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Juicio en la audiencia alavesa

La denunciante del ‘caso De Miguel’ dice que le pedían “pasar por caja”

Ainhoa Alberdi expone la “facilidad y alegría” con la que los acusados le pedían dinero

Txus Díez - Martes, 6 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Alfredo de Miguel con su abogado

Alfredo de Miguel con su abogado (EFE)

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Alfredo de Miguel con su abogado

gasteiz- Ainhoa Alberdi, la abogada vizcaina que denunció ante la Justicia la presunta trama de cobro de comisiones ilegales constituida en torno a exdirigentes del PNV alavés, destacó ayer en su declaración al fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, la “impunidad” con la que se le reclamó una comisión de más de 100.000 euros por la adjudicación a su empresa, Urbanorma Consulting, de la ampliación del Parque Tecnológico de Araba.

Alberdi, de hecho, compró una grabadora para registrar todas las presiones a las que estaba siendo sometida, no tanto para presentar una denuncia como para “protegerme a mí misma”, pues “podía acabar sentada ahí atrás (en referencia al banquillo de los acusados) viendo la facilidad y alegría con la que me pedían dinero”. La denunciante reiteró que en ningún momento tuvo intención de pagar lo que se le exigía.

Apoyada precisamente en dichas grabaciones, cuya calidad de sonido es muy deficiente, y que se pudieron escuchar durante la sesión de ayer en el juicio, Alberdi calificó de “sorprendente” la manera en la que Alfredo De Miguel y su socio Aitor Telleria le reclamaron dicha comisión “en sitios oficiales”, en presencia de terceras personas que desconocían la situación o a través de la dirección de correo electrónico de la Diputación de De Miguel, entonces responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial.

Sin desviarse de la versión que ha defendido en anteriores ocasiones, Alberdi explicó que se asoció en 2006 con Jon Iñaki Etxaburu, a quien había conocido en un curso, para fundar Urbanorma. De Miguel, que le fue presentado por Etxaburu, le ordenó introducir a la ingeniería Stoa y a Aitor Telleria dentro de la oferta que se iba a hacer con la adjudicación de la ampliación del parque. Etxaburu, por su parte, fue descapitalizando Urbanorma y en 2008 su otra empresa, Loizate, entró en concurso de acreedores. Alberdi se hace con el 100% de la propiedad de Urbanorma para intentar cobrar lo que le debe Etxaburu, pasan los meses, y en noviembre es citada por De Miguel, ya diputado foral, en su despacho del Palacio.

grabar todoAquel “día D”, como lo definió Alberdi, el principal acusado en esta causa le pide la comisión por la ampliación del parque pactada en su día con Etxaburu, que no había informado a su socia sobre la misma. “Básicamente, me dice que pase por caja”, una expresión “literal” que alarma a la abogada. Entonces decide comprar la grabadora Olympus y empieza a “grabar todo”.

Días después, el 9 de diciembre, Alberdi recibe un correo desde la cuenta oficial de De Miguel en el que trata de pactar una rebaja en la comisión. “Lo nuestro lo dejamos en cien”, señala el entonces diputado. Alberdi le da largas y pide liquidar la última factura que el Parque Tecnológico debe abonar a Urbanorma. La abogada decide contar lo sucedido a Julián Sánchez Alegría, entonces máximo responsable de los parques tecnológicos vascos. Sánchez Alegría da cuenta a De Miguel del aviso de Alberdi, y el diputado trata entonces de presionar al padre de la abogada. En un nuevo contacto de Alberdi con Sánchez Alegría, este le dice que no quiere “saber nada de historias”.

Al padre de Alberdi, que declarará mañana, Aitor Telleria le dice que “sí o sí” deben pagar la comisión inicial de 120.000 euros, y entonces la abogada concierta una cita con De Miguel y Telleria.

Allí, según se escucha en las grabaciones, Telleria señala que el beneficio de la presunta operación corrupta se repartiría en tres partes;una para Etxaburu, otra para ella misma y una última “que nosotros recaudábamos”. Telleria le dice a Alberdi que Urbanorma se constituyó expresamente para concurrir a la ampliación del parque, y De Miguel admite su error al no haberle informado de las comisiones pactadas. “Culpa nuestra”, señala en la grabación.

Finalmente, Alberdi aludió al coste “personal” que ha sufrido por denunciar los hechos ante la Justicia, pues “desde el principio” y “casi hasta el día de hoy” ha sido víctima de “venganzas”, informa Europa Press. “Mi denuncia no gustó a nadie”, afirmó.

Así, tras su negativa a pagar la comisión pactada entre la presunta trama y Etxaburu, sufrió un “veto” que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, e incluso padeció la rescisión de algún contrato que tenía vigente sin recibir “explicación alguna”. La empresaria manifestó que, en un momento dado, una “persona política” le dijo que “durante muchos años “mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos” públicos.

Aunque la Fiscalía y el presidente del tribunal le pidieron que identificara a dicha persona, Alberdi explicó que preferiría no tener que hacerlo, dado que ese político le trasladó ese mensaje únicamente como “consejo”, y que si revelara su identidad ella podría verse aún más “perjudicada”.

El presidente del tribunal, el magistrado Jaime Tapia, accedió a la petición de la testigo como medida de “protección” para la propia Alberdi. En todo caso, la empresaria aseguró que dio “credibilidad” a ese consejo, dado que se trataba de una persona que hablaba “con autoridad” puesto que “sabía cómo funcionan este tipo de asuntos”. Alberdi ha llegado a estar en tratamiento por depresión y ansiedad. “Me metí en esto quizá por convencimiento y por justicia;y debería haber reflexionado más sobre las consecuencias que iba a tener para mí”, concluyó.

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