DeiaDeia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Deia
Tribuna abierta

¿Presos políticos?

Por Alexander Zapirain - Viernes, 12 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:13h

votos |¡comenta!

ALLÁ por febrero de 2014, el venezolano Leopoldo López era encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. Días antes, López había convocado varias manifestaciones en las que solicitaba un referéndum para destituir a Nicolás Maduro, las cuales fueron prohibidas. Aun así, la convocatoria se mantuvo siendo la consigna de Leopoldo López la siguiente: “El llamado es para que los jóvenes se organicen y articulen mecanismos no pacíficos que permitan expresar su frustración”. Durante la última manifestación prohibida por la municipalidad de Caracas, los manifestantes se enfrentaron a la Guardia Nacional desencadenando un conflicto que ocasionó 43 muertes, entre ellas de oficialistas y opositores. López fue acusado por la fiscalía venezolana de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir. Anteriormente, en 2002, ya había sido acusado por delito de rebelión al promover la operación Altamira.

En 2017, en España, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (convocantes de todas las manifestaciones en favor del referéndum en Catalunya) también fueron encarcelados, en este caso acusados de participación activa en convocatoria de concentraciones, insurrección pública y desobediencia y resistencia al Estado. La Justicia española incardinó estas acusaciones dentro de un delito de “sedición”. Pues bien, comparando ambos supuestos, la privación de libertad de los reos está motivada en la comisión de “delitos” que la legalidad vigente recoge.

Si analizamos las analogías y sus diferencias, podemos observar que, en ambos casos los convocantes son la oposición al poder del Estado y a la mayoría que les ha llevado al gobierno y que el gobierno y la justicia del Estado interpretan que la ley prohíbe sus reclamaciones y que los encarcelados son sediciosos.

No obstante, en el caso de Venezuela las manifestaciones fueron convocadas incluso para usar la violencia y desembocaron en disturbios que costaron la vida a 43 personas. En Catalunya, la convocatoria fue pacífica y no tuvo consecuencias mortales ni violencias cruzadas. ¿Por tanto, qué es la sedición? Como concepto jurídico, la sedición responde a “un alzamiento colectivo y violento sin llegar a la gravedad de la rebelión”. Y la rebelión a “un levantamiento violento para derrocar a los poderes del Estado”.

La sentencia que condenó a Leopoldo López rezaba que “no utilizó los medios apropiados establecidos en la Constitución para que sus demandas fueran atendidas, sino que utilizó la palabra para hacer creer que existía una supuesta salida constitucional cuando no estaban dadas las condiciones que pretendía (el referéndum revocatorio). Su propósito fue aun así llamar a la calle, la desobediencia de la ley y el desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado, todos legítimamente constituidos”. ¿Nos suena a algo?

Ningún Estado ha reconocido nunca tener presos políticos, pero ¿existen en alguna parte del mundo presos políticos si siempre se apela a un precepto legal que avala su persecución?

Como vemos, la sentencia antepuso la legalidad constitucional venezolana a la legitimidad de las reclamaciones de la oposición, prohibiendo instrumentos democráticos para su consecución y aplicando la justicia y el código penal para encarcelar a los promotores de los actos contrarios a la legalidad venezolana.

Llegados a este punto, surge la pregunta de si existen en alguna parte del mundo presos políticos, ya que siempre existe un precepto legal que avala su persecución. Ningún Estado del mundo ha reconocido nunca tener presos políticos. Y ha justificado y basado el encarcelamiento en su propia legalidad. Haciendo un análisis somero de la historia, podemos observar que, a Nelson Mandela, el gobierno sudafricano le encarceló durante 27 años acusado de un delito de conspiración para derrocar al gobierno. El mismo Mahatma Gandhi no tuvo reconocimiento de preso político, ya que las autoridades que lo condenaron, lo hicieron por sedición. Entonces, ¿qué esconden las acusaciones de los sistemas que se autoprotegen cuando la privación de libertad se basa en la acusación de sedición? El intento de prohibir una alternativa política y el intento de perseguir a quienes pretenden democratizar la cuestión.

Escuchamos voces que dicen que “no han sido encarcelados por sus ideas”. Claro, lo han sido por desarrollar actividades en defensa de esas ideas. De lo cual se deriva que, en cuanto a la política, intentar llevar a cabo un proyecto político alternativo al establecido siempre es delito porque proyecta sustituir al anterior, por muy democráticas y pacíficas que sean las vías.

La conclusión es que tanto Leopoldo López como los Jordis son presos políticos. Es decir, han sido acusados de realizar actos tendentes a conseguir un proyecto político alternativo al establecido que este prohíbe por decisión propia (lo que las estructuras que se autoprotegen llaman “sedición”). En el caso de Venezuela, por defender un referéndum para revocar a Maduro incluso llamando a vías violentas. En Catalunya, por defender un referéndum de autodeterminación por vías pacíficas.

Tanto es así que la propia vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció en la cena de Navidad del Partido Popular que “¡No se confundan!;quien ha descabezado a los independentistas no es otro que M. Rajoy y el PP”. ¿Y los jueces?

La conclusión es que las resoluciones de los conflictos nacionales dentro de los Estados deben darse mediante métodos democráticos. Y si los ordenamientos constitucionales no prevén instrumentos para que esas ideas políticas puedan materializarse en caso de tener mayorías democráticas, seguirán existiendo presos políticos condenados por la interpretación de legalidad constitucional vigente, perpetuando un orden establecido ad infinitum. De no ser así, ¿se podría llegar a pensar que lo que verdaderamente ocurre en el fondo de la cuestión es que España sí tiene derecho a ser un Estado independiente porque los españoles así lo quieren, pero los catalanes no lo tienen, aunque sean mayoría democrática? ¿Acaso eso no sería supremacismo?

La criminalización del activismo democrático disidente no es lícita, ni en Venezuela ni en España, ni por jueces ni por miembros del gobierno del PP. Tampoco la utilización de las armas legales abstractas y laxas contra quienes no encuentran cauces constitucionales plausibles, realizables y eficaces para la consecución de sus proyectos políticos. ¿Y tú, qué opinas?

votos |¡comenta!

Herramientas de Contenido

COMENTARIOS: Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Últimas Noticias Multimedia

destacado mail

  • ©Editorial Iparraguirre, S.A.
  • Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao
  • Tel 944 599 100, Fax 944 599 120