Barnealdea

Pensiones: la gran estafa (y III)

Por José A. Diez Alday - Lunes, 19 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

la respuesta ha sido concluyente e histórica. Poco más se puede añadir a lo manifestado, vivido y sentido, en la tarde del pasado sábado, contra el actual sistema de pensiones públicas. La ciudadanía, mujeres y hombres, es consciente de que su demostrada fortaleza por la unión de todos en las calles se puede convertir en debilidad si sigue lamiéndose las heridas en silencio para terminar siendo presa fácil y vulnerable de los depredadores políticos y electoralistas. Ahora toca tomar nota y mirar al futuro en el corto, medio y largo plazo. No se trata, y esto es importante, provocar la caída de Rajoy y su gabinete (aunque lo merezcan), sino de cambiar la actual tendencia que empobrece a los pensionistas. Es decir, toca exigir a los políticos -tanto del Gobierno como de la oposición- responsabilidad con lo que representan y prometen para poner fin a la gran estafa, porque, ¡qué gran paradoja de nuestra existencia!, en una sociedad como la occidental, el aumento de la esperanza de vida, consecuencia del progreso tecnológico y científico, significa agravar las desigualdades, acentuar la pobreza y, en definitiva, castigarnos porque vivimos más. Pues bien, ese mirar al corto, medio y largo plazo significa poner en marcha medidas urgentes para restablecer el poder adquisitivo y reducir la pobreza, medidas necesarias para reducir el déficit de la Seguridad Social y medidas importantes para implementar un nuevo modelo que subsane las carencias actuales y evite nuevos desequilibrios entre los pensionistas del futuro. Un triple objetivo que se resume en una actitud: voluntad política. Dicho lo cual, ponemos negro sobre blanco algunas de estas medidas ya expuestas.

URGENTES Digamos que la puesta en marcha de este tipo de medidas debe ser inmediata e inaplazable porque deben paliar o minorizar los daños coyunturales. No se puede sustentar un Estado de Bienestar si los más desfavorecidos pierden poder adquisitivo o sufren la pobreza energética, cuando ya son extremadamente vulnerables a subidas de precios en productos básicos, como tampoco pueden ser moneda de cambio para aprobar los presupuestos en sede parlamentaria.

Se ha calculado que una subida de las pensiones acorde con el IPC registrado en 2017 supondría un gasto adicional en torno a los 2.000 millones de euros. Una cifra que se antoja fácilmente asumible por el Gobierno si existe voluntad política para frenar los deteriorados bolsillos de los más débiles.

NECESARIAS Deben considerarse como tales las que frenen el deterioro progresivo del sistema. Por ejemplo, reduciendo el déficit de la Seg. Social. En este caso, las pensiones no contributivas -las de viudedad y orfandad- deben pasar a depender de los Presupuestos del Estado. Otro tanto podría hacerse con las bonificaciones y deducciones estipuladas para incentivar la creación de empleo. Estas bonificaciones, que son buenas para los empresarios, no debieran recortar los ingresos de la Seguridad Social, sino ser descontadas en las declaraciones e impuestos de las empresas o los empresarios. Lo mismo puede decirse de la tarifa plana establecida para los autónomos. ¿Por qué no se deducen esas ayudas de las declaraciones del IRPF o del IVA? Estas medidas necesarias reducirían sustancialmente el déficit de la Seguridad SOcial. También convendría derogar las reformas de 2011 y 2013, fundamentalmente esta, ya que incluye el famoso factor de sostenibilidad que entrará en vigor el 1 de enero.

IMPORTANTES Por último, las medidas importantes son aquellas que afectan directamente a la estructura del sistema de pensiones públicas. En tanto sigan vinculadas directamente al mercado de trabajo, las cotizaciones son finalistas y directamente proporcionales a los salarios. Por tanto, es difícil establecer una pensión mínima que sobrepase los porcentajes tasados entre un mínimo de 858 euros al mes y un máximo de 3.751. Se impone reflexionar, debatir y consensuar un nuevo modelo de pensiones. Claro que, el mercado de trabajo y las pensiones públicas responden al modelo económico de cada país. La precariedad laboral y el empleo low cost actuales no sólo son el resultado de una reforma que beneficia a los empresarios en detrimento de los trabajadores. También es consecuencia de un mundo globalizado y muy competitivo que exige conocimiento y tecnología para acceder a sectores productivos de alto valor añadido y empleos de altos salarios. Sin la sociedad del conocimiento es difícil, por no decir imposible, acceder al mercado de trabajo de calidad que garantice un salario digno y, en consecuencia, cotizaciones que proyecten unas pensiones dignas.

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