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Madrid no recurre la resolución del Parlament

Estima que la reivindicación de Puigdemont no tiene efectos jurídicos pero sí investiga cómo logra financiarse en Bruselas

Sábado, 3 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

BILBAO- El Gobierno del PP no recurrirá las resoluciones del Parlament que reivindican la jornada del 1-O y la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia al entender que se trata de una mera declaración política sin consecuencias jurídicas ni frente a terceros. Así lo explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, incidiendo en que “hasta el momento” la Abogacía General del Estado no ha elaborado ningún informe que señale “rasgos de ilegalidad” en los últimos acuerdos de la Cámara catalana. Y añadió que el Gobierno de Mariano Rajoy no pretende estar en “una actividad de impugnación permanente”, incidiendo en que la posibilidad de presentar recursos judiciales se estudia cuando se estima que hay actos que violan del marco normativo. Pero no, subrayó, cuando se produce una “estricta” declaración política que carece de consecuencias jurídicas y de efectos frente a terceros.

Catalá entiende que ese es el “criterio de decisión” para impugnar o no las resoluciones y que, por tanto, no hay indicios de ilegalidad en las últimas aprobadas por el Parlament. “No pretendemos estar en un actividad de impugnación permanente, sino de aquellas resoluciones o disposiciones que tengan efectos frente a terceros y que, por tanto, sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso administrativa”.

Lo que ve “fuera del sentido común y la lógica” es que el Parlament propusiera al número dos de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, como candidato a president, aunque subrayó que la decisión correspondería al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Además, avisó de que el proceso de elección del president debe ser presencial y no podría haber un debate en el Parlament en el que el candidato no estuviera presente o fuera representado por una tercera persona.

Por otra parte, el Gobierno del PP investiga cómo está pagando Puigdemont su estancia en Bruselas. El expresident se exilio junto a cinco de sus consejeros a finales de octubre de 2017 y con el objetivo de escapar a la acción de la justicia española. Desde entonces, Puigdemont ha ocupado primero un apartotel y ahora un chalé en Waterloo, mientras participaba activamente de la política catalana desde la distancia. El Ejecutivo quiere garantizar que no se está destinando ni un euro de dinero público a sustentar las actividades de lo que considera un prófugo de la justicia. - DEIA

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