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No más carroñeros

Por Koldo Mediavilla - Sábado, 3 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

columnista Koldo Mediavilla

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columnista Koldo Mediavilla

SE llamaba Inocencio Alonso García. Tenía 51 años y era servidor público. Perdió la vida defendiendo el derecho a la seguridad de quienes pretendían asistir a un partido de fútbol frente a la violencia insolente y gratuita de grupos organizados, de bestias que convirtieron las inmediaciones de San Mamés en una batalla campal. Allí, un infarto se llevó la vida de un ertzaina que cumplía con su deber de proteger y amparar a la ciudadanía de la barbarie y el terror desplegado por unos inadaptados sociales a los que el estado de derecho deberá perseguir, detener y poner a disposición de la justicia.

No cabe más lectura de unos acontecimientos trágicos, provocados e injustificables. Reconocimiento y solidaridad con la víctima. Dolor compartido por una pérdida irreparable. Consternación por el comportamiento insoportable y criminal de los energúmenos de aquí y de allí. Necesidad de justicia y de reparación. De que no se vuelva a repetir. Y desprecio absoluto para con los que han pretendido contextualizar la tragedia, eludiendo la autocrítica y la condena de los fanáticos propios, y de quienes han pretendido igualmente utilizar a una víctima como ariete de sus intereses, obsesiones y revanchas.

Expresar en caliente las reflexiones que propician una noticia tan trágica como la muerte de Inocencio no suele ser lo más acertado. Pero, transcurridos unos días, he de señalar que contemplando con perspectiva determinadas reacciones me asquea aún más la indignidad demostrada por colectivos e individuos en relación a esta triste calamidad.

No soporto ni un minuto más que nadie, y mucho menos los imbéciles del norte, pretendan contraponer la muerte de Inocencio Alonso con la de Iñigo Cabacas. Resulta intolerable, un insulto a la dignidad humana y a la inteligencia confrontar ambas víctimas. Como si reivindicar justicia para una de ellas supusiera justificar la existencia de la otra. Hay que estar muy enfermo para poner en marcha este automatismo. Y, por desgracia, tal trastorno delirante se produce en no pocos espectadores de la denominada “grada de animación” de San Mamés. Un grupo de individuos inadaptados que, socios o no, deberían ser identificados, reconocidos por el Athletic club y desterrados de por vida de este estadio, que no deberían volver a pisar. Recalcitrantes que aún hoy, cuando han demostrado su talante más intolerante, siguen siendo amparados, entendidos o tolerados por una izquierda abertzale a la que más le valiera, por higiene y regeneración democrática, volcarlos al vertedero, a la planta de tratamiento mecánico-biológico.

Si consternación indisimulada me producen estos bárbaros, la carroñería que una vez más han demostrado determinados dirigentes sindicales policiales no me ha generado menor indignación. Resulta insoportable escuchar los argumentos de quienes se dicen representantes de los ertzainas, mezclando y manipulando lo ocurrido a mayor gloria de sus intereses de lobby. Funcionarios que parecen haber olvidado -si alguna vez la tuvieron- la vocación policial exigida en su puesto para situarse abiertamente en la crítica a todo. A los dirigentes gubernamentales, a los políticos, al modelo policial… Carroñeros que no han dudado ni un minuto para, con el cuerpo aún presente de un policía recién fallecido en acto de servicio, hacer de su muerte un ariete con el que golpear al Departamento de Seguridad. No seré yo quien diga que no hay carencias en la gestión de un colectivo de 8.000 agentes y niegue que se podría mejorar. No. Pero pregonar, como se ha hecho, que “hay responsabilidades políticas” en la trágica muerte de Inocencio Alonso es un exceso, una salida de tono, que bien merecería una respuesta, bien en tribunales o en el ámbito administrativo a modo de expediente. Pero la incontinencia verbal del líder del sindicato ErNE, Roberto Seijo no se ha quedado ahí. Su clímax de la provocación llegó en la protesta organizada ante el Parlamento Vasco el pasado jueves, en la que llegó a afirmar que el modelo policial diseñado por el Departamento de Seguridad “está matando a la gente”.

