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Nueva controversia en el sector eléctrico: el carbón

Por Juan. Ignacio Unda - Miércoles, 13 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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Columnista Juan Ignacio Unda

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A finales de 2015, en París, se produjo un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. París fue el escenario de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), en la que se alcanzó un acuerdo mundial histórico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global del planeta a menos de dos grados centígrados.

Ahora bien, en la reciente cumbre del clima celebrada en Bonn (COP23) se han analizado estudios, como el Carbon Budget Project, con las nuevas proyecciones para 2017, resultando un mensaje nada halagüeño al indicarse que las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) derivadas del uso de combustibles fósiles se estaban incrementando en un 2%, fundamentalmente por el incremento del uso del carbón en centrales de generación eléctrica.

Dicho esto, ¿de dónde procede la nueva controversia? Pues bien, recientemente, Iberdrola ha anunciado el cierre de sus dos últimas centrales de generación eléctrica en el Estado español -Lada y Velilla-, con lo que consumaría su fase de cierre de centrales de carbón en el mundo y paradójicamente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se opone a su cierre. Trataré de argumentar el porqué del término paradójicamente.

En primer lugar, la descarbonización de la economía mundial es el objetivo de los acuerdos de París, siendo el Estado Español no solo uno de sus signatarios sino también un firme impulsor de los mismos. Si se quiere luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como manifiesta reiterada y públicamente el gobierno, además de promocionar una nueva Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, resulta algo incongruente defender una generación eléctrica de carbón cuyo cierre supondría la reducción del 50% de emisiones de CO2 a la atmósfera en el sector eléctrico.

En segundo lugar, la Unión Europea (UE) está enfocando sus esfuerzos en eliminar las fuentes más contaminantes del mix energético, caso del carbón, con objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de CO2 entre un 80 y un 90% para 2050 respecto a las emisiones de 1990. ¿Cómo es posible que un país que participa y apoya en la UE la legislación que se esfuerza en caminar hacia la eliminación de dichas fuentes contaminantes apunte luego en su territorio hacia un camino diferente? Especialmente, conociendo como conoce que las emisiones de CO2 procedentes del carbón han representado en los últimos años aproximadamente las dos terceras partes del total de emisiones del sector eléctrico, pese a que solo ha producido un 14% de la electricidad en el mercado.

En tercer lugar, en el caso de España las ayudas a la minería, según el plan de cierres acordado entre el gobierno y la Comisión Europea, finalizan en 2018, lo que aboca al cierre de las centrales que consuman carbón nacional. Este plan incluye ayudas para atajar el problema social de las cuencas mineras.

En cuarto lugar, las centrales de carbón que quisieran seguir funcionando tendrían que hacer inversiones cuantiosas de adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales en relación al NOx, SOx, etc., resultando difícilmente viables al necesitar de un mayor precio del mercado eléctrico, que no se producirá, o de ayudas, que no pueden percibir por tener consideración de ayudas de Estado, a lo cual hay que añadir la dificultad para recuperar su inversión dada su antigüedad, al disponer de poca vida útil de funcionamiento. Es decir, se verán abocadas al cierre por la implantación de requisitos exigentes de la UE en materia medioambiental.

En quinto lugar, si bien se menciona por el Ministerio de Energía su preocupación por la garantía de suministro eléctrico, es de indicar que el cierre de las dos centrales de carbón no supone ningún impacto en la merma de la seguridad de suministro de energía eléctrica. La actual capacidad instalada de generación eléctrica en España es de aproximadamente 105.000 megavatios, que aplicando los correspondientes índices de disponibilidad de cada tecnología, que publica Red Eléctrica Española (REE), se transformaría en una potencia firme de aproximadamente 62.000 megavatios. Si consideramos que la punta de demanda máxima en España puede rondar en 2020 los 47.000 megavatios y que aplicando el coeficiente de seguridad de suministro del 110%, la demanda resultante sería de unos 52.000 megavatios, se tiene por tanto un exceso de potencia firme de aproximadamente 10.000 megavatios que pueden suplir cualquier cierre, por lo que no hay problemáticas al respecto de la seguridad de suministro. Además, el mercado del gas, al igual que el mercado del carbón, puede proveer de ese combustible a las centrales de ciclo combinado de gas sin ninguna dificultad.

En sexto lugar, también se señala por el Ministerio de Energía el posible aumento del precio del mercado de generación en un 15%, argumentación nuevamente poco sostenible. Actualmente, el precio variable de producción con carbón en base a las cotizaciones para 2018 -que incluye el coste de la tonelada de carbón, el coste de la logística, el coste del CO2, el coste de la operación y mantenimiento y el coste de la fiscalidad energética a la generación- comparado con el coste variable de producción del ciclo combinado del gas con todos dichos costes incluidos será ligeramente superior, estando la banda de precios en torno a 60 o 64 euros el megavatio/hora, con el gas en la banda inferior y el carbón en la superior;pero si consideráramos las modificaciones que va a introducir la UE en el mercado de derechos de emisión para facilitar que se alcancen los objetivos de descarbonización y que acaba recientemente de anunciar (Preacuerdo de la Comisión, Parlamento y Consejo) y que ratificará este mismo diciembre, es más que probable que el coste del CO2 se incremente y pase de los actuales 7,3 euros la tonelada a unos 15 euros, lo cual significará que en 2020, fecha de cierre de las centrales de carbón anunciadas, el coste de generación mediante centrales de carbón será claramente superior en unos 10 euros el megavatio/hora al de los ciclos combinados de gas.

En séptimo lugar, es de mencionar que la planificación eléctrica, competencia de Ministerio de Energía, solo es vinculante para el transporte de electricidad e indicativa para la generación eléctrica de acuerdo con la ley del sector eléctrico, estableciéndose en la misma como actividades liberalizadas a desarrollar en libre competencia a la producción y comercialización de electricidad.

Por último, si realmente se quieren reducir las tarifas eléctricas, lo que hay que hacer es una adecuada reforma de la fiscalidad energética. Los cargos y medidas impositivas, que son costes indirectamente relacionados con el suministro eléctrico y que desarrollan políticas de Estado territoriales, sociales, medioambientales o económicas, suponen aproximadamente un 50% del total del coste de las tarifas, es decir hacen cuasi duplicar el coste de las tarifas, de forma que o bien se trasladan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los cargos que tengan que ver con dichas políticas de Estado o se financia el esfuerzo de las renovables (esfuerzo de acción por el clima), que mayoritariamente recae en el sector eléctrico (5.314 millones de euros en 2016), entre todos los sectores emisores de CO2, sectores de hidrocarburos líquidos, gaseosos y eléctrico, solución fácilmente implantable.

Por todo ello, no se entiende bien esta polémica y a qué se debe, cuando hay asuntos más urgentes que resolver como la señalada rebaja de las tarifas eléctricas mediante una adecuada reforma de la fiscalidad energética.

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