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Por Jokin Bildarratz Sorron - 2018(e)ko martxoaren 18a, igandea - 06:00etan eguneratua

Columnista Jokin Bildarratz

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Columnista Jokin Bildarratz

TRAIGO a colación el tema de la lengua a raíz de varios episodios acaecidos en las últimas semanas en los que el euskara se ha vuelto a ver envuelto en polémicas sin sentido. El más reciente y que más ha trascendido ha sido la última salida de pata de bancode la portavoz del Partido Popular en Nafarroa, Ana Beltrán. No se le ha ocurrido otra cosa que calificar como “arma arrojadiza” y acusar de “falta de respeto” a los representantes del Clúster Sociolingüístico por haber utilizado el euskara en el Parlamento Foral en la presentación de los resultados de una encuesta sobre el uso de la lingua navarrorum en el ámbito público.

Tan solo 48 horas antes, en el Senado, en principio Cámara de representación territorial, tuvimos ocasión de escuchar una recriminación similar a otra representante popular. En este caso, tuvimos que soportar que la portavoz Clara San Damián nos acusara de utilizar la lengua como “instrumento de confrontación, de odio”. El contexto de tamaño despropósito verbal era la respuesta del Partido Popular a una moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco que reclamaba que se tuviera en cuenta la realidad sociolingüística a la hora de organizar los procesos de selección de personal de la Administración General del Estado.

Los diccionarios de euskara traducen la palabra “saltsa”, efectivamente, como el aderezo de ciertos platos culinarios, aunque también incluyen la acepción de enredo o lío. Está claro que hay quien quiere hacer primar esta traducción o interpretación, tratando de convertir en un problema lo que no es más que la legítima protección de una lengua minoritaria y el derecho de sus hablantes a usarla.

Se puede odiar en una lengua o en otra;se puede confrontar en euskara, en castellano o incluso en chino mandarín;pero no son las lenguas las que odian, ni las que confrontan, ni las que molestan. Hay más de 6.000 lenguas diferentes en el mundo y esto es, ante todo, un valor que pone de manifiesto la riqueza y diversidad de un patrimonio cultural común. El artículo 3 de la Constitución española, los Estatutos de Autonomía, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias avalan la necesaria protección legal de las lenguas en el Estado. Ahora bien, traducir esta teoría y llevarla a la práctica son harinas de distinto costal. De hecho, tal y como evidenció Nerea Ahedo en su acertada defensa de nuestra moción, en demasiadas ocasiones las políticas lingüísticas de apoyo, refuerzo, promoción o protección de lenguas minoritarias acaban siendo blanco de críticas injustas, desproporcionadas e interesadas.

No es casualidad que en tan solo unos días el Partido Popular haya protagonizado estas salidas de tono, más propias de otra época ya superada. Volviendo a jugar con el doble sentido, me permito reinterpretar el viejo dicho “cada uno lleva la lengua al lado donde le duele la muela”. En este caso, todo apunta a que la muela que le duele al PP se llama Ciudadanos y por eso se ha decidido a utilizar el arma de la lengua para tratar de contrarrestar la caries que le produce el auge en las encuestas del mayor exponente del nacionalismo español. El PP considera que atacando a los idiomas minoritarios fortalece su posición de máximo defensor del único idioma común y símbolo de la unidad española.

En esta batalla uniformizadora que las derechas más españolas libran en torno a las lenguas del Estado no podía faltar la aportación de UPN. En la iniciativa citada con anterioridad, su senador Yanguas otorgaba al euskera la insólita capacidad de “adoctrinar”. Repito, las lenguas no odian, ni confrontan, ni molestan, ni tampoco adoctrinan. El representante regionalista proponía como “receta” para solventar la situación “dar libertad a las personas para que elijan lo que quieran. Y, también, garantizar la igualdad de oportunidades”. Podría resultar una propuesta sugerente y asumible;ahora bien, cuando el señor Yanguas se refiere a libertad e igualdad debe interpretarse que hace mención en exclusiva a quienes hablan en perfecto castellano. Según su entender, ese mismo principio no es de aplicación a quienes hablan euskera y pretenden utilizarlo en igualdad de condiciones en sus relaciones con la administración pública. En este caso, para UPN ni existe libertad para elegir ni se garantiza la igualdad de oportunidades.

Siguiendo con quienes se encuentran en su salsa criticando otras lenguas, la senadora San Damián aseguró rotundamente que el uso del euskera “sí está garantizado en la Administración pública” aunque concluyera esa misma frase subrayando que su conocimiento “en ningún caso puede suponer una barrera” para acceder a la función pública. Todavía me estoy preguntando cómo piensa la representante popular que es posible que una persona pueda realizar una gestión en euskara si quien le atiende no conoce esta lengua. Pasado a limpio y en resumen para que quede claro: las únicas barreras son las que se colocan a las personas hablantes en las lenguas cooficiales y la única imposición es la de usar el castellano.

El ejemplo más reciente de esta realidad ha sido la convocatoria, en enero, de una Oferta Pública de Empleo para el acceso a los cuerpos de la Administración General del Estado en la que se ofertaban 4.625 plazas, de las que 340 corresponden a Euskadi. Tal y como, sin ningún tipo de rubor, explicó ante los medios el delegado del Gobierno español en Euskadi, Javier de Andrés, “dado que la convocatoria afecta al conjunto del Estado, no se requiere a los aspirantes que conozcan la lengua autonómica”. Sin palabras.

Es evidente que esta medida en absoluto contribuye a resolver el déficit de utilización del euskera, por ejemplo, en la Administración de Justicia en Euskadi. Esta carencia la ha denunciado el último Informe de evaluación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que valora el periodo entre 2012 y 2016. Este Informe de la Comisión Europea destaca los reiterados incumplimientos del Estado español a la hora de proteger e impulsar las lenguas cooficiales y subraya la situación de la Justicia como verdadero punto negro. Cita, como ejemplo, que solo el 10% de los jueces que ejercen en Euskadi domina el euskara, o que de las miles de sentencias que se produjeron ese último año, solo tres se redactaron exclusivamente en nuestra lengua. ¿Dónde queda para el Gobierno español el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que establece que todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar tanto el euskara como el castellano?

Los gobiernos españoles no han demostrado nunca motivación alguna en defensa de las lenguas del Estado al margen del castellano y tampoco han destacado precisamente por su labor en favor de afianzar la diversidad cultural. Por eso, quizá no nos sorprende que el Partido Popular haya decidido utilizar las lenguas en su disputa con el frente naranja, emprendiendo una competición populista y ultranacionalista. Lo que realmente me decepciona es que, para ello, el PP obvie cumplir los preceptos legales de la Constitución, los Estatutos, las Cartas Europeas e, incluso, las normativas básicas estatales. Una prueba más de que quien alardea de cumplir y hacer cumplir la legalidad es capaz de pasar por encima de las leyes básicas, orgánicas o internacionales, en nuestro caso, en relación al respeto y promoción debida al euskera, lengua tan oficial como el castellano.

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