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El “problema español”

Por Antoni Segura i Mas - Martes, 13 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

TRAS el referéndum del 1 de octubre y la violenta reacción policial, los acontecimientos en Cataluña se precipitaron. Declaración de independencia y de la República el 10 de octubre e inmediata suspensión para facilitar el diálogo con el Gobierno español. El 27 de octubre, después de unas horas de incertidumbre entre convocar elecciones -como sugerían las conversaciones abiertas, con la mediación del lehendakari, Iñigo Urkullu, entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy- o declarar la independencia, se optó finalmente por esta última y por proclamar la República catalana al no haber acuerdo con el gobierno del PP, reiterando, no obstante, la voluntad de negociar con el Estado español. Posterior enmudecimiento del gobierno catalán sin proceder a institucionalizar lo proclamado (no se recoge en el Diari Oficial de la Generalitat, ni se cursan los decretos correspondientes). El día 28 de octubre, publicación en el BOE del Real Decreto 944/2017 que da cumplimiento al acuerdo del Pleno del Senado del día anterior que pone en marcha las medidas previstas (pero no desarrolladas) en el artículo 155 de la Constitución española. Estas medidas se concretan en el cese del gobierno catalán, la disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre (21-D) y la intervención de la Generalitat -que se añade así a la intervención económica aplicada ya por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde mediados de septiembre- y, por extensión, a todo tipo de fundaciones o instituciones públicas o privadas en las que intervenga alguna Conselleria de la Generalitat con independencia de la participación en las mismas de otros entes públicos -ayuntamientos, diputaciones, fondos y proyectos Europeos…- o privados.

Paralelamente, la acción judicial lleva a la imputación y la prisión provisional con medidas cautelares de los miembros del gobierno, de representantes políticos y de la sociedad civil y de mandos de la policía catalana acusados, entre otros delitos, de sedición, rebelión y malversación de fondos, mientras el president de la Generalitat y cuatro consellers permanecen exiliados desde finales de octubre en Bélgica, donde contribuyen a dar proyección internacional al conflicto catalán. Desde ese momento, cualquier posible puente de contacto entre el gobierno catalán y el español queda roto.

Las fuerzas independentistas afrontan las elecciones avanzadas del 21-D como legales pero ilegítimas y revalidan los resultados de 2015 obteniendo una nueva mayoría parlamentaria (70 escaños sobre 135) y una mayoría social de nuevo solo ligeramente inferior a la mitad de los votos emitidos, mientras el PP -el partido del gobierno que aplica el 155- queda como una fuerza marginal en Cataluña, en último lugar, sin poder formar grupo parlamentario y con solo el 4,2% de los votos.

En paralelo a la constitución del nuevo Parlament, se inicia una especie de macartismo contra el independentismo que pasa por requerir a todo tipo de instituciones (desde diarios a grupos de investigación universitarios) y particulares para que justifiquen el destino de las cantidades percibidas en conceptos tales como artículos, conferencias… ¡Se supone que en busca del pago de las urnas y las papeletas del 1-O! Y, en paralelo, se intensifican las declaraciones sobre el adoctrinamiento a que están sometidos los catalanes -ya se sabe que más de dos millones de abducidos votaron independencia el 1-O y opciones independentistas el 21-D- con el objetivo implícito, e incluso explícito en boca de algunos dirigentes populares y de C’s, de acabar con el sistema de inmersión lingüística y con TV3, de la que la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha llegado a afirmar que “TV3 ha dejado de ser un medio de comunicación social para pasar a ser un medio de propaganda política y de manipulación”. ¿Qué serán entonces TVE o algunas cadenas autonómicas donde gobierna el PP?

No hay duda de que las fuerzas independentistas han cometido muchos errores a lo largo de estos meses: no contar con la masa crítica suficiente a la hora de tomar determinadas decisiones, no leer correctamente el contexto europeo poco dispuesto a asumir procesos secesionistas y mucho menos después del Brexit y el ascenso electoral del euroescepticismo y la extrema derecha, minusvalorar la capacidad de respuesta del gobierno español, no convocar elecciones tras la brutalidad de las cargas del 1-O que habían provocado una indignación generalizada -incluso entre los votantes no independentistas- y la denuncia internacional... Con todo, predecir cómo evolucionará la situación política en Cataluña es imposible. El acuerdo entre JxCat y ERC del 8 de marzo prevé un triple frente de actuación con la creación con financiación privada de un Consejo de la República, una Asamblea de Representantes y una Presidencia -que recaería en Puigdemont- en lo que denominan el Espacio Libre del Exilio (Bélgica);la acción parlamentaria y política legal en Cataluña;y al mismo tiempo el proceso constituyente que impulsaría la sociedad civil catalana.

Sí que puede ya afirmarse, sin embargo, que, a pesar de las palabras de Rajoy agradeciendo el apoyo que le han dado todos los gobiernos europeos ante el conflicto catalán -sin mencionar que en el caso de Letonia fue a cambio de enviar tanques y soldados para vigilar la frontera con Rusia-, no hay duda de que la actuación del Gobierno español ha puesto de relieve ante la opinión pública internacional los déficits democráticos y del estado de derecho en España. La brutalidad de las cargas policiales del 1-O no pasaron desapercibidas y han sido objeto de duras críticas por los medios de comunicación y por diversas organizaciones internacionales (incluido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas) y algunos dirigentes europeos. Tampoco ha pasado desapercibida la retirada de la euroorden de detención de Puigdemont ante la posibilidad real de que la justicia belga la rechazara por falta de fundamento jurídico (tampoco fue reactivada con motivo del desplazamiento de Puigdemont a Copenhague con la patética explicación de que pretendía que lo detuvieran).

Y, así, una cascada de malas noticias para el gobierno de Rajoy no relacionadas solo con la cuestión catalana sino con la corrupción, la independencia judicial o la libertad de expresión: Transparencia Internacional sitúa a España como uno de los países con mayor percepción de corrupción de la UE, al nivel de la República Checa y Chipre;Amnistía Internacional alerta de la vulneración reiterada de derechos humanos básicos en Cataluña o en relación con Cataluña (prohibición de reuniones en apoyo del referéndum en Madrid y Gasteiz);el tercer país con una peor percepción de la independencia judicial, solo por delante de Bulgaria y Eslovaquia, situación que la Comisión Europea relaciona con las injerencias políticas -¿puede decidir un juez instructor si un preso provisional sin sentencia firme puede ser elegido president de la Generalitat?;el Supremo o finalmente Estrasburgo tienen la palabra sobre el caso de Jordi Sànchez-;deriva autoritaria a restringir la libertad de expresión (ARCO, canciones de rap, funciones de titiriteros, portadas de revistas satíricas y libros prohibidos…) de la que se han hecho eco Amnistía Internacional, The Guardian o The New York Times. Un compendio es la carta-artículo de Guy Hedgecoe este mes de marzo en el semanario Politico (el más influyente entre los políticos europeos de Bruselas) con el título de El país de los ladrones brega contra la corrupción.

En definitiva, el “problema catalán”, como el vasco, cuando se pone ante el espejo del Estado español se revela en realidad, ya sea desde la “conllevancia orteguiana” al más brutal “antes una España roja que una España rota” de José Calvo Sotelo o el actual “a por ellos” político-mediático-judicial-financiero-policial-académico, como el eterno e insoluble “problema español”.

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