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Cuando empezó todo

Por Joaquín. Arriola - Martes, 25 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:08h

columnista Joaquin Arriola

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LOS primeros consideran que el debilitamiento de la negociación colectiva y el aumento del poder relativo del empresario frente a los trabajadores, consecuencia de la reforma de 2012, han facilitado que desde 2014 se empiece a crear empleo: si entre 2009 y 2013 se destruyeron 3,7 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, entre 2014 y 2017 se crearon 1,5 millones de empleos equivalentes, de modo que en este año se prevé que se habrá recuperado el nivel de puestos de trabajo a tiempo completo de 2004. Es cierto que todavía faltan 2,2 millones para recuperar la máxima creación de empleo de la economía española de 2008, con 19,9 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, pero al decir de los partidarios de la reforma, es cosa de un lustro el que se logre rebasar dicha cota.

Los segundos, quienes argumentan que es precisamente esa reforma del mercado de trabajo la que ha introducido la precariedad, la reducción de salarios y la pérdida de la estabilidad laboral y vital que se requiere para poder llevar una vida digna porque ahora se crean unos 300.000 empleos a tiempo parcial más que antes de la crisis, con lo que tenemos miles de puestos de trabajo repartidos entre dos o más trabajadores, empleos que en muchos casos no garantizan un ingreso suficiente para salir de la pobreza.

Lo que parece que nadie discute es, de todos modos, que esta situación es el resultado de la crisis que vino del exterior, afectando a una economía demasiado endeudada, que solo en 2009 se llevó por delante 1,2 millones de puestos de trabajo a tiempo completo;y en su caso, de las políticas posteriores a la crisis, bien sean las del gobierno socialista (la culpa es de Zapatero) o las del gobierno pepero (la culpa es de Rajoy). De modo que a los malos oficiales se les suelen añadir los banqueros de guardia como corresponsables del desaguisado pasado o presente. Al parecer de estas dos líneas argumentales, aparte de la especulación inmobiliaria, en la economía española todo iba de maravilla antes de la aparición de la madre de todas las crisis.

Sin embargo, a poco que se analice con cierto detenimiento los datos disponibles -que para el caso de la economía española, como de la europea en general, son ciertamente limitados, si los comparamos con lo de la economía estadounidense- se puede detectar otro ritmo en el funcionamiento de la economía que no tiene a 2009 como parteaguas (antes y después de la crisis) sino a 1996, año a partir del cual se inicia una fase en la economía española que mantiene su continuidad tanto en los años del boom crediticio como en los del ajuste.

Para indicar la evolución de estos ritmos largos, en la economía nos podemos servir de un indicador ad hoc, para el caso, la diferencia entre el índice de la remuneración por asalariado y índice de crecimiento del PIB por ocupado, que sería un indicador de la evolución de la participación de los asalariados en productividad.

Pues bien: la serie que se puede construir desde 1960 con este indicador apunta a dos grandes periodos, uno que finaliza en 1984 y otro que, tras un periodo de adaptación, comienza en 1996. Entre 1960 y 1985 el índice de remuneración mejora una media anual de cuatro puntos más rápido que el índice de crecimiento por ocupado. Desde 1995 hasta 2017, el índice de remuneración de los asalariados aumenta más lentamente que el índice de crecimiento, en torno a -2,5 puntos anuales.

O, dicho de otras forma, durante las décadas de los 60, los 70 y hasta mediados de los 80, los salarios tendían a aumentar en términos reales todos los años, a una media del 5% anual. En 1984 y en 1986, por primera vez, los salarios reales disminuyen en España. Entre 1987 y 1994, el periodo de adaptación, los salarios vuelven a aumentar, menos que en la larga fase previa, a un 2,2% anual. Pero desde 1995, los salarios reales han caído todos los años, salvo en el periodo 2007-2011, en que crecieron un 2,4% al año, y en 2003 y 2014, cuando crecieron un 1% y un 0,2%.

Es una distorsión y desenfoque grave de la realidad el diagnóstico que se encuentra e la base de las reformas laborales, que identifica el puntual crecimiento de los salarios del periodo de la crisis como causa coadyuvante, junto al estallido de la burbuja, de los millones de empleos perdidos en esos años. Si algo demuestran estos datos de largo plazo es que la relación entre la evolución de los salarios y del empleo es más contingente que determinista.

Es cierto que en 1996 llegaba a poder el PP, marcando un cambio estructural en la orientación de la economía, sobre todo en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, entre liberalismo y keynesianismo, entre grandes corporaciones y pymes… un cambio que el breve lapso zapateril no llegó a modificar en sus tendencias más relevantes;de hecho, en los años del gobierno socialista previos a la crisis el desequilibro entre los índices de salarios y de productividad alcanzó el máximo histórico, superior a -4,3 puntos en 2002 y 2003, aunque los datos apuntan a que en 2017, tercer año de la recuperación conservadora, se va a superar esa brecha, hasta los -4,7 puntos, si los ruegos de la ministra de Empleo para que aumenten un poco las magras rentas salariales no son atendidos por los empresarios de turno.

Pero también es cierto que, por mucho que haya sido el agotamiento del ciclo felipista el que abrió el camino al cambio conservador liberal asentado en las últimas dos décadas con su expansión, su crisis y su recuperación;la transición se preparó en el contexto muy concreto de los cambios exigidos para acceder a la Unión Europea, el anhelado paraíso del bienestar que a la postre ha resultado el principal pilar en la puesta en marcha del ciclo ordoliberal, también en la economía española.

Es llamativa la poca mención que se hace a la influencia comunitaria en el cambio estructural al que se ha visto sometida la sociedad en los últimos treinta años. Es más que dudoso, por ejemplo, que el gobierno de Aznar hubiera podido iniciar el cambio histórico hacia el ajuste salarial como característica permanente del funcionamiento de nuestra economía, si no hubiera sido por la aceptación acrítica con que la sociedad y las organizaciones de los trabajadores recibieron las reglas de juego comunitarias y lo poco que valoraron los cambios que las mismas introducían en las normas vigentes en materia de políticas públicas y funcionamiento del mercado de trabajo.

Aunque el balance que se pueda hacer del conjunto de esta conversión europeísta de nuestra sociedad y economía deba ser necesariamente matizado, lo que es innegable es que sin el contexto de la transformación de España en estado comunitario no se puede explicar la consolidación de un modelo de gestión del trabajo y del empleo más que cuestionable. No es la crisis la que nos ha traído las políticas de ajuste salarial, pues estas forman parte de la cultura política dominante en Europa al menos desde hace tres décadas. Aunque con vacas gordas se note menos.

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