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¿Cómo influyen los acuerdos de libre comercio en los trabajadores?

Por F. Javier Arrieta Idiakez - Martes, 1 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Francisco Javier Arrieta Idiakez

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LA propuesta Stop TTIP tiene por objeto instar a la Comisión Europea a que recomiende al Consejo que derogue el mandato de negociación de dicho acuerdo. Los promotores fundamentan su pretensión en que dicho acuerdo incorpora varias cuestiones fundamentales que suponen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. Más concretamente manifiestan que quieren impedir, entre otras cuestiones, que se empeoren las condiciones laborales.

En verdad, este no deja de ser otro episodio de una realidad propia de nuestros tiempos, a saber, la proliferación de los acuerdos de libre comercio. Así lo demuestran los acuerdos celebrados por la Unión Europea con la República de Corea (2009), con Colombia y Perú (2011), con la República Socialista de Vietnam (2012) y con Canadá (2014). Además, en esa línea, el pasado 6 de julio, en vísperas del G20 celebrado en Hamburgo, se firmó en Bruselas, tras cuatro años de negociaciones, un principio de acuerdo entre la Unión Europea y Japón, nuevamente con una alusión expresa, entre otras materias, al ámbito de los derechos de los trabajadores.

Siendo numerosos los aspectos transcendentales que se contemplan en tales acuerdos, llama poderosamente la atención que al referirse a dichos acuerdos se haga constantemente una referencia expresa a las condiciones laborales o a los derechos de los trabajadores.

Un estudio detenido de los acuerdos mencionados sobre esta concreta cuestione los derechos de los trabajadores lleva a la conclusión de que no todos los acuerdos son lo que debieran ser. Con otras palabras, si bien dichos acuerdos debieran aspirar a una mejora constante de las condiciones laborales y, en consecuencia, influir positivamente en los derechos de los trabajadores, la verdad es que, como veremos, algún acuerdo puede llegar a influir negativamente.

Pero, ¿por qué decimos que dichos acuerdos debieran aspirar a una mejora constante de las condiciones laborales? Sencillamente porque se trata de un imperativo de la propia Unión Europea. Así, cabe recordar que en el ámbito de la Política Exterior, el Tratado de Ámsterdam introdujo la posibilidad de concluir acuerdos con terceros países u organizaciones internacionales, precisamente, para afirmar la identidad de la Unión en el ámbito internacional y reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados Miembros de la Unión. Actualmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge dicha posibilidad, pero contemplando una importante limitación a la negociación de tales acuerdos, en la medida en que el Consejo y la Comisión deben velar por que los mismos sean compatibles con las políticas y normas internas de la Unión.

Por ello, debe prestarse especial atención a la política social y, más concretamente, a las normas internas de la Unión que regulan los derechos laborales, en tanto que los acuerdos de libre comercio deben ser compatibles con los mismos.

El pasado 12 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2017/1254 de la Comisión, de 4 de julio, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana STOP TTIP, referida el acuerdo de libre comercio que es objeto de negociación entr

De este modo, la política social de la Unión, como marco integrador de los derechos laborales, nos sitúa ante el denominado Modelo social europeo. Un modelo que queda constituido, definitivamente, con el reconocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión como integrante del denominado Derecho originario. Tal es así que a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales es posible determinar los derechos laborales que deben actuar como parámetro a considerar respecto a los acuerdos de libre comercio.

Con todo, resulta importante, concretar el contenido esencial de los derechos laborales, pues incluso previéndose por la Carta la eventual limitación de los derechos y libertades que contempla, tal limitación siempre debe respetar el contenido esencial de los mismos. A mayor abundamiento, siendo cierto que tal limitación solo podría introducirse cuando fuera necesario y respondiendo efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión, no menos cierto es que entre tales objetivos se encuentran el desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y un nivel elevado de progreso social.

Así, la Carta nos ofrece, a través de lo que denomina “nivel de protección”, una base jurídica más que suficiente como para poder concretar el contenido esencial de los derechos laborales. No en vano, se viene considerando que con dicho “nivel de protección” se contempla una norma de conflicto que establece un principio de preferencia por la norma que confiera una mayor protección. Para ello deben considerarse, tal y como se deduce de la propia Carta, los derechos laborales contenidos en convenios internacionales vinculantes para la Unión y sus Estados miembros, los derechos laborales regulados en los respectivos ámbitos de aplicación del Derecho de la Unión y los derechos laborales que se establecen conforme al Derecho de los Estados miembros.

Respecto al ámbito internacional, en primer lugar, la interpretación que debe realizarse sobre el concepto de “trabajo decente” conforme a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), supone en el ámbito de la Unión Europea conectar dicho concepto con el Modelo social europeo, de forma y manera que el trabajo desarrollado en la Unión solamente puede considerarse “decente” si se ajusta a dicho modelo. Asimismo, es importante recalcar la idea de que los derechos de índole laboral, aunque se trata de derechos inespecíficos, garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, en cuanto tengan su reflejo en la Carta deben considerarse también derechos laborales a efectos de esta última. Es más, conforme a la propia Carta, el sentido y alcance de dichos derechos serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Igualmente destacable resulta la toma en consideración que debe hacerse de los derechos laborales contenidos en la Carta Social Europea, como principal texto relativo a los mismos, dentro del Consejo de Europa, y, por ende, de los pronunciamientos que sobre la misma realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Por su parte, respecto a los derechos laborales de la Unión debe estarse a lo regulado por los Reglamentos y Directivas correspondientes, dado que serán estas las que fijen su verdadero alcance. No obstante, la transposición de las Directivas conlleva la necesidad de analizar los derechos laborales también conforme a los Derechos nacionales, pese a que estos tengan que respetar el Derecho de la Unión. A pesar de todo, hay dos aspectos que parecen especialmente delicados y que debieran abordarse de cara a la mejora de los derechos laborales. Por una parte, el hecho de que en materia de cláusulas sociales incorporadas en contrataciones y concesiones públicas, las propias Directivas que se encargan de regularlas excluyen su aplicación cuando tales contrataciones y concesiones se sitúan en el ámbito de actuación internacional que se rige por un acuerdo internacional que establece a tales efectos un procedimiento distinto al previsto en dichas directivas. Por otra parte, la necesidad de que la Unión Europea regule el ámbito de negociación de los Acuerdos Marco Transnacionales, de cara a reforzar la solidaridad y el progreso en materia de derechos laborales en el ámbito de las empresas multinacionales.

A la luz de todo ello, y con base a los dos últimos acuerdos de libre comercio celebrados por la Unión Europea, se observa que si bien el acuerdo con Canadá contiene suficientes elementos como para sostener su compatibilidad con los derechos laborales que se derivan del Modelo social europeo, no ocurre lo mismo con el acuerdo celebrado con la República Socialista de Vietnam, porque este resulta demasiado programático y poco concreto en cuanto al nivel de protección a exigir en materia de derechos laborales, y se limita a respetar el “suelo mínimo” reconocido por la OIT, y a procurar la reciprocidad en las condiciones laborales de los nacionales de una y otra Parte, cuando presten servicios en el territorio de la otra Parte, lo que invita al dumping social y al detrimento de las condiciones laborales de los europeos.

En definitiva, los acuerdos de libre comercio, si realmente son acordes al Modelo social europeo, constituyen una oportunidad para establecer estándares laborales internacionales homogéneos y rigurosos. Pero como se acaba de poner de manifiesto, todo es posible en una Europa que necesita reencontrares consigo mismo. Un reencuentro que esperemos se produzca con la consolidación y desarrollo del nuevo pilar de los derechos sociales.

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