Behatokia

En la recta final

Por Antoni Segura i Mas - Jueves, 20 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

A dos meses y medio del referéndum anunciado por el president, Carles Puigdemont, la sensación de incertidumbre, nerviosismo y un cierto desconcierto aumenta. El cese del conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, el pasado 3 de julio, fue un toque de atención de que la hoja de ruta marcada por el Govern de la Generalitat no convence a todos los implicados en un proceso que puede acabar en las urnas o en los tribunales o en los tribunales y en las urnas simultáneamente. El detonante del cese fulminante de Baiget fue una entrevista publicada en El Punt Avui el día anterior en la que expresaba sus dudas sobre la viabilidad del referéndum: “El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum”. Porque para el exconseller no se trata de repetir un nuevo 9-N a no ser que se produzca una movilización extraordinaria que desborde la participación que hubo en el proceso de participación del 9 de noviembre de 2014, cuando acabaron acudiendo a las urnas 2.344.828 ciudadanos. En palabras de Baiget, “lo único que hará que si hacemos un 9-N no sea un 9-N (no es ningún juego de palabras) es que en vez de dos millones vayan a votar cuatro millones de personas”. Para el exconseller, el problema no es que los responsables de la consulta puedan acabar en la cárcel, sino que, tal y como está la judicialización del proceso catalán, se juegan su patrimonio y, eso, evidentemente perjudica también a sus familias: “¿Ir a prisión? Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio;pensamos en la familia... nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias...”. Y concluye la entrevista con una frase inacabada que no deja muy bien parado al Govern de Puigdemont: “Una parte del gobierno no estamos en el núcleo duro de las decisiones, y esto... esto genera lo que genera... ¿A mí, y a otros, se nos consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer? No. Y en función de la estrategia que se decida, quienes no estamos en el núcleo duro de las decisiones tendremos que tomar alguna con muy poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar. Y eso, eso...”. ¡Las formas, ay, las formas! No parecen las más adecuadas. No se puede -o no se debería- cesar a nadie por manifestar sus dudas sobre un proceso que tiene muchos flancos abiertos y que para algunos presenta demasiados interrogantes.

Días después, Puigdemont procedía a una remodelación mucho más amplia del Govern y eran relevados los consellers de Presidencia (Neus Munté), de Interior (Jordi Jané), de Educación (Meritxell Ruiz) y el secretario del Gobierno (Joan Vidal de Ciurana), sustituidos por Jordi Turull, Joaquim Forn, Clara Ponseti y Víctor Cullell, respectivamente. En este caso, según Puigdemont, los cambios (“un paso al lado” oficialmente) no eran consecuencia de la falta “de determinación y de convicción de los consellers en la necesidad de avanzar hacia el referéndum del 1 de octubre” sino que eran el resultado de un “final de ciclo” y de la voluntad de tener un ejecutivo cohesionado y netamente independentista que sea capaz de asumir colegiada y solidariamente los obstáculos (y no es el menor la compra de las urnas que deberán utilizarse) y las querellas que presentará el gobierno de España en la recta final que conduce al 1 de octubre. Pero a nadie se le escapa un importante matiz en la remodelación: ganan peso el vicepresidente Oriol Junqueras y ERC. Por una parte, se traspasa el área de procesos electorales al Departamento de Junqueras al mismo tiempo que se crea un órgano de coordinación política de las actuaciones relacionadas con el referéndum, del que forman parte Puigdemont, Junqueras, el secretario del Gobierno y el secretario de la Vicepresidencia. Por otra, la remodelación no ha incluido a ningún conseller de ERC, lo que ha ocasionado un malestar más que visible en el PDeCAT (la nueva formación política de la antigua CDC).

El colofón, hasta el momento, de los cambios que se están produciendo lo ha marcado Albert Batlle, quien tras una larga carrera de gestión política en el PSC fue nombrado director general de la Policía de Catalunya (Mossos d’Esquadra) en junio de 2014. Presentó su dimisión el lunes, día 17, siendo sustituido por Pere Soler i Campins, abogado, militante del PdeCat y exdirector general de Prisiones (2013-2016).

El gobierno de Rajoy y su entorno mediático no han dejado de aprovechar la ocasión para pronosticar el final del proceso y denunciar los “delirios” y la deriva “golpista” del Govern de Catalunya. Así, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, no ha dudado en comparar la remodelación del Govern de Puigdemont con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o con ETA, idea en la que ya hace tiempo que insiste Jaime Mayor Oreja. Rajoy ha contrapuesto la voluntad pactista de Iñigo Urkullu frente a la deriva de Puigdemont, a quien ve “desconectado de la realidad” y con “tintes autoritarios”. Estos comentarios merecen dos consideraciones. Por un lado, el PNV debería de preocuparse cuando Rajoy lo pone como ejemplo a seguir. Por otro, no hay duda de que los dirigentes del PP son capaces de soltar los improperios más deleznables y falsos sin sonrojarse y olvidando su propio pasado.

Sin embargo, se equivocan los que dan el proceso por acabado, entendiendo este como la voluntad de los ciudadanos de Catalunya de decidir libremente su propio futuro político. Es probable que el gobierno de Rajoy tenga los medios coercitivos suficientes para impedir el referéndum del 1 de octubre, pero la realidad es muy tozuda y en la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (marzo de 2017) todavía un 73,6% de los ciudadanos de Catalunya estaban a favor de la convocatoria del referéndum tanto si era acordado con el Estado (el 23,3%) como si no lo era (el 50,3%).

Es posible que Puigdemont se haya equivocado en las formas en que ha llevado a cabo la remodelación del Govern, pero en lo que no se equivoca es en señalar que la realización del referéndum es una cuestión de voluntad política, no de marco jurídico, porque la Constitución española permitiría su realización según los artículos 92 y el 150.2. Incluso en medios internacionales -editoriales de The Irish Timesy The New York Times del 21 y del 23 de junio de este año, respectivamente- se aconseja a Rajoy que, en las actuales circunstancias, lo más sensato sería acordar la celebración del referéndum tal como lo hicieron en su momento los conservadores británicos en el caso de Escocia. Pero, tal como recordaba el rotativo irlandés, Rajoy prefiere ignorar el mensaje de un importante personaje de la novela El Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que aconsejaba cambiarlo todo para que todo siga igual. Por el contrario, “parece tan decidido a no cambiar nada en absoluto que pronto se puede encontrar con grandes cambios que se suceden muy rápido”.

Porque, en definitiva, se celebre o no el referéndum en la fecha anunciada por el Govern, lo cierto es que el derecho a decidir (la versión catalana del proceso de empoderamiento político de la ciudadanía que se está dando en diversos países del mundo) ha venido para quedarse y, por mucho empeño que ponga Rajoy, le puede suceder como en el microrrelato de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

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