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casos archivados y sobreseídos

El Foro Social pide un pacto político para resolver casos de ETA y de violencia estatal

Lanza un guiño a Covite apoyándose en su informe, calcula en 482 las muertes impunes y reclama el derecho a la verdad

M. Vázquez - Domingo, 18 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Los portavoces del Foro Social Teresa Toda, Nekane Altzelai, Fernando Armendáriz y Agus Hernan, ayer en Donostia.

Los portavoces del Foro Social Teresa Toda, Nekane Altzelai, Fernando Armendáriz y Agus Hernan, en Donostia.

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Los portavoces del Foro Social Teresa Toda, Nekane Altzelai, Fernando Armendáriz y Agus Hernan, ayer en Donostia.

bilbao- El Foro Social propuso ayer un acuerdo político que permita esclarecer los atentados de ETA y la violencia del Estado que han sido archivados y sobreseídos y, como guiño al colectivo de víctimas del terrorismo Covite, ha estudiado también su informe, que extiende la impunidad a los casos en que no han sido identificados todos los autores o los responsables directos de la organización desarmada. En esta primera fase, el Foro Social se va a centrar en los atentados que provocaron víctimas mortales. Su intención es abordarlo desde la óptica más plural e integradora posible, sin discriminaciones entre víctimas, y con el convencimiento de que este paso será determinante para la reconciliación. Ha cruzado los informes del Gobierno vasco, Covite y la Fundación Euskal Memoria para cuantificar en 482 los casos sin resolver. De esas muertes, 123 habrían sido provocadas por el Estado. Más allá del enfoque punitivo y judicial, propone en mayor medida un reconocimiento y una reparación social.

El derecho a la verdad lo han reivindicado, por un lado, las víctimas de abusos policiales y de los GAL, porque en su caso la sensación de impunidad puede ser mayor, en la medida en que hay menos sentencias condenatorias. No obstante, esta demanda también la han planteado colectivos de víctimas de ETA como Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado en 1995. Este colectivo es uno de los más beligerantes e inflexibles contra la izquierda abertzale y la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios a los presos. Exige que se esclarezcan los más de 300 atentados de ETA sin resolver. Este criterio está marcando la posición política del Gobierno español, que no se plantea flexibilizar la política aplicada a los presos hasta que colaboren para resolver los casos. La dinámica del Foro Social abona el debate para la autocrítica, en puertas de la disolución de ETA.

En una comparecencia en Donostia, Agus Hernan, Nekane Altzelai, Teresa Toda y Fernando Armendáriz se fijaron como reto “encauzar la problemática de los casos sin resolver o los casos sin verdad”. Aludieron a los casos sin resolver, los casos parcialmente resueltos, o las personas torturadas, aunque en primer lugar se centrarán en las víctimas mortales. Creen que tienen derecho a “conocer la verdad y a tener acceso a la justicia y ser reparadas”. En una intervención donde recalcaron varias veces que el tratamiento de este asunto es “verdaderamente complejo”, explicaron que han recurrido a fuentes plurales.

Por un lado, han recurrido al informe del Gobierno vasco sobre la situación procesal de los atentados de organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Lakua contabiliza 220 casos sin esclarecer (197 de ETA y grupos afines, 10 del Batallón Vasco Español, 10 de los GAL y 3 de autoría desconocida). El Gobierno vasco cataloga como casos sin resolver aquellos que están sobreseídos y archivados, un criterio que comparte el Foro Social, aunque también ha querido tener en cuenta informes como el de Covite, que eleva la cifra hasta 359 y suma las condenas que señalaron solo a los colaboradores, sentencias que no se cumplieron íntegramente o casos donde los responsables no fueron juzgados, solo en casos referidos a ETA.

En tercer lugar, el Foro Social ha recurrido al informe de la Fundación Euskal Memoria para abarcar las muertes provocadas por el “terrorismo de Estado y las fuerzas policiales”. En este caso, el informe solo cita los casos en general y dice que son 328, sin entrar a precisar si se han esclarecido o no. Utilizando el criterio del Gobierno vasco que se centra en los archivados, y sumando los crímenes que no se han investigado, el Foro Social concluye que hay 123 sin resolver. A esta cifra le suma los casos señalados por Covite, y concluye que son 482 los atentados impunes.

impunidadCalcula que el porcentaje de casos sin verdad es mayor en la violencia del Estado y de extrema derecha (un 37% en los GAL, un 24,39% en el BVE, y un 23,2% en ETA). Concluye que la inmensa mayoría de víctimas “están muy lejos de planteamientos de venganza” y que su principal demanda es “conocer la verdad” para lograr una reparación social. Cree que conocer la verdad es la “principal garantía de justicia, reconocimiento y no repetición de lo sucedido”. Pide tomar medidas para fomentar la investigación sobre la situación procesal de los casos, y plantea un acuerdo político y social que incluya a las víctimas. Propone que no se marque como único objetivo “la aplicación punitiva de la justicia ordinaria”, que retrasaría la reconciliación.

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