Tribuna abierta

Impulso de Gipuzkoa a la participación de los trabajadores en la empresa

Martin Mugica - Domingo, 30 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:08h

EN diciembre pasado, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron unas modificaciones a la Norma Foral del IRPF para incentivar la participación de las personas trabajadoras en el capital social de la empresa.

Los motivos principales recogidos en el preámbulo están orientados a potenciar el tejido productivo, fortalecer el arraigo y la inversión empresarial a través de la participación, además de buscar que los trabajadores participen en la gestión y en la toma de decisiones estratégicas, en beneficio de la sostenibilidad y desarrollo del proyecto empresarial.

Las modificaciones fundamentales introducidas están orientadas a una mayor seguridad jurídica en estas transacciones, al haber clarificado determinados conceptos y establecido limitaciones a la posible aplicación de presunciones que perjudicaban, complicaban o paralizaban posibles decisiones de participación.

Facilitan también la ampliación y adelanto de procesos de sucesión al reducir de 65 a 60 años la edad del transmitente que ha decidido transmitir la propiedad a los trabajadores y eliminan determinadas condiciones que impedían aplicar créditos de impuesto a los desembolsos de los trabajadores en la mayor parte de las posibles transacciones de adquisición.

Discriminan, por fin, de forma positiva a la participación de las mujeres y clarifican además, la opción de que la participación pueda ser directa o pueda ser realizada mediante una sociedad intermedia, cuyo activo principal sean las acciones o participaciones de la sociedad participada.

La naturaleza de las modificaciones aprobadas muestra el profundo conocimiento y la sensibilidad de las personas que han promovido y convencido de la bondad de esas modificaciones para remover las barreras específicas establecidas en la normativa fiscal para este tipo de operaciones.

La Unión Europea, en la Estrategia de Lisboa puesta en marcha en el 2000, establecía la necesidad de aumentar el empleo, la productividad y la competitividad de la UE, mejorando a la vez la cohesión social. La Decisión del Consejo del 21 de octubre de 2010 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de la Unión propuso establecer una nueva estrategia para la próxima década, conocida como «la Estrategia Europa 2020», que permita a la Unión emerger más fuerte de la crisis y orientar su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que vaya parejo con un nivel elevado de empleo, productividad y cohesión social.

Los Estados miembros deben, consecuentemente, aplicar reformas dirigidas al «crecimiento inteligente», es decir, al crecimiento impulsado por el conocimiento y la innovación. Deben promover el espíritu emprendedor y el desarrollo de las pymes, así como ayudar a convertir las ideas creativas en productos, servicios y procesos que puedan generar crecimiento, empleos sostenibles y de calidad, cohesión territorial, económica y social y que permitan afrontar de manera más eficiente los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo.

En los análisis y trabajos realizados a nivel europeo para realizar esas reformas se comprueba la existencia de múltiples barreras para el desarrollo de la participación en el capital por los trabajadores, a la vez que se constata la ausencia de conocimiento suficiente del concepto de empresa participada. Por otro lado, el concepto es, a veces, evanescente, la cultura no es propicia a la asunción de riesgos, hay falta de recursos públicos suficientes para apoyar a las empresas participadas y existen múltiples complejidades legales, fiscales y regulatorias que dificultan su creación y desarrollo.

El modelo más estable y desarrollado de participación de los trabajadores en el capital se encuentra en los Estados Unidos y sus antecedentes se remontan al siglo XX. Así, el modelo ESOP se instauró en 1956 y se ha protegido y desarrollado desde entonces. A día de hoy, participan y se benefician más de 13 millones de trabajadores y está muy institucionalizado, con una Asociación y conferencias anuales.

Básicamente, constituye un plan de diferimiento de la tributación en el IRPF para los trabajadores hasta que se perciba dinero, usualmente en forma de pensión, y es gestionado a través de una sociedad civil específica que existe en el mundo anglosajón, el trust, que detenta participaciones de la sociedad en beneficio de los trabajadores de la misma.

La figura tiene como objetivos principales fidelizar a los trabajadores, dar mayor estabilidad al empleo y propiciar unas rentas dignas en la jubilación. Se entiende que fomenta una cultura empresarial de mayor sentido de pertenencia y propiedad, potenciando la estabilidad y el compromiso de los trabajadores, lo que redunda positivamente en la sostenibilidad, productividad y desarrollo de los negocios.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han hecho un ejercicio de soberanía fiscal dentro de las facultades del Concierto Económico, que posibilita un mayor desarrollo de la participación en ese Territorio (lo que requerirá, por otra parte, la superación de otras barreras, principalmente de personas trabajadoras que decidan asumir riesgos y desarrollar negocios). Las medidas no agotan, con todo, las posibilidades abiertas con el Concierto, que deberían ser estudiadas para darle un mayor impulso al movimiento participativo, tan arraigado por otra parte en nuestra tierra.

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