Al secretario general de ErNE le asiste el derecho a la libertad de expresión, pero en el ejercicio de ese derecho también deberá asumir que cuando se producen excesos, cuando permanentemente se pone bajo sospecha la actuación profesional de la policía -“chapucera”-, cuando una y otra vez se cuestiona la capacitación o los protocolos de seguridad bajo una crítica política indefendible en un estamento policial, también deberán asumirse responsabilidades. Internas y externas.

La gota que ha rebosado el vaso ha sido el llamamiento que el representante del sindicato corporativo de la Ertzaintza ha hecho a secundar una huelga soterrada (la huelga no está permitida en los cuerpos policiales) en la Brigada Móvil en coincidencia con el próximo partido de fútbol europeo en San Mamés. Ante la ilegalidad de un paro, Seijo y los suyos han amenazado con bajas médicas masivas de los agentes en un chantaje intolerable que pone en solfa no solo la voluntad de servicio público que toda Policía debe tener, sino el compromiso debido que esta tiene con la legalidad y la protección de la seguridad de la ciudadanía. Incumplir a sabiendas una obligación legal -y la defensa de la seguridad es un deber de toda Policía- tiene en el código penal una reserva llamada “prevaricación”. Apúntese el señor Seijo y los que le sigan el juego tal precepto.

Actitudes como esta, el cuestionamiento permanente de la imagen de la Ertzaintza que abandera su sindicato, hacen que esta institución comience a perder una parte de la confianza que la sociedad en su conjunto había llegado a tener en este cuerpo policial propio. Y esa deriva debe ser detenida.

No niego a los sindicatos policiales la defensa de los intereses de los trabajadores que representan. Lo que no acepto es que sindicatos como ErNE se planteen ejercer su mayoría a modo de contrapoder interno en un papel que no les corresponde y para el que no están legitimados.

La misma responsabilidad que reclamo de ErNE exijo de otros dirigentes sindicales como los de ESAN, quienes han acusado a los responsables del Departamento de Seguridad de mentir en relación al operativo desarrollado en Bilbao en el partido de fútbol del Spartak de Moscú. Irresponsables voceros que lanzaron a los medios de comunicación -a modo de insidiosa denuncia- la prolongada jornada laboral desarrollada por el ertzaina fallecido a sabiendas de los protocolos acordados vinculados a las jornadas laborales. Protocolos que en el caso de la Brigada Móvil determinan los retenes, guardias, el tiempo presencial en la base de la unidad, etc.

En el ámbito organizativo interno de la Policía Vasca se está produciendo una especie de subasta sindical mal entendida en la que organizaciones corporativas están invadiendo un terreno que no les es propio: la acción política (fue el Parlamento Vasco, nadie más, quien instó al Gobierno vasco en abril de 2015 “a la restricción inmediata y sustitución definitiva de las escopetas lanzapelotas y de las pelotas de goma por otros medios antidisturbios menos dañinos para las personas”).

Conocedores de que la Policía, como garante de la seguridad de la ciudadanía, es un elemento sensible para la opinión pública, algunos sindicatos, por interés propio en lugar de en defensa del interés general, están conduciendo a la Ertzaintza a un cuestionamiento general que puede tener gravísimas consecuencias. Nadie niega que en la Ertzaintza haya problemas y deficiencias que es necesario solucionar. Se trata de un colectivo humano numeroso, con un nivel de envejecimiento notable. Con relaciones laborales complicadas y envueltas en recursos judiciales interminables. Con desafíos nuevos y viejos que abordar con eficacia. Muchos retos cuyas soluciones son difíciles de comprometer, sobre todo en tiempos de crisis. Pero, cualquier solución pasa por el diálogo, por la incorporación de medios materiales y recursos humanos en la gestión. Sin carroñerismo sindical o político. Sin que nadie pretenda utilizar a las víctimas como elementos de presión o de discordia. Porque en esa utilización particular, las víctimas siempre pierden. Siempre han perdido. Lo han hecho, aunque no sean conscientes de ello, los familiares de Iñigo Cabacas y, si alguno sigue insistiendo en utilizar la muerte en acto de servicio de Inocencio Alonso, lo serán también los próximos y allegados del agente trágicamente fallecido quienes sufran más daño. No más carroñeros. No los necesita la Ertzaina ni el país en su conjunto.

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