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la obligación de subrogar al personal

Acusan a Trabajo de incumplir los convenios de los mediadores judiciales

Los sindicatos denuncian que el concurso público para adjudicar los servicios de mediación omite de forma deliberada la obligación de subrogar al personal actual

Beatriz Sotillo - Viernes, 5 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:14h

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El Servicio de Mediación Intrajudicial actúa en los ámbitos penal y familiar y cada año tramita cientos de expedientes.

El Servicio de Mediación Intrajudicial actúa en los ámbitos penal y familiar y cada año tramita cientos de expedientes. (Foto: Afp)

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  • El Servicio de Mediación Intrajudicial actúa en los ámbitos penal y familiar y cada año tramita cientos de expedientes.

Bilbao- El Servicio de Mediación Intrajudicial de Euskadi siempre ha sido una de las joyas de la corona dentro de las funciones que el Gobierno vasco desempeña en el ámbito de la Justicia;un servicio pionero cuyos profesionales y logros han sido ampliamente reconocidos. Pero ahora el Servicio de Mediación Intrajudicial, que depende del departamento de Trabajo y Justicia, peligra porque el concurso público para la adjudicación del contrato de prestación de funciones de mediación no respeta los convenios colectivos del sector de intervención social y no prevé la subrogación de los actuales mediadores.

En una actuación que no tiene muchos precedentes en un ámbito laboral muy dividido, los cinco sindicatos -CC.OO., ELA, LAB, UGT y ESK- y las cuatro organizaciones patronales del sector de la intervención social en la CAV -Gizardatz, Geroan, Aisa y Hedazten- han suscrito dos informes que han dirigido a la viceconsejera de Justicia, Arrate Gallastegui, y a la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco para alertarles de que las bases del concurso para la contratación de la ejecución de las prestaciones correspondientes al Servicio de Mediación Intrajudicial -que fue publicado a mediados del pasado mes de diciembre- incumple los convenios que regulan la actividad de los técnicos de mediación en los tres territorios de la CAV.

En concreto, el concurso, que podría resolverse en los próximos días, no contiene la indicación de que la empresa que resulte adjudicataria para prestar los servicios de mediación en los próximos tres años “tendrá que cumplir la obligación de subrogarse en los derechos y obligaciones de la adjudicataria actual que impone el artículo 54 de cada uno de los tres convenios colectivos respecto de todas y cada una de las personas que presten servicios en virtud de contrato laboral para el servicio objeto de la adjudicación”.

La omisión del deber de subrogación en el concurso del departamento de Trabajo y Justicia fue detectada por las comisiones paritarias de los convenios colectivos del sector de intervención social. Dentro de sus labores, estas comisiones revisan sistemáticamente los concursos para la adjudicación de los servicios relacionados con su sector de actividad y, si detectan algún incumplimiento de convenio o condiciones y cifras que hacen imposible su cumplimiento, se dirigen a la administración correspondiente para advertirle y que corrija la cláusula en cuestión.

Sin respuestaEsto fue lo que hicieron en primera instancia las comisiones de los tres territorios en un escrito dirigido a la viceconsejera de Justicia, quien ni siquiera les contestó, a la que pedían que modificara las bases del concurso para “incluir expresamente la mención de la subrogación obligatoria”. “La viceconsejera -dijeron a DEIA fuentes del sector- ha dado la callada por respuesta”. Sin embargo, en unos contactos “informales” mantenidos a raíz de recibir la notificación del incumplimiento de convenios, representantes del departamento que dirige María Jesús San José dejaron claro que la omisión de la subrogación para que los trabajadores actuales continúen en sus puestos aunque cambie la asociación que coordinará las labores de mediación no es un olvido o un error, sino “una decisión premeditada”.

Ante el silencio oficial del departamento, sindicatos y patronales se pusieron en contacto con la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco para informar a sus miembros de la vulneración de los convenios en el citado concurso y para pedirles que analicen la conveniencia de exigir explicaciones y una rectificación a la consejera María Jesús San José.

Según dicen en su escrito al Parlamento Vasco los representantes de las empresas y trabajadores encargados en los últimos años de la mediación judicial, la gravedad de la decisión del departamento de Trabajo y Justicia de “contravenir frontalmente la normativa y doctrina judicial que declaran la obligación de cumplir los deberes de subrogación establecidos en los convenios colectivos” aumenta si tenemos en cuenta que la administración que lleva a cabo este incumplimiento es precisamente la máxima autoridad laboral.

Para justificar su decisión de saltarse la subrogación el departamento de Justicia argumentó que el servicio que se licita no es el mismo que existe y le cambia el nombre a Servicio de Justicia Restaurativa. Para el sector, esto no es más que “una excusa”, ya que el nuevo servicio realizará fundamentalmente las mismas funciones que el actual.

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