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Piden a Mas que pague los gastos del 9-N

El Tribunal de Cuentas activa el caso para reclamar al expresident más de cinco millones de euros

Jueves, 20 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

madrid- El Tribunal de Cuentas ha decidido activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias y proceda a la apertura de una investigación de cara a dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamar al expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y varios de sus exconsejeros el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.

Además, el Tribunal de Cuentas ha desestimado un recurso de la Generalitat en el que se solicitaba el archivo de las diligencias y que no se permitiera la personación en el procedimiento de la Abogacía del Estado, que había solicitado entrar ante la posibilidad de que en la consulta del 9-N se hubieran podido “ver afectados fondos públicos de carácter estatal”. La Abogacía del Estado, cuya personación ratifica ahora el tribunal, solicita que se nombre un instructor “para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9-N”.

En el recurso desestimado, la Generalitat defendía que sus actuaciones contaban con cobertura legal y presupuestaria y que, por tanto, “los hechos denunciados no revisten caracteres de alcance contable ni de malversación”. Alegaba también que Mas y sus consejeros “actuaron en todo momento con la convicción de que el proceso de participación ciudadana contaba con la cobertura del ordenamiento jurídico entonces vigente”.

Pero el Tribunal de Cuentas considera que los argumentos del Govern catalán para defender el archivo “sin dar lugar siquiera a una investigación de los hechos por un delegado instructor, entran de lleno en cuestiones jurídicas relacionadas con los requisitos de los que legalmente depende la existencia de responsabilidad contable”.

En este sentido, señala que la Generalitat no cuestiona la realización con fondos públicos de los gastos que refieren los denunciantes, sino que defiende “con extensos y elaborados razonamientos la corrección jurídica” de los mismos y la “inexistencia del elemento subjetivo de la responsabilidad contable de las personas señaladas en la denuncia”. - E. Press

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