Con la venia

El tapado

Por Pablo Muñoz - Domingo, 4 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Al final, era Jordi Sànchez. Dos meses mareando la perdiz para terminar casi donde todo empezó, en el núcleo duro del procés catalán. Desde que las elecciones del 21-D decidieron de nuevo la mayoría absoluta de los independentistas, la selección del candidato para gestionar la nueva etapa chocó con un terreno salpicado de trampas derivadas del artículo 155 y con la justicia española al acecho, que acotaban de manera muy restrictiva la designación de los nuevos dirigentes. Como plan A, desde su exilio en Bruselas Carles Puigdemont apelaba a su condición de president legítimo, mientras las idas y venidas de las delegaciones de JxCaT, de ERC y de la CUP daban pie a todo tipo de especulaciones sobre cuál iba a ser el candidato de consenso y cómo iba a solventarse la previsible duplicidad de presidents. No ha sido Jordi Turull, nombre que se barajó como serio candidato -plan C-durante las intensas y complicadas negociaciones entre los tres partidos independentistas. Ha sido Jordi Sànchez, presidente de la ANC, preso en Soto del Real. Él ha sido el tapado, el plan B para ser investido president ante el desconcierto, escándalo y la inquietud de los mass media.

A decir verdad, la designación de Jordi Sànchez suma una nueva alarma a quienes preocupa el enquistamiento del conflicto. No es tranquilizador que el designado para la investidura esté encarcelado bajo la acusación de sedición e inducción a la violencia. Es inquietante que su presencia ante el pleno del Parlament dependa de la voluntad de un juez que hasta ahora le ha negado la libertad provisional. Después de haber comprobado el desastroso desenlace del procès tras la irrupción como elefante en cacharrería de la justicia española y el 155, proponer como candidato a quien se considera dinamizador del potente apoyo popular puede interpretarse como una vuelta al punto de partida. En riesgo está el plan C, porque Turull está investigado y en libertad provisional.

La lupa inquisitorial de la fiscalía y de la abogacía del Estado escudriñaron el pleno del pasado jueves, mientras la oposición en bloque se rasgaba las vestiduras al escuchar las reiteradas y encubiertas apelaciones al camino emprendido por imperativo de las elecciones del 1-O, aunque obviando referencias a la república y a la DUI por si les cayera encima el peso de la ley. Y para que al escándalo no le faltase de nada, ahí quedaba la resolución pactada por los tres partidos soberanistas para la legitimación de Puigdemont como president paralelo desde Bruselas y la creación de un consejo en el exilio bajo su dirección. Por supuesto, este posicionamiento del independentismo institucionalmente mayoritario puede parecer empecinado, o “demencial” según Rajoy. A quienes apelan al sentido común desde fuera de Catalunya o desde el nacionalismo español les hubiera parecido más lógico que JxCat, ERC y CUP pactasen una solución que como primera intención les liberase del artículo 155, aprobando decisiones ajenas a cualquier tentación de volver a los tribunales. La propia peripecia para muchos casi esperpéntica de Puigdemont clamando desde Bruselas debería haberles disuadido de otorgarle ninguna legitimación. Incluso desde sectores políticos afectos a la causa independentista se les hubiera aconsejado el nombramiento de un Govern con la lección aprendida que acelerase la retirada del 155. No ha sido así. Y sería un error creerse que los independentistas son necios y solo buscan el enfrentamiento. Por más que los tribunales españoles apelen al Código Penal, que los poderes mediáticos arremetan contra todo lo que se mueva, por más que ridiculicen y caricaturicen a quien resultó elegido como candidato a president, el conflicto sigue sin ser resuelto. Y con las decisiones tomadas por el Parlament lo que ha pretendido el independentismo es reafirmarse en sus derechos legítimos, que están por encima de procesamientos, de avasallamientos de 155, de energúmenos mediáticos e incluso de haberse visto obligados a elegir un camino intransitable. Sánchez será president si el juez Llarena tiene a bien someterse a la jurisprudencia del Supremo que permitió a Juan Carlos Ioldi defender su candidatura a lehendakari, aunque fuera esposado y conducido por la Guardia Civil. Y, si vinieran mal dadas, Elsa Artadi pudiera ser el Plan D. Otra cosa es que todo esto sirva o no para quitarse de encima el maldito 155.

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