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Jon-Mirena Landa Director de la Cátedra de DD.HH. y Poderes Públicos de la UPV/EHU

Jon-Mirena Landa: “El delito no es odiar, sino hacer propaganda de agitación con tal eficacia que mueves a otras personas a delinquir”

La Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, dirigida por Landa, trabaja en un informe que ayudará a la Ertzaintza a combatir los delitos de odio

Una entrevista de Carlos C. Borra Fotografía de José Mari Martínez - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Jon-Mirena Landa.

Jon-Mirena Landa. (José Mari Martínez)

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Jon-Mirena Landa.

Bilbao- ¿En qué ha consistido hasta la fecha la colaboración de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos con el Departamento de Seguridad?

-Hace ya dos años que empezamos a colaborar. El propio Departamento de Seguridad avalaba el grupo de investigación ya que tenía interés en los resultados del proyecto, que incide especialmente en el análisis de los delitos de odio. Desde que nació la Cátedra en julio del año pasado empezamos a revisar las instrucciones internas, la recogida de datos y los protocolos internos del Departamento en la materia.

¿Y en qué va a derivar ese trabajo en común a partir de ahora?

-Ahora estamos trabajando intensivamente en la elaboración de un informe específico de delitos de odio, lo que es muy demandado por las instancias internacionales, en particular el Consejo de Europa y la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE). Tienen mucho interés en la recogida de datos porque sin un conocimiento empírico estamos ciegos y no se puede analizar si se está progresando o no en la materia.

¿Era una cuestión pendiente la reunión de información sobre los delitos de odio en Euskadi?

-El Estado español estaba muy retrasado en esta cuestión, pese a que era algo que le venían reclamando desde distintos organismos. Finalmente, en 2012 comenzó a hacer un informe sobre los delitos de odio, que también absorbía la información que le remitía la Er-tzaintza. Ahora se ha considerado oportuno hacer un informe monográfico del impacto de los delitos de odio en Euskadi, poniendo el énfasis en los datos que vaya a recoger la propia Policía vasca.

Gracias al convenio de colaboración, podrán acceder a las bases de datos de la Ertzaintza.

-El convenio de colaboración consiste en que ellos ponen a nuestra disposición la información estadística que recogen mes a mes. Sobre esa base, nosotros haremos una clasificación por gravedad o relevancia y por distintas categorías de impacto territorial, de víctima, perfil del delincuente... Los datos tendrán que corroborarlo, pero creo poder visualizar que, frente a una foto global, los incidentes delictivos propiamente dichos van a ocupar un espacio muy inferior. Vamos a hacer un análisis más riguroso de cuáles son las conductas graves que realmente se están produciendo en nuestra Comunidad y, a partir de ahí, sacar consecuencias.

¿Qué plazos manejan para la elaboración del informe?

-En principio cubriría el año 2017, calculo que para marzo o abril podrá estar para ser publicado.

¿Uno de los factores detrás de esta colaboración es la dificultad para identificar los delitos de odio?

-Estos delitos son una nueva categoría, no hay un consenso doctrinal ni en los operadores jurídicos acerca de a qué nos estamos refiriendo exactamente. Sobre el núcleo de los delitos, hay dos tipos: conductas agravadas, es decir, lesiones e incluso homicidios que se castigan un poco más porque no son simplemente ataques contra la integridad física de una persona, sino que lo son porque esa persona pertenece a un colectivo. Luego hay otro tipo de delitos de odio más delicados, que son con palabras, lo que se llama la incitación al odio. El delito no es odiar, sino hacer propaganda de agitación con tal eficacia que mueves a otras personas a delinquir.

¿En este ámbito se encuentra el límite a la libertad de expresión?

-Efectivamente. En Estados Unidos, la tradición constitucional no permite intervenir en materia penal contra las palabras. Allí sí que se permiten las agravaciones, mientras que en Europa, a raíz de la Segunda Guerra Mundial se extendió la prohibición de determinados discursos cuando éstos sean muy graves. Cuando, por el contexto en que se producen, se deriva que la agresión y el enfrentamiento entre colectivos es inminente. Debe haber libertad de expresión, pero incluso sus mayores defensores coincidirán en que se debe prohibir a quien de forma maliciosa grite “fuego, fuego” en un teatro lleno de gente. Eso no es libertad de expresión porque pones en peligro a las personas.

Afirma que no hay consenso respecto a estos delitos, pero los mismos suponen un agravante a la hora de ser enjuiciados.

-Los agravantes sí se están aplicando jurisprudencialmente y son bastante más fáciles de detectar, si se produce una lesión y hay un contexto en el que se puede identificar que la misma va en contra de un colectivo. El mayor problema se produce en torno al artículo 510 del Código Penal, que habla de la incitación y la provocación. Ahí es donde existe mucho debate y disparidad de criterios, y donde hasta ahora ha habido poquísima jurisprudencia.

Explíquese.

-Aunque las fuerzas policiales investiguen y tengan incidentes, es una cuestión que está empezando a andar en los juzgados en los últimos años. El 510 tiene muy pocas condenas y muchas absoluciones. Hay casos sonados como el de la librería Europa de Barcelona, que era conocida en el continente como centro de agitación xenófoba;se llevó a los tribunales y no se castigó como incitación al odio, sino como un delito de justificación del genocidio.

