que aparece cíclicamente en el Congreso. Y aunque el PNV ha llevado la batuta de las reclamaciones los últimos tiempos, diversos partidos han trasladado a las Cortes la necesidad de bucear en los archivos secretos para esclarecer sucesos de la dictadura y la Transición, como las matanzas de los Sanfermines de 1978 en Iruñea o del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. También ha habido peticiones para publicar documentación más reciente, como la Operación Copérnico -la respuesta policial al 1-O con el famoso barco Piolín-, los atentados de Barcelona o los documentos clasificados que podría tener la Fundación Francisco Franco. Sin embargo la Ley de Secretos Oficiales, que guarda celosamente informes desde 1931 hasta 1968, ha ejercido de muro infranqueable. Diferentes gobiernos españoles, ya fueran del PP o del PSOE, se han negado a publicar información relevante agarrándose a una normativa impulsada por el ministro de Información de la dictadura y después fundador del PP, Manuel Fraga.

Las propuestas

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