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tras la dimisión de ayer

El Govern coloca a un independentista en los Mossos para que faciliten el referéndum

Nombra a Pere Soler como director tras la dimisión de Batlle, que se marcha con una apelación al cumplimiento de la ley

Míriam Vázquez - Martes, 18 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acto anterior con los Mossos d’Esquadra.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acto anterior con los Mossos d’Esquadra. (Foto: Efe)

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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acto anterior con los Mossos d’Esquadra.

Bilbao- El goteo de ceses y dimisiones en el Govern catalán continuó ayer con el paso atrás del director general de los Mossos d’Esquadra. El president Carles Puigdemont está acometiendo una remodelación profunda de su gabinete para garantizar la fidelidad de todos sus integrantes al referéndum de independencia del 1 de octubre. Quiere asegurarse de que todos estén dispuestos a acatar la legalidad catalana frente a la española cuando llegue la hora de la verdad, aunque ello suponga exponerse a riesgos penales. El papel de la Policía catalana es clave en el referéndum. De ella dependerá que la votación se desarrolle con normalidad, o bien que no se produzca porque los agentes acaten una posible orden judicial para incautarse de las urnas. En ese contexto, el director general de los Mossos, Albert Batlle, presentó ayer su dimisión con una apelación al estricto cumplimiento de la ley.

La retirada de Batlle se daba casi por hecha el fin de semana en ámbitos soberanistas. Quedó en una posición muy delicada tras reunirse con el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, uno de los cambios introducidos por el president para garantizarse un Govern independentista. Forn dejó en el aire la continuidad de Batlle y no pudo confirmar a la prensa si el director de los agentes contaba con su confianza. En esas circunstancias, Batlle anunció ayer su dimisión y, en un comunicado interno difundido entre los Mossos, apostó por “el escrupuloso respeto y sujeción a la ley”. Para los partidos constitucionalistas, no es más que otra “purga” dentro del Govern para quitar del camino a los sectores más moderados.

Dudas sobre BatlleBatlle es un abogado todoterreno con una dilatada trayectoria de tres décadas ocupando los puestos más dispares en la administración catalana. En su última etapa, no ha sido prolijo en declaraciones públicas, aunque en una ocasión defendió que los agentes catalanes deben cumplir las órdenes de los jueces y fiscales. Hasta ahí pudo leer, aunque tampoco fue difícil interpretar en qué se podía traducir esa apuesta si los tribunales pedían llevarse las urnas. Batlle llevaba meses en la lista negra de la CUP por el cumplimiento de las órdenes judiciales y la detención de algunos de sus electos y, el fin de semana, Reagrupament, uno de los socios del PDeCAT, pidió abiertamente su dimisión.

Su dimisión llega pocos días después del cese fulminante del conseller de Empresa, Jordi Baiget, quien dudó que el referéndum pueda llevarse a cabo en sus actuales términos, y se mostró reacio a jugarse su patrimonio personal en el intento. Batlle y Baiget han sido los dos cargos del Govern que han lanzado mensajes discordantes con la línea oficial sobre la jornada de votación. Bajo la superficie, hubo otros movimientos que llevaron al president a nombrar nuevos consellers de Presidencia, Interior y Enseñanza.

El perfil heterodoxo de Batlle no casaba con la nueva etapa soberanista. Su adscripción socialista y sus dos décadas de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato del PSC tampoco contribuían a generar confianza a los independentistas. A todo ello se suma que accedió a la dirección de los Mossos en 2014 de la mano de Unió. El tercer punto de su currículum, su trabajo en la Oficina Antifrau de Catalunya, ha salido también a colación porque fue el número dos de Daniel de Alfonso, que alcanzó notoriedad pública por la conversación con el exministro Fernández Díaz en la que, supuestamente, conspiraban contra políticos soberanistas. En cualquier caso, el paso de Batlle por Antifrau estuvo presidido por la enemistad con su jefe.

Forn nombrará hoy como sustituto a Pere Soler, un abogado de Terrasa experto en Derecho Mercantil a quien se atribuye un perfil claramente independentista. Soler mostró su apoyo al acto de presentación del referéndum en su cuenta de Twitter avisando de que el Estado no lo podrá parar. Tiene una trayectoria institucional ligada a la extinta CiU. El PDeCAT sabe quién es, y su defensa del derecho a decidir tranquiliza al Govern, que de este modo coloca al frente de los Mossos a un cargo que comparte totalmente su visión de la jornada del referéndum y la vía unilateral. Fue director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat entre 2013 y 2016, presidió el Tribunal Arbitral de Terrassa y fue concejal.

El Govern se garantiza en un plano muy teórico la fidelidad de los Mossos. Es una incógnita la respuesta que van a dar los mandos intermedios y los agentes rasos que puedan temer por su futuro profesional si el Estado amenaza con una inhabilitación. Los sindicatos Fepol, SME y SPC aseguraron en declaraciones a Europa Press que esta situación les genera “incertidumbre”. En Fepol no saben si el Estado va a asumir el control, ni conocen los planes de la Generalitat para la votación. Batlle se despidió ayer mostrándose convencido de que el Cuerpo seguirá perseverando en la defensa de la seguridad y el bienestar. “Y lo hará, como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley”, dijo en un comunicado interno. Forn aceptó la renuncia tras mantener un encuentro con él. Desde el PDeCAT, su coordinadora general, Marta Pascal, defendió “el derecho y la obligación” del conseller para reformular su departamento.

Aviso de madridDesde el Gobierno español, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio un anticipo de la encrucijada en la que pueden encontrarse los Mossos el 1 de octubre. “Las fuerzas de seguridad están al servicio de la ley y los ciudadanos, y no de un Gobierno de radicales que quiere incumplir las normas”, dijo. Desde el PSC, Salvador Illa criticó la “deriva de radicalidad” del Govern.

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