¿A qué lo achaca?

-Hay mucho debate sobre los delitos con palabras, porque al estar la libertad de expresión, de alguna manera pone obstáculos a que haya una jurisprudencia que se despliegue. Luego hay otros delitos en este paquete que son los de discriminación, de denegación de prestación, por ejemplo si a una persona no le dejan entrar a una discoteca porque es de color. A mi juicio tiene una gravedad muy distinta, no está bien, pero si se compara con una agresión o un delito de agitación, que normalmente está asociado a criminalidad organizada, esto es otra cosa.

El de la libertad de expresión es un debate que está de candente actualidad.

-El problema es que a veces hay una utilización puramente política del instrumento penal. Las izquierdas y las derechas luchan para imputar delitos de este tipo a discursos malsonantes, que deben combatirse pero con las ideas, no con el derecho penal. A todos nos vienen a la cabeza los casos de grupos de música, de artistas que han acabado siendo imputados por delitos de odio o de apología del terrorismo.

Ha apuntado que existe una relación de los delitos de odio con la criminalidad organizada.

-Criminológicamente, hay un sector de propaganda, que es el más inquietante, que está muy ligado a determinados grupos que también ejercen la violencia. Piense en la Alemania de los 90 y los 2000 en la que determinada propaganda iba acompañada de la quema de centros de refugiados, asesinatos, lesiones y agresiones sexuales. El discurso no se puede valorar en abstracto, sino en la sociedad y el momento concreto. Las mismas palabras pueden ser una broma, una expresión artística, o pueden tener una clara intención de buscar la agresión contra un colectivo. Y que ese colectivo se amedrente. Todo eso es el contexto: palabras en contexto pueden ser delito o palabras en contexto pueden ser libertad de expresión.

Toca interpretar los discursos.

-Los juristas tenemos que interpretar las leyes para decir qué discursos están envenenados y deben ser expulsados. Porque hay consenso general en que eso no debería ser un discurso libre, y así lo dice también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es sospechoso de limitar la libertad de expresión. Tiene una interpretación muy restrictiva del discurso del odio como algo muy cercano a la incitación directa a la violencia. Cuando trae la inminencia de la agresión, está castigada incluso en Estados Unidos.

¿Y si la incitación a la violencia resulta infructuosa?

-En la medida en que la incitación no sea tan eficaz, debe quedarse en la libertad de expresión. Un abuso del derecho penal pone una mordaza a la sociedad democrática. Y un sin barreras desprotege totalmente a los colectivos. A los operadores jurídicos les toca poner el punto intermedio, con ayuda de una buena legislación y el acompañamiento de la sociedad.

Se antoja una tarea complicada.

-Llevamos discutiendo la libertad de expresión como mínimo 200 años en suelo europeo: cómo tratamos la disidencia, la crítica al Estado, la crítica a las mayorías, a las minorías... Es algo complejo, pero eso no quiere decir que vale todo, sino que no debemos abusar de estos tipos penales. La Policía tiene que presentar a los jueces y fiscales una amplia base investigadora para que ellos hagan el filtro. Los operadores jurídicos deben determinar si existe delito o no, allí tiene que haber un filtro de reducción, porque si no sería la Policía la que diría qué es delito o no.

Y no le corresponde.

-El informe debería colaborar a engrasar, en el buen sentido, la maquinaria policial que está ya funcionando, y luego también comunicar en términos pedagógicos para generar un debate sano en esta materia. Porque los delitos de odio no se combaten solo con investigación policial, ni siquiera solo con actuación judicial. Tiene que haber una tensión democrática, que requiere que la propia sociedad esté informada de cuál es la realidad. La tensión de colectivos civiles y de ONGs también genera argumentos para que estos mensajes no calen.

Apelaba anteriormente a la ayuda de una adecuada legislación. ¿Existe realmente?

-Las sociedades que sufrían estos problemas de manera más grave tenían una legislación muy contenida y bien definida. En Alemania estaban prohibidos los delitos de odio respecto al nazismo, no respecto de todo. La legislación española se inició en el 95 con un despliegue de preceptos penales que superaba por cuatro o por cinco a las sociedades que tenían estos problemas. Esos preceptos han estado durmiendo el sueño de los justos y ahora se empiezan a activar a veces con consecuencias indeseables en lo político.

¿A qué se refiere?

-Se ha abierto demasiado el arco, se tienen que cerrar mejor los tipos. La agravante está bien perfilada pero ese artículo 510 no debería ser tan amplio. Se ha confundido política antidiscriminatoria con política criminal, y son cosas distintas. La legislación se ajustó hace poco, en 2015, pero necesita muchos más ajustes.

“Hay una utilización política para imputar delitos a discursos que deben combatirse con las ideas”

“Un sector inquietante de propaganda está muy ligado a determinados grupos que también ejercen la violencia”

“Un abuso del derecho penal pone una mordaza a la sociedad democrática y un ‘sin barreras’ desprotege”

“Los delitos de odio no se combaten solo policial o judicialmente, debe haber una tensión democrática”

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