Isabel Sánchez Robles Diputada de Acción Social

“La Ley de la Infancia protege al menor, no a la sociedad del menor conflictivo”

La diputada de Acción Social remarca que la competencia foral respecto a los menores se limita a “medidas socio-educativas, no coercitivas”

Una entrevista de Aitziber Atxutegi - Viernes, 16 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, explicó ayer en el pleno la protección al menor.

La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, explicó ayer en el pleno la protección al menor. (Foto: Borja Guerrero)

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La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, explicó ayer en el pleno la protección al menor.

Gernika - La diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, compareció ayer en el pleno de control de las Juntas Generales para explicar las medidas a implementar de cara a mejorar la gestión de los menores tutelados y guardados. Durante su intervención, informó de que se están revisando, junto a la UPV y las Universidades de Oviedo y Comillas distintos protocolos. En relación a los sucesos registrados en los últimos meses relacionados con menores en Bizkaia, es clara: “El sistema funciona. ¿Que no es infalible? Obviamente. Tampoco cuando las personas son mayores de 18 años... Poner en cuestión un sistema por recientes y desgraciados sucesos y hacer de lo excepcional algo ordinario es absolutamente injusto”.

¿Cómo se actúa cuando un menor tutelado se fuga de un centro?

-Los menores no se fugan;técnicamente, se ausentan, porque los hogares, que no centros, no son cárceles. Nosotros no podemos privar a un menor de libertad para entrar y salir.

¿En qué situaciones se dan?

-En su vida ordinaria: cuando van a clase, en su tiempo de ocio... También hay menores que se ausentan porque ni ellos ni sus familias aceptan el estar intervenidos por el sistema de protección;hay familias que no aceptan que la Diputación asuma la tutela de sus hijos. Y colaboran en la ocultación de esos menores.

¿Cómo se actúa en esos casos?

-En Euskadi se hace de forma diferente al resto del Estado. Por ejemplo, Madrid presenta denuncia a las 48 horas. En Bizkaia, en cuanto se detecta la ausencia de un menor, se hace una prerreseña en la Ertzain-tza: es un trámite formal para dejar constancia de que el menor se ha ausentado. Y a las 24 horas se presenta una denuncia formal.

¿Y a partir de ese momento?

-Hay un trabajo que se realiza por las partes implicadas para intentar localizarles, pero no siempre es fácil. Aquí también tienen un papel importante tanto la Fiscalía, que recibe notificación de esa ausencia, como los jueces. Cada uno en su responsabilidad y su papel lanza los mecanismos que el sistema de protección prevé.

¿Cuántas ausencias se dan al año?

-No voy a entrar en estos datos.

¿Vuelven?

-Por supuesto. Salvo en el caso de los menores extranjeros no acompañados cuando siguen su ruta migratoria...

Se ha incrementado su número en los últimos meses.

-También en otras comunidades del Estado, aunque a Bizkaia están llegando de manera muy importante. Y está cambiando su perfil: pertenecen a la clase media-alta marroquí -más del 70% de ellos proceden de Marruecos- y tiene un proyecto migratorio claro hacia Europa en busca de un futuro mejor. Cuentan con el apoyo de su familia, con la que siguen en contacto y que hace una inversión económica muy importante.

En su intervención ha dicho que la Diputación solo puede ejercer medidas socio-educativas y terapéuticas sobre los menores a su cargo, y no coercitivas ni de privación de libertad. ¿Se siente desamparados o con las manos atadas?

-La Ley de la Infancia sirve para lo que está prevista: proteger a menores de familias y entornos tóxicos. Pensar que está pensada para proteger a la sociedad de los menores con comportamientos disruptivos es mezclar churras con merinas.

¿Qué competencias tiene la Diputación para hacer ese trabajo?

-Únicamente en materia socio-educativa;ni para implementar medidas coercitivas ni de privación de libertad. En esos casos, el sistema prevé la intervención de la Fiscalía y de los jueces de Menores. Solo ellos pueden privar a un menor de libertad. En mi casa yo puedo castigar a mi hija y decirle que no salga;en el sistema es más complicado porque es más garantista y vela muchísimo por los menores. Y eso, en las dinámicas cotidianas, plantea sus dificultades.

¿Cómo es esa coordinación?

-Estamos trabajando para perfeccionarla al máximo y adaptarla también a los nuevos casos: consumos, enfermedad mental... El perfil del menor está cambiando. Y todos los mecanismos, que son válidos, se tienen que ir adaptando y actualizando. Trabajamos a diario con la Fiscalía y la judicatura, aunque parezca que solo funcionan los foros formales. Se trabaja caso a caso, con una implicación y una colaboración muy importante.

Sorprende que no se puedan adoptar las mismas medidas que cualquier familia adopta en su casa.

-Hay un decreto que establece los tiempos máximos. Las capacidades que tenemos son mínimas;la ley es tan garantista que, como curiosidad, le diré que cuando habla de los cacheos dice que se harán preferentemente por medios electrónicos.

En el caso de uno de los menores imputados por el crimen de Otxarkoaga, la sociedad se pregunta por qué ese menor tutelado no estaba en su centro.

-No voy a hablar de casos concretos y, en cualquier caso, la impresión es algo absolutamente subjetiva. Y una puntualización: son hogares, no centros, que tratan de replicar el entorno familiar que esos menores no tienen. Dicho esto, a los datos me remito: en este momento tenemos más de 2.700 expedientes abiertos y más de 1.600 menores tutelados y guardados por la Diputación. Y hasta navidades, nadie había hablado del sistema de menores. Nadie. Eso significa que el sistema funciona;tenemos un sistema de protección excelente y hay muchísimos casos de éxito. Yo estoy enormemente orgullosa. ¿Que no es infalible? Obviamente. Tampoco cuando las personas son mayores de 18 años... Poner en cuestión un sistema por recientes y desgraciados sucesos y hacer de lo excepcional algo ordinario es absolutamente injusto.

¿Se debería replantear la situación?

-En un trabajo de mejora constante, todos los que trabajamos en esos procesos estamos en esa reflexión. Hay que dar respuesta. Pero incluso con la mejor ley del mundo, que trate de prever todos los supuestos, cuestión harto imposible, el sistema jamás va a ser infalible.

Se han ido incrementado los casos de tutela y guarda por parte de la Diputación en los últimos años, incluso sin contabilizar los menores extranjeros. ¿Por qué?

-Está cambiando el perfil de las familias. Cuando hablamos de menores en desprotección, pensamos en familias desestructuradas y no siempre es así. En este momento hay casos también de menores que provienen de familias que llamaríamos estructuradas: gente formada, profesionales con un nivel económico bueno que, por circunstancias de divorcios o situaciones vitales, está provocando desprotección en esos niños.

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