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ofensiva parlamentaria

El PNV exige cuentas a Madrid por repatriar a los miembros de la División Azul

Le recrimina que no dedique “ni un solo euro” a exhumar a los antifranquistas

Míriam Vázquez - Sábado, 3 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Miembros de la División Azul española que apoyó a los nazis.

Miembros de la División Azul española que apoyó a los nazis.

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Miembros de la División Azul española que apoyó a los nazis.

bilbao- La oposición prepara una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno español de Mariano Rajoy aclare qué está sucediendo con las repatriaciones de la División Azul. PSOE, PNV e Izquierda Unida se han hecho eco de las informaciones periodísticas que apuntan que el Estado ha gastado 23.000 euros en traer de vuelta los cadáveres de 29 miembros de esa unidad. El cuerpo de voluntarios españoles sirvió de apoyo a las tropas nazis en el frente de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Constituía una suerte de pago de Franco al régimen de Hitler por la intervención que tuvo la aviación Cóndor en la Guerra Civil, donde sembró el horror entre la población civil con los bombardeos sobre Gernika y otras localidades vascas. Precisamente el PNV anunció ayer el registro de una batería de preguntas para su respuesta por escrito. Recrimina al Gobierno español que se dedique a gestionar estos traslados mientras incumple “sistemáticamente” la Ley de Memoria Histórica y no ha gastado ni un solo euro en exhumar los cadáveres de los combatientes republicanos que aún yacen en las cunetas. El PNV demanda explicaciones por ese doble rasero.

Estas repatriaciones han causado mucho revuelo en el Congreso de los Diputados. El socialista Odón Elorza también ha exigido cuentas a Rajoy, e Izquierda Unida ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Defensa, María Dolores de Cospedal. Estas repatriaciones se estarían produciendo desde 2003 con un coste de unos 800 euros por traslado. El goteo ha sido constante y las tres últimas repatriaciones tuvieron lugar el año pasado.

El diputado jeltzale Joseba Agirretxea consideró “lamentable” que el Gobierno de Rajoy se dedique a pagar estas repatriaciones “cuando incumple sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica y no destina ni un solo euro a exhumar fosas comunes de miles de republicanos en España”. Por ello, ha formulado varias preguntas al Gobierno español para su respuesta por escrito. Quiere saber “por qué” gestiona estas repatriaciones, “desde cuándo” y “cuántas más” piensa realizar;y si le parece que son compatibles con la Ley de Memoria Histórica. Con el fin de poner en evidencia sus contradicciones, Agirretxea quiere que el Ejecutivo español aclare si “va a solicitar también repatriaciones de soldados republicanos que combatieron contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que murieron en la Unión Soviética”, y si piensa “hacer el mismo esfuerzo con los programas de exhumación o recuperación para sacar de las cunetas a miles de republicanos”.

“De confirmarse, es evidente que el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no responde a un problema presupuestario, sino a la falta de voluntad política. Exigimos que el Gobierno español sea ecuánime y que destine al menos los mismos fondos a la exhumación de los cuerpos de soldados y civiles antifranquistas que en la Guerra Cviil española fueron enterrados en fosas comunes. Sus familiares tienen tanto o más derecho a que se les atienda”, zanjó en una nota de prensa.

sin acompañamientoLas repatriaciones, al parecer, se están gestionando a través de una asociación alemana, y con el Ejército de Tierra español como intermediario para trasladar las peticiones de las familias. Esa implicación contrastaría con la ausencia de acompañamiento institucional por parte del Gobierno español en el caso de las exhumaciones de víctimas del franquismo. Con la excepción de las Cuentas de 2012, donde Rajoy destinó 2,5 millones a la memoria histórica para dar continuidad a algunas tareas desplegadas por Zapatero, su gabinete no ha dedicado ni un euro a esta cuestión a lo largo de su mandato. El gabinete de Rajoy se ha escudado en la falta de recursos económicos y la necesidad de priorizar en tiempos de vacas flacas.

La recuperación de los cadáveres de las cunetas queda en manos de las comunidades autónomas, de la iniciativa privada o, incluso, de las donaciones internacionales. Esta situación ha motivado la denuncia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La búsqueda de los cuerpos de la División Azul la hace posible un convenio suscrito con Alemania en 1995, ratificado muy recientemente por el Estado español. Según las informaciones que han salido a la luz, el exministro Pedro Morenés lo renovó en el año 2015. Los convenios con Alemania son ya una larga y controvertida historia. Por ejemplo, también es de dominio público que el país germano paga una pensión a los exmiembros de la División Azul española. Ese pago es un escándalo para la izquierda alemana y motivó la petición de explicaciones de los grupos a la canciller Angela Merkel.

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