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Hacienda le reclama más de 10 millones

Multa de 21 millones y 4 años de cárcel a un empresario por fraude a Hacienda en Gipuzkoa

En 2006, el encausado montó un complejo entramado "societario y contable" entre sus empresas

EFE - Jueves, 11 de Enero de 2018 - Actualizado a las 18:38h

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Entrada a la central de la Hacienda de Gipuzkoa en Donostia.

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  • Entrada a la central de la Hacienda de Gipuzkoa en Donostia.

Un empresario de la construcción ha sido condenado a cuatro años de cárcel y a abonar una multa de casi 21 millones de euros como responsable de un delito contra la Hacienda foral de Gipuzkoa, a la que deberá compensar con casi diez millones y medio de euros incrementados con sus intereses de demora.

DONOSTIA. Según la sentencia del caso, los hechos se corresponden al ejercicio fiscal de 2006, año en el que el encausado montó un complejo entramado "societario y contable" entre varias de sus empresas en las que realizó distintas "operaciones de escisión", contratos de "préstamos participativos" y actuaciones contables "sin respaldo económico alguno" con la "clara intención de eludir el pago" de los impuestos que le correspondían.

La resolución explica que resulta "ajeno a toda lógica empresarial" que una de estas compañías "con recursos propios superiores a varios millones de euros" se escinda para constituir tres nuevas sociedades y, como consecuencia de esta operación, "quede como deudora".

Asimismo, la resolución considera ilógico que esta compañía, "a su vez constituya una sociedad como prestamista de otra recientemente creada para que, en el mismo día, le conceda un préstamo participativo, para recibir seis meses después unos intereses de más del 1.000 %".

El escrito judicial señala que también "carece de sentido empresarial" que una compañía, que se encontraba en "una buena situación económica y financiera" y que era "solvente, rentable y con liquidez", con un patrimonio neto de más de veinte millones de euros y un resultado atribuido de más de 31 millones, suscribiese un préstamo de seis millones con otra firma del entramado, con unas condiciones "ultraleoninas" que en menos de seis meses le generaron una obligación de pago de intereses de más de 32 millones de euros.

El documento advierte de que esta empresa podría haber obtenido cualquier tipo financiación en una entidad de crédito "en condiciones más ventajosas a las de un préstamo participativo en caso de haberla necesitado".

El texto destaca asimismo el hecho de que el pago de estos intereses no se produjo efectivamente sino que, "mediante un nuevo artificio contable, consistente en una reclasificación, se llevaron a un nuevo asiento para el ejercicio 2007, realizando una cesión de deuda a empresas participadas".

La sentencia precisa que estas y otras operaciones de ingeniería financiera realizadas en este caso tenían, si son "analizadas como un todo", el objetivo de "dificultar su análisis y detección de las verdaderas intenciones del único administrador de todas ellas" que era "eludir" el pago de impuestos.

A modo de ejemplo, cita el caso de otra de las compañías, cuyo ejercicio social fue modificado el 30 de noviembre para que los intereses del préstamo participativo contabilizados en la sociedad prestamista y en la prestataria, en cada ejercicio, no coincidieran.

"Dichos intereses -agrega-, al ser fiscalmente deducibles, determinaron que la cuenta de pérdidas y ganancias" de una de estas sociedades quedara "exenta de pago alguno". Mientras que para la otra compañía "el ingreso no debía tener reflejo en la base imponible del impuesto de sociedades por estar exento en aplicación del régimen especial de sociedades de promoción de empresas previsto en la ley".

Por estos motivos, la resolución judicial condena a cuatro años de prisión al procesado como responsable de un delito contra la Hacienda de Gipuzkoa, le impone una multa de 20.991.172 euros, y le obliga a compensar a la institución foral con 10.495.586 euros más los correspondientes intereses de demora.

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