piden cambiar la ley de suelo

Constructores vizcainos piden medidas para reactivar la obra pública y la vivienda

EFE - Miércoles, 21 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 12:05h

Alex Bidetxea (d) e Iñaki Urresti (i), Presidente y Secretario General de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (ASCOBI)

Alex Bidetxea (d) e Iñaki Urresti (i), Presidente y Secretario General de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (ASCOBI) (EFE)

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Alex Bidetxea (d) e Iñaki Urresti (i), Presidente y Secretario General de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (ASCOBI)

La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi-Bieba) ha pedido hoy a las administraciones que mejoren el precio de la obra pública y cambien la ley de suelo para reactivar la vivienda, porque el sector necesita "estímulos", ya que apenas ha salido de la crisis.

BILBAO. Así lo han expuesto los responsables de esta Asociación, Alex Bidetxea, presidente de la misma, e Iñaki Urresti, secretario general, durante la presentación en Bilbao del informe anual de actividad del sector de la construcción y promoción inmobiliaria en Bizkaia y el País Vasco correspondiente a 2017.

Ambos han explicado que el sector se limita a mantener su actividad, sin notar la reactivación económica general, aunque vislumbran expectativas de crecimiento para 2018.

Así, respecto a la obra pública, en 2017 subió un 46 % en el conjunto del País Vasco, -un 18 % en el caso de Bizkaia- pero los porcentajes no son muy relevantes, ya que el problema es que parten de unas cifras muy bajas.

De hecho, el año pasado se licitaron obras públicas en Bizkaia por importe de 448 millones, cuando en 2010 la cifra rozó los mil millones, el doble.

A este escasa cifra se suma que las adjudicaciones de obra pública se siguen realizando a la baja en precios, lo que la sitúa en muchas ocasiones por debajo de los costes directos de producción.

Se forma una "rueda" que trae consigo el deterioro de las cuentas de resultados de las constructoras y de las condiciones laborales de los trabajadores, ha explicado Urrezti.

Por ello, la patronal de la construcción ha pedido "estímulos públicos" para impulsar la obra pública y la aplicación de una política de precios de adjudicación "sensata y coherente con la calidad exigida y los costes reales de ejecución".

La otra actividad en la que se basa la construcción, la edificación de vivienda nueva, también se limita a mantenerse: en 2017 se iniciaron en Bizkaia 2.135 pisos, dos menos que el año anterior. En los años buenos, antes de la crisis, se comenzaban tres mil viviendas anuales en Bizkaia.

Debido a la escasa oferta de vivienda nueva ésta sigue perdiendo peso en las ventas: ya sólo supone 1 de cada seis de las ventas totales.

Del total de viviendas nuevas, 1.271 son libres -un 25 por ciento menos- y 864 protegidas -se ha duplicado-. Para corregir este descenso en la vivienda nueva libre la patronal ha pedido cambios legales.

En concreto, según han explicado, el problema está en la ley del suelo, de 2006, un momento económico contrario al actual. Entonces se estipuló una tasa de reserva de vivienda protegida en cada urbanización que ahora es inasumible, de manera que no se construye vivienda libre.

Respecto a los precios de la vivienda en Bizkaia, ha subido la vivienda nueva, hasta 3.552 euros el metro cuadrado, pero solo un 1,7 por ciento;más ha crecido, un 12,5 por ciento, hasta 2.768 euros, el de la vivienda usada.

Esta situación en la que el sector no termina de arrancar se ha traducido en que el empleo bajó en 700 personas en Bizkaia el año pasado, con lo que, desde 2007, el sector ha perdido unos 25.000 puestos directos.

Una de las paradojas de las que han advertido hoy es que si a partir de este año se confirma la reactivación no va a encontrar personal especializado, como los albañiles, que durante la crisis se han ido a trabajar a otros sectores.

Por último, la patronal se ha congratulado de la firma la semana pasada del convenio de la construcción de Bizkaia, para cuatro años, y ha pedido que ahora la autoridad laboral vigile las situaciones de competencia desleal que se puedan producir por parte de empresas que no cumplan el convenio.

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