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Pensiones polémicas e inciertas

Por Andoni. Pérez Ayala - Viernes, 16 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

PLANTEAR una cuestión en los términos adecuados es la primera premisa para poder resolver los problemas que suscita y, en su caso, hallar su solución. Este principio, de aplicación general al abordar el tratamiento de cualquier tema, tiene especial aplicación en las cuestiones sociales ya que, en estas en particular, dependiendo de los términos en los que se haga el planteamiento de la cuestión a tratar, se está condicionando ya de entrada, y en buena medida predeterminando, la respuesta que se va a dar. Conviene tenerlo en cuenta al abordar cualquier asunto de naturaleza social;en particular un tema como el de las pensiones, que durante este último periodo está acaparando la atención de todos y que, sin duda, va a seguir siendo durante bastante tiempo uno de los temas de máxima actualidad.

Así, plantear la cuestión de las pensiones en términos de gasto, y más concretamente de gasto público excesivo, induce ya de entrada a fijar como objetivo la reducción del gasto público en pensiones. Esta es precisamente la forma en que se viene planteando este asunto, advirtiendo además insistentemente sobre el creciente incremento de los gastos como consecuencia del aumento de la población receptora de las pensiones y del tiempo de percepción de estas;ante lo que, lógicamente, la única solución que cabe ofrecer no es otra que la de reducir el gasto público destinado a las pensiones. Interesa subrayar que esta opción no se presenta como la mejor entre otras posibles, sino como la única opción posible;se trataría, por tanto, de debatir sobre cómo llevar a cabo la reducción de los gastos, dando por sentado que estos deben ser objeto de una importante reducción.

Pero la cuestión de las pensiones, como cualquier otra, también puede plantearse en otros términos. Así, en vez de la variable del gasto que comporta el pago de las pensiones, podemos fijarnos en la de los ingresos que es preciso obtener para cubrir las necesidades sociales, entre ellas las pensiones. En este caso, el problema no estaría centrado en la reducción del gasto social, y de las pensiones en particular, sino en el aumento de los ingresos necesarios para poder hacer frente a estos gastos;que no son precisamente gastos que puedan catalogarse como lujosos o superfluos. De lo que se trataría en este caso es de buscar los medios para conseguir los ingresos suficientes que permitan hacer frente a los gastos destinados a cubrir las necesidades sociales, entre ellas las pensiones.

Nada impide que sea esta última la opción elegida y que en base a ella se fijen los criterios que guíen la actuación de los poderes públicos, en vez de la de la obsesiva reducción del gasto social, tal y como viene siendo la tónica dominante en estos últimos tiempos. En cualquier caso, lo que no es de recibo es presentar la reducción del gasto social como la única opción posible, advirtiendo además que de no seguir esta vía el sistema público de pensiones estaría abocado irremisiblemente a la quiebra. Más bien puede afirmarse que esta es una de las opciones posibles, en ningún caso la única, que efectivamente podría conducir a una reducción del gasto destinado a fines sociales, entre ellos las pensiones;aunque, todo hay que decirlo, a costa de reducir también las prestaciones sociales de los sectores más necesitados de ellas.

No es de recibo presentar la reducción del gasto social como la única opción posible, advirtiendo además que de no seguir esta vía el sistema público de pensiones estaría abocado irremisiblemente a la quiebra

Lo que no puede resultar admisible

Se trata, por tanto, de optar entre opciones distintas: por una parte, la que establece como objetivo prioritario la reducción del gasto público, y en particular del social, como única vía para poder cuadrar las cuentas;y, por otra, la que tiene como objetivo prioritario garantizar las prestaciones sociales, obteniendo los ingresos necesarios para ello y evitando así el desequilibrio presupuestario, que nunca es bueno, sobre todo si se cronifica. Si bien conviene tener claro que nunca pueden sacrificarse los fines -la cobertura de las necesidades sociales- en aras de los medios, por importantes que estos sean como sin duda es el mantenimiento de unas cuentas públicas que eviten caer en un excesivo desequilibrio presupuestario crónico.

Hay, por otra parte, un importante factor que no puede ser ignorado (por más que, de facto, lo sea reiteradamente) como es el marco constitucional en el que los poderes públicos han de desarrollar su actividad. En este sentido, es preciso recordar que existe una Constitución que, al igual que las constituciones de los países de nuestro entorno, define al Estado como social y, de acuerdo con esta premisa, prevé que los poderes públicos deberán actuar en consonancia con esta definición y de acuerdo con unas normas que el propio texto constitucional establece. Entre estas, las referidas a las prestaciones sociales, en general, que deberán ser suficientes para poder hacer frente a situaciones de necesidad (art. 41);y, asímismo, las referidas específicamente a las pensiones, para las que se prevé expresamente su actualización periódica (art. 50).

Interesa llamar la atención sobre estas dos últimas previsiones constitucionales -la suficiencia de las prestaciones y la actualización de las pensiones- ya que son las que mayor riesgo de vulneración comportan por parte de los poderes públicos. A este respecto, es preciso puntualizar que prestaciones suficientes, como expresamente prevé la Constitución, no es sinónimo de prestaciones “de mínimos”, como se está propalando interesadamente por parte de quienes, en sintonía con las tesis neoliberales en boga, son partidarios de restringir al máximo la acción positiva de los poderes públicos en materia social. Prestaciones públicas “de mínimos” que, obviamente, habría que compensar con el despliegue de los planes privados de pensiones, gestionados por las entidades financieras y a los que los poderes públicos deberían proporcionar el marco más favorable para su desarrollo. Incluso se ha llegado a hablar estos días de introducir planes de pensiones “semiobligatorios” (sic), lo que merecería un comentario específico sobre el tema que no es posible desarrollar aquí.

Estrechamente relacionado con la suficiencia prestacional está la actualización de las pensiones, otro de los temas en torno a los que gira la discusión estos días;en particular por lo que se refiere a la pretensión del gobierno de desvincular del IPC la actualización periódica de las pensiones. Como es fácil comprender, la exigencia de actualización no tiene otra finalidad que la de evitar que estas vayan perdiendo progresivamente el poder adquisitivo, lo que es más que dudoso que se consiga si se desvinculan del IPC, por más que esta referencia pueda parecerle “anticuada” (según sus propias palabras) al ministro de Hacienda. Bien es cierto que puede haber también otros referentes, tales como el nivel salarial o una combinación de ambos en proporciones variables según los casos, como ocurre en algunos países de nuestro entorno bajo formas diversas;pero lo que no puede resultar admisible es la determinación de la cuantía de las pensiones al margen de la evolución de los precios y salarios, sustituidos por el nuevo hallazgo del denominado “factor de sostenibilidad”, de concreción tan aleatoria como incierta.

Sería de desear, para concluir, que la polémica suscitada recientemente en torno a las pensiones pueda servir, al menos, para ayudarnos a comprender que estamos ante una cuestión que lejos de ser ocasional afecta, como muy pocas pueden hacerlo, a uno de los elementos claves del núcleo mismo de nuestro sistema social y político, como es la protección social. También puede servirnos esta polémica como estímulo en la defensa de un Estado social que nos transmitieron las generaciones anteriores y que la nuestra tiene el deber de mantener. Y, por último, y sobre todo, debería servirnos para que podamos transmitir a las generaciones venideras un sistema de protección social pública que en ningún caso sea inferior al que nosotros hemos tenido;lo que no deja de ser una expectativa incierta a la vista de los términos en que está planteada esta cuestión en el momento actual.

etiquetas: tribuna abierta

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