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La fiscal acusa a Urdangarin de ser un “instigador de la corrupción”

Solicita que se incremente su condena inicial de seis años y tres meses a diez años de cárcel

Jueves, 22 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso Nóos.

Magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso Nóos. (Foto: Efe)

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Magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso Nóos.

Bilbao- La fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Garrido, defendió ayer incrementar las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, por considerarles “motor de toda la secuencia” de los delitos cometidos en el caso Nóos e “instigadores de la corrupción” que la Audiencia de Palma dio por probada. Para el primero solicitó que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión a 10 años.

La representante del Ministerio Público defendió la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para el expresidente balear Jaume Matas (PP) por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un “delito bilateral” en el que es necesario el concurso de todas las partes. “En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad”, señaló la fiscal para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.

Urdangarin fue condenado a 6 años y tres meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno), además de la responsabilidad civil. La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño. Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado han solicitado al Supremo un nuevo cálculo del daño patrimonial producido por los condenados, en base a la jurisprudencia.

En el recurso presentado ante el Supremo, Urdangarin también rechaza la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía, pero su defensa niega que tanto él como su exsocio incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron dos millones de euros.

En Valencia Respecto de los hechos cometidos por Urdangarín y Torres en la Comunidad Valenciana, que no fueron tomados en consideración por la Audiencia de Palma, la Fiscalía pide que también se consideren para las condenas, ya que son “cronológicamente paralelos” y con idéntico desarrollo a los foros deportivos organizados en Baleares por Nóos, una organización que no tenía ánimo de lucro. Muy al contrario, en todas sus operaciones existió una “omisión absoluta de un procedimiento administrativo” que hubiera situado su actuación en igualdad de condiciones al de otras organizaciones en el mercado según la fiscal, quien concluye que se hicieron “tres contratos falsos” cuyos gastos no se justificaron “en nada”.

A pesar de que ningún recurso afectaba a la infanta Cristina (condenada a pagar 265.088 euros como responsable civil a título lucrativo), su abogado intervino en la vista para solicitar que se confirme la condena de pago en costas del juicio a Manos Limpias. El letrado reprochó al pseudosindicato, la única parte que acusó a la infanta, que quisiera “lesionar la dignidad de su alteza real” y procurarle “un daño mediático, como así consiguió” pidiéndole una pena “inédita y temeraria” de 8 años de cárcel por ayudar a su marido a defraudar, de la que fue absuelta. - DEIA

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