Bizkaia ofrecerá “audiencia” a Jabyer Fernández

La Diputación Foral acatará la sentencia contra la anulación del contrato que firmó con Habidite

EUROPA PRESS - Jueves, 27 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

BILBAO- El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha decidido, en su reunión de ayer, acatar la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra la decisión foral de 2009 de anular el contrato con Habidite, y ofrecerá “audiencia” al empresario Jabyer Fernández, según la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, en una comparecencia ante las Juntas Generales vizcainas.

Bengoetxea reconoció que, en 2009, se produjo “una omisión en el trámite de obligaciones” que causó “indefensión” en Jabyer Fernández, por lo que se procede a cumplir con las sentencias judiciales. “Daremos audiencia al interesado, ya sea persona física o jurídica, para que defienda su postura en relación al cumplimiento de los convenios firmados entre la Diputación y Habidite”, afirmó.

Bengoetxea destacó que el fallo del Tribunal Supremo “no entra al fondo del asunto, sino que se queda en las formas”, y añadió que, por el momento, el actual equipo de gobierno no dará más pasos, a la espera de escuchar a Fernández, que se encuentra encarcelado en la prisión de Zurra (Zaragoza).

“No voy a especular con lo que pueda suceder, pero la única certeza es que, a día de hoy, no ha habido ningún quebranto económico para la Diputación”, aseguró, para destacar que la sentencia del Tribunal Supremo “mejora” la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que la Diputación “no deberá abonar las costas” del proceso judicial.

La oposición, que había pedido la comparecencia del diputado general, Unai Rementeria, criticó la postura de la Diputación en el caso Habidite. EH Bildu, Podemos y PP expresaron su temor a que pueda tener consecuencias para las arcas públicas. En ese sentido, señalaron la posibilidad de que Fernández “pudiera reclamar una indemnización de hasta 8 millones de euros”, cantidad a la que “habría que sumar los 5,4 millones de euros que costaron los terrenos de Montealegre y los gastos jurídicos en los que ha incurrido la Institución foral”, según el PP.